El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, tiene en su mesa un expediente cuya resolución puede implicar la pérdida de 87.000 empleos en España en el sector naval. Diecinueve astilleros privados españoles corren el riesgo de desaparecer si Almunia decide que España debe devolver las ayudas fruto del llamado tax lease (los incentivos fiscales a los que pueden acogerse los astilleros) que la Comisión Europea consideró ayuda de Estado.
El tax lease declarado ilegal estaba en vigor desde 2002, pero en junio de 2011 la Comisión decidió, tras años en los que había manifestado opiniones favorables al mismo, abrir un procedimiento de investigación formal. El tax lease es un sistema de amortización acelerada y anticipada de los barcos que genera unos beneficios fiscales a los inversores. La clave es que permite deducir fiscalmente el coste de determinados activos adquiridos mediante arrendamientos financieros desde el inicio de la construcción de los buques, sin esperar a que sean explotados comercialmente.
Este tipo de sistemas existen en los países europeos con astilleros, como Francia u Holanda. El caso es que Europa investigó a España por las presiones de noruegos y holandeses que veían como perdían mercado frente al competitivo sector español. La Comisión investiga ahora el sistema holandés tras una denuncia del sector español.
En el caso de que los astilleros españoles tengan que devolver los cerca de 8.000 millones de euros que permitieron la construcción de 275 buques entre 2002 y 2010, la quiebra es segura, según las fuentes del sector consultadas por este medio.
A finales del año pasado se puso en marcha en España un nuevo tax lease autorizado por la Comisión para terminar con la indefinición y otorgar así seguridad jurídica a los astilleros y sus clientes. Sin embargo, no está funcionando porque los financiadores y los inversores están atemorizados ante la posibilidad de que la Comisión exija devolver las ayudas anteriores, que acabarían siendo pagadas por los astilleros conduciéndoles a una quiebra segura. Este ambiente de incertidumbre ha provocado que la cartera de pedidos de los astilleros españoles vaya vaciándose. Una decisión contraria del socialista Almunia o la opción de seguir dejando pasar el tiempo sin un pronunciamiento sería el fin del sector que emplea a 87.000 personas de una forma directa e indirecta. Astilleros como La Naval de Sestao (Bizkaia) ya han perdido en los últimos meses dos buques en favor de Corea.
Sin discriminación
El sector naval español alega seguridad jurídica de las empresas en el desarrollo de su actividad y confianza legítima dado que ya en 2004 la Comisión europa se mostró favorable al sistema español de incentivos ante las quejas holandesas. En esta línea, en 2009 la Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dejó por escrito que su departamento había concluido que el sistema no era discriminatorio. Aun así, Almunia abrió el expediente por las presiones holandesas.
El Gobierno de Mariano Rajoy se la juega con este tema que puede suponer un importante incremento del paro en el país y la pérdida de una actividad de alto componente tecnológico en la que España ocupa una posición de liderazgo en Europa. Dos españoles, el socialista Almunia y el popular Rajoy tienen en sus manos el destino de una actividad industrial, de las que España no anda sobrada, y de 87.000 empleos.