La Fiscalía pide que continúe la investigación penal por el derribo del palacete Irurak Bat de Getxo
La Fiscalía no ve razón para detener la investigación penal por el derribo del edificio Irurak Bat de Getxo a pesar de que las defensas de los imputados, incluidos tres exediles del PNV, hayan intentado neutralizar el caso porque una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa sobre todo inmueble de la localidad, La Aldea, aludía a que los bienes de la misma categoría que el palacete, la de “custodia municipal”, no tenían por qué tener protección automática. Dos de esos tres exconcejales iban a adquirir una vivienda de lujo en el nuevo bloque que se iba a levantar en ese solar.
El instructor del caso, Marcos Amor, pidió a las partes personadas su criterio en relación a la posible afección del fallo de otra jurisdicción en la causa penal sobre el Irurak Bat. Los imputados corrieron a pedir el archivo, contradiciendo el criterio de la Policía judicial, en este caso la Ertzaintza, que lleva meses insistiendo en que se pudieron cometer delitos contra el patrimonio en el derribo. Como la Fiscalía, PP y EH Bildu, que ejercen de acusación igualmente, también creen que hay que seguir adelante.
“La sentencia que ha sido unida a las actuaciones no afecta en modo alguno a los hechos que están siendo objeto de investigación e instrucción en la presente causa, máxime cuanto se trata de una única sentencia que, además, se refiere a un supuesto no idéntico al que nos ocupa”, señala el ministerio público según una resolución adelantada por 'El Mundo'.
La fiscal, María del Pilar Sánchez Donate, exhibe también su “absoluto respeto” a la sentencia de lo contencioso-administrativo, pero “no se comparte” que pueda justificar la demolición del Irurak Bat, que lleva protegido “desde 1985”. El informe, de siete folios, recalca que mientras que el Ayuntamiento tramitó el expediente del edificio éste siempre tuvo un nivel de “protección básica” que ha de respetarse.
El derribo se produjo en el verano de 2024 y la causa se inició entonces, pero no fue hasta enero de 2026 cuando el caso alcanzó resonancia porque la Ertzaintza entró en dependencias municipales por orden judicial y se incautó de dispositivos electrónicos. Sin embargo, desde entonces la instrucción ha avanzado al ralentí, con cambio de juez y sin que en ningún momento hayan declarado los imputados o se hayan revisado los aparatos.
Sin embargo, sí son conocidos ya algunos informes técnicos. El propio Gobierno vasco sostiene que era un edificio protegido. Los tres exconcejales, Inazio Uriarte, Irantzu Uriarte e Iñigo Urkitza, dimitieron de sus funciones tras la imputación. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, fue emplazada por PP y EH Bildu a seguir el mismo camino, pero continúa en el cargo aunque ya se ha conocido que no se presentará a las elecciones de 2027.