El foco judicial sobre el presidente de Sidenor por posible contrabando con Israel enturbia la 'operación Talgo'

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo 12 de noviembre como investigado por posibles de delitos de contrabando de acero con Israel y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. Se le acusa de vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de muchas de las armas que se han usado para masacrar al pueblo palestino, y hacerlo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente. El foco judicial se pone sobre Jainaga, y no para bien, en un momento especialmente delicado para la operación Talgo -en su fase final- de la que el empresario vasco es el principal inversor de la mano del Gobierno de Imanol Pradales, y en la que también está prevista la entrada del Gobierno central a través de la Sepi.

Ambos Gobiernos han estado de acuerdo desde el primer momento, en que la oferta del empresario vasco era la que debía primar en la puja por Talgo, aunque es con el Gobierno vasco con el que Jainaga tiene los mayores nexos de unión, no sólo porque le han concedido el premio Joxe Mari Korta de este año como ejemplo de emprendedor que apuesta por el arraigo en Euskadi, sino porque, al margen de la inversión conjunta en Talgo, en el mes de junio el Gobierno vasco inyectó 35 millones de euros en dos empresas propiedad de Mirai Investments, el fondo inversor de José Antonio Jainaga. Se trata de Innometal y Ohmnia Electronic, en las que el Ejecutivo vasco ha entrado a través de Finkatuz, el mismo fondo con el que entrará en Talgo y con el que tiene una partipación del 3% en CAF, una empresa que tiene un contrato con Israel para la construcción del tranvía de Jerusalén, que entra en territorios ocupados, y que la empresa defiende como positivo para los palestinos.

La noticia de la imputación del presidente de Sidenor llega, además, un día después de que se haya aprobado en el Parlamento Vasco una resolución por la que el Gobierno vasco elaborará y publicará “un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales que el conjunto del sector público vasco mantengan con empresas israelíes y compañías que participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal o represión de la población palestina”.

En cuanto al proceso de la venta de Talgo al consorcio encabezado por Sidenor, el Gobierno vasco a través de su fondo de inversiones Finkatuz, las fundaciones bancarias BBK y Vital -antiguas cajas y ambas accionistas de Kutxabank- que se anunció en el mes de febrero, está en estos momentos todavía a expensas de que se cierre la financiación de la deuda de la compañía fabricante de trenes con los bancos, y los avales de los pedidos. Es la fase final de una operación complicada, que se están desarrollando bajo la máxima discreción, y que se puede ver enturbiada, o cuando menos retrasada, por las implicaciones judiciales que puedan derivarse de la investigación a Jainaga, en un momento en el que se pretende cortar cualquier vínculo de las empresas o entidades con Israel por el genocidio que está llevando cabo este país sobre la población de Gaza.

Fuentes de Sidenor se han limitado a señalar tras conocer el auto del juez que “el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso iniciado, a quien le dará toda la información que obre en su poder”. Además, han destacado que el 1 de julio Sidenor hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel. Esta decisión, dice la empresa, se tomó siguiendo la decisión del Gobierno central de suspender los contratos con Israel. Pero lo cierto es que el acuerdo de romper lazos comerciales se produjo cuando los comités de empresa del grupo ya habían anunciado “medidas contundentes” para que Sidenor acabara con sus relaciones con Israel tras hacerse público que un barco saldría de Barcelona cargado con 122 toneladas de barras de acero fabricado por la empresa vasca para la empresa armamentística israelí IMI, propiedad de Elbit Systems. En cualquier caso, las ventas a Israel a las que se refiere el auto de la Audiencia Nacional son anteriores al embargo declarado por gobierno de España el pasado 23 de septiembre.

Es mucho el dinero en el que está en juego en la negociación con las entidades financieras sobre la deuda de la fabricante de trenes, por lo que el proceso judicial a Jainaga puede retrasar cualquier decisión, ya que el empresario vasco es el que capitanea el proceso como inversor industrial y está claro que las entidades financieras quieren ir sobre seguro a la hora de adquirir compromisos. De entrada, exigieron que, de forma previa a la negociación de la deuda, hubiera una inyección de 150 millones en la empresa para reducir el montante de deuda a financiar. 75 de estos 150 millones se podrán desde la Sepi. 45 millones serán para suscribir una ampliación de capital, con lo que el organismo público tendrá un porcentaje del capital de 7,87% de Talgo. Los 30 millones restantes servirán para suscribir obligaciones convertibles que emitirá Talgo. La parte vasca completa el 'préstamo' a Talgo con otros 75 millones de euros. Ekarpen, sociedad destinada a canalizar inversiones en las empresas, en la que participa el Gobierno vasco a través del Instituto Vasco de Finanzas, Kutxabak, las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y Mondragon Inversiones, pondrá 50 millones de euros. Los 25 millones restantes se aportarán por parte de BBK y Vital, que participan en la operación Talgo. Ekarpen ya ha realizado una ampliación de capital para afrontar esta inversión.

Una vez conseguido este acuerdo se arrancaron las negociaciones con la banca para negociar una nueva estructura de endeudamiento integrada en dos tramos: Por un lado, financiación de 650 millones de euros con vencimiento a 6 años y una línea de circulante de 120 millones con vencimiento a 3 años con extensión automática durante 2 años. Y de forma adicional, una nueva línea de avales por parte de las entidades financieras de 500 millones de euros. Esta financiación es imprescindible para que se materialice la entrada de Sepi y, en definitiva, que se venda la empresa al consorcio vasco, que se quedará con el 29,76% de la empresa -al no llegar al 30% evita una OPA- pagando 4,15 euros por acción, que se ampliaría a con 0,85 euros más, vinculada esta horquilla a la consecución de determinados hitos industriales.

Éste es el precio por acción que se fijó en el momento de la compra, para poder contrarrestar la OPA que estaba sobre la mesa, que ofrecía 5 euros por acción, pero hoy en día está muy encima del valor actual de las acciones, en el entorno del 2,55 euros. Una operación de compra que está siendo difícil de cerrar. Mientras tanto, Talgo sigue acumulando pérdidas millonarias. En el primer semestre de este año registró números rojos de 65,71 millones de euros. En el mismo periodo del año anterior sus resultados fueron positivos en 14,57 millones.