El Gobierno vasco controlará a través de Lanbide del cumplimiento de contratar discapacitados en sociedades públicas
El Gobierno vasco implantará un sistema de seguimiento a través de Lanbide para controlar que se cumple la legislación en materia de contratación de personas discapacitadas en las sociedades públicas. El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda de los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, en el que se insta al Ejecutivo a establecer este mecanismo de control y que, además, las declaraciones de excepcionalidad al cumplimiento de la norma requieran de la acreditación ante Lanbide de las gestiones activas realizadas durante el año anterior para incorporar personas con discapacidad a su plantilla.
Lo que no hará el Gobierno vasco es comprobar cuántas sociedades públicas incumplen en estos momentos la legislación, que obliga a tener un 2% de la plantilla destinada a personas con discapacidad, ya que ha decaído la iniciativa presentada por el PP vasco, promotor del debate, en la que pedía la realización de un estudio completo del cumplimiento de la norma desde que se aprobó en 2013.
El PP fue el que, a través de una pregunta parlamentaria, hizo público que el Ente Vasco de Energía (EVE) había abonado 10.800 euros en concepto de “donación” a la fundación de Adecco como compensación por no cumplir con los mínimos marcados por la ley y no tener personas discapacitadas en plantilla. La legislación obliga a la contratación de un mínimo del 2% o, de no ser posible, acogerse a una excepcionalidad. Durante su intervención, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha desvelado que “el EVE no está solo” en este incumplimiento, sino que, por ejemplo, también la Spri ha hecho esta donación a la Fundación Adecco. “La misma cantidad, la misma Fundación y la misma resolución de excepcionalidad que también le blinda hasta el 2027. Esto no es una coincidencia. Esto es un sistema, un sistema que el Gobierno vasco ha permitido y validado”, ha señalado el parlamentario del PP. También ha indicado que el BEC pidió la excepcionalidad en 2021 y decayó en 2024 sin que se haya pedido la renovación ni conste en ningún documento que cumple con los mínimos de contratación.
Ante la imposibilidad de conocer cuántas sociedades incumplen la normativa en estos momentos, el PP ha insistido en realizar esta especie de autoría para conocer la situación de la que se parte, pero ningún otro grupo ha apoyado la iniciativa de los 'populares', aunque tanto desde EH Bildu como desde Sumar se ha agradecido y reconocido la labor de este grupo al llevar el tema de la contratación de personas discapacitadas a la Cámara.
Aunque todos los grupos han presentado enmiendas, ha salido adelante la presentada por el PNV y PSE-EE con el único voto a favor de los partidos de Gobierno, la abstención de EH Bildu y Sumar y el voto en contra del PP. En dicha enmienda, además de establecer el seguimiento del cumplimiento y de la acreditación de la excepcionalidad a través de Lanbide, PNV y PSE-EE instan al Gobierno vasco a impulsar “una política activa de sensibilización” en el sector público vasco para fomentar las medidas de integración. Además, piden a las sociedades públicas, entes de derecho privado, fundaciones u otras entidades que componen el sector público vasco, que impulsen políticas de integración para personas con discapacidad e incorporen personas con discapacidad en sus plantillas.
La enmienda del PP pedía, además del estudio de grado actual de cumplimiento de la norma, que se establezca un sistema de seguimiento anual del cumplimiento “con comunicación periódica a Lanbide y evitando que se repitan situaciones de incumplimiento prolongado sin detección”, así como que se exija a las sociedades públicas solicitantes de declaración de excepcionalidad la acreditación de haber ofertado al menos tres perfiles distintos adaptados a personas con discapacidad antes de resolver favorablemente solicitud de excepcionalidad.
EH Bildu y Sumar han presentado también sus propias mociones que no han salido adelante. EH Bildu reclamaba “mecanismos eficaces de control” para que se cumplan las cuotas de reserva y para que las medidas de exención alternativas a la contratación no sean subterfugios habituales, garantizando que las personas con discapacidad sean contratadas directamente en el empleo ordinario“. Esta enmienda también pedía al Ejecutivo que garantice que el sector público ”sea un ejemplo para la integración de las personas con discapacidad en el empleo“ y que, en consecuencia, ”priorice en las licitaciones la contratación de empresas que cumplan la cuota de reserva mediante la contratación directa de personas con discapacidad“, como una forma de que esa contratación se extienda al sector privado. Además, solicitaba un aumento de las labores de control por parte de la Inspección de Trabajo en esta cuestión.
Por su parte, Sumar pedía al Ejecutivo que garantice la reserva de plazas para personas con discapacidad en las empresas y entidades públicas “en cumplimiento estricto de la ley de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social” y que se revisara la concesión de excepciones y se aplicaran “criterios estrictos”.