Euskadi equipara las viviendas turísticas rurales a las urbanas, y les da seis meses para registrarse y cumplir la normativa
El departamento de Turismo preparara un requerimiento para sancionar a Airbnb por incumplir la normativa en el 25% de sus anuncios de pisos turísticos y negarse a colaborar
El consejero Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, en un pleno de Parlamento Vasco. EUROPA PRESS
Los pisos y las habitaciones de uso turístico ubicadas en entornos rurales disponen de un plazo de seis meses para inscribirse en el registro y adaptarse a la normativa vasca por la que se rige el conjunto de las viviendas turísticas. Hasta ahora este tipo de alojamientos se encontraban en una especie de limbo normativo por estar en el entorno rural, ya que la disposición adicional primera del decreto vasco de 2018 por el que se regula la actividad de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico las dejaba explícitamente fuera de la aplicación de la normativa. El Gobierno vasco ha aprobado esta semana un decreto en el que se anula esa disposición adicional para equipar de esta forma en todas las obligaciones estas viviendas turísticas a las que están ubicadas en el entorno urbano, lo que permitirá proteger mejor al usuario sobre las condiciones que deben cumplir estos alojamientos y por otra parte, que la administración pueda ejercer una labor de control sobre el cumplimiento de dichas condiciones.
El decreto establece que los titulares de estas viviendas o habitaciones situadas en núcleos rurales o en zonas clasificadas como suelo no urbanizable, deberán en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, -una vez se publique en el BOPV probablemente en la segunda semana de marzo- adaptarse a las prescripciones contenidas en la normativa que regula estos alojamientos, y presentar la correspondiente “declaración responsable”, sobre el cumplimiento de requisitos. Posteriormente, la dirección del Gobierno vasco competente en materia de turismo, dictará la resolución correspondiente y se iniciará el procedimiento de comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad. Además, la vivienda en cuestión deberá estar inscrita en el registro vasco de viviendas turísticas como requisito previo de actividad.
En lo que se refiere al tamaño de las viviendas, lo mismo que en el caso de las urbanas, el número de ocupantes no podrán ser más de ocho plazas en total, incluyendo, en su caso, personas residentes y usuarias, con una superficie de un mínimo de 25 metros cuadrados útiles de superficie para una persona, de 33 metros cuadrados útiles de superficie por persona para dos ocupantes y de un mínimo de 15 metros cuadrados útiles de superficie por persona si está prevista para tres ocupantes o más. Además, deberán cumplir todo el resto de requisitos exigibles a las viviendas turísticas en cuanto a condiciones de calefacción, espacio, ropa de cama, agua, electricidad, limpieza o distintivos de viviendas de uso turístico.
Placa informativa de una habitación de uso turístico en Bilbao. EUROPA PRESS
La disposición adicional del decreto de viviendas turísticas, ahora anulada, dejaba fuera de la aplicación de la normativa general a “los alojamientos que se presten en las viviendas y habitaciones de viviendas particulares de uso turístico situadas en núcleos rurales o en zonas clasificadas como suelo no urbanizable, los alojamientos que presten las personas agricultoras y ganaderas en los caseríos integrados en una explotación agraria y los alojamientos que se presten en edificios o construcciones que respondan a la arquitectura tradicional, típica de la comarca o zona”, ya que estaba previsto “que se regularán por lo establecido en la norma específica reguladora de los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural”, pero esa normativa específica se ha quedado sin desarrollar. El Gobierno vasco tiene intención de que la próxima Ley de Turismo incluya de forma específica los alojamientos rurales, pero mientras se aprueba la nueva Ley, el decreto aprobado ahora que anula la citada disposición permite que no queden al margen de la regulación, algo que el departamento de Turismo considera crucial, y de hecho lleva varios meses trabajando en la derogación y la nueva norma.
El Gobierno vasco considera que la inaplicación de la normativa realizada hasta ahora “conlleva una menor protección de las personas usuarias de estos alojamientos, en tanto no quedan concretados los requerimientos exigibles a las viviendas en el medio rural en relación con sus características edificatorias y su capacidad máxima, así como las condiciones que han de reunir para su puesta a disposición de las personas usuarias, y demás requisitos exigidos y en especial que las condiciones que permitan contribuir a que las relaciones entre las partes interesadas se lleven a cabo con una mayor seguridad jurídica, de manera que actúen bajo un marco normativo claro y definido, lo que redunda en beneficio del sector alojativo en su conjunto”. “Por ello, procede clarificar el marco jurídico aplicable a las viviendas para uso turístico y las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico, se ubiquen o no en el medio rural”, señala.
Requerimiento a Airbnb
Con esta medida, el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco considera que podrá ejercer un mejor control sobre la legalidad de estos alojamientos, una labor que se está demostrando que es, en general, muy complicada sobre todo por la “falta de colaboración” por parte de las plataformas en las que se anuncian estos pisos.
Precisamente, dentro de esta labor del control, el departamento que dirige Javier Hurtado está preparando un requerimiento contra la Airbnb para que retire de su plataforma de anuncios los que no cumplen la normativa, y que el departamento ha detectado que lo incumple al menos en el 25% de los anuncios que publica. Por ejemplo, figurando el número de registro de vivienda turística que es obligatorio que se publique. Fuentes del departamento señalan que no están encontrando la “colaboración” necesaria por parte de Aibnb -sí en otras plataformas con las que han contactado- por lo que están preparando un requerimiento oficial para que retiren los anuncios de pisos que no cumplen la normativa, y si no responde al mismo, se aplicará la correspondiente sanción.
Hasta ahora no era posible la sanción porque los Tribunales Superiores de Justicia los rechazaban en base a la normativa europea porque les consideraban intermediarios y no comercializadores. Sin embargo, actualmente la regulación ha cambiado y ya hay una normativa europea que obliga a que estas plataformas compartan los datos de los propietarios de las viviendas con las autoridades locales.
elDiario.es/Euskadi
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