La Guardia Civil asegura que la trama de Cerdán buscó apoyo del PNV para el rescate de Tubos Reunidos

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.