El plazo ordinario para la investigación de las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018 expiró a finales de julio de 2021 y la tercera de las magistradas instructoras de este sumario, Cristina Rodríguez Ruiz, acordó una prórroga de seis meses, esto es, hasta finales de enero de 2022. No obstante, lo hizo sin comunicarlo oficialmente hasta la vuelta de las vacaciones de agosto y sin concretar las imputaciones, documentos o testigos que lo justificaban, algo que llegó en otro auto judicial posterior. Pero las vicisitudes de esta causa no han acabado ahí. Según han explicado a este periódico fuentes judiciales, en las últimas semanas ha habido al menos dos comunicaciones erróneas por parte del juzgado y no se han resuelto varios recursos que están pendientes y que podrían anular la propia ampliación de plazos de julio. Además, las primeras declaraciones de investigados y testigos previstas para la prórroga no se realizarán hasta finales de noviembre, consumidos ya más de dos tercios del tiempo ganado y con muy poco margen posterior para abrir nuevas líneas de investigación si de ellas saliesen nuevos datos.
La propia decisión de finales de julio de dar seis meses adicionales a la investigación, como demandaban la Fiscalía y los dos sindicatos que ejercen la acusación popular, LAB y ESK, ya fue polémica. El auto que lo acordó fue brevísimo y no recogía los pasos siguientes de la investigación. El abogado Rubén Múgica, defensor de uno de los once imputados hasta entonces, hizo ver que la normativa procesal exige que la resolución sea “motivada”. En este caso, el auto más amplio con las razones jurídicas y las nuevas diligencias llegó en septiembre y fue más comentado por lo que omitía que por lo que incluía. Así, eximía de toda responsabilidad a la cúpula política de Salud, incluido el exconsejero, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y entendía innecesario revisar los exámenes que son el centro de las sospechas.
Desde entonces, por dos veces, su señoría ha comunicado erróneamente que Múgica recurrió la resolución judicial de julio y no la de septiembre. Es más, en la segunda ocasión el juzgado lo hizo después de haber recibido una advertencia expresa en ese sentido del letrado. Solamente el 18 de octubre se comunicó debidamente la apelación para que el resto de partes presente alegaciones y empiecen a correr los plazos. Asimismo, el abogado de otro acusado pidió también una “aclaración” al juzgado por algunas confusiones en quiénes eran los testigos de los exámenes de la especialidad médica de Traumatología. Por lo ocurrido en esta prueba -en la que se alertó que las mejores notas tenían unas hojas de respuestas que eran “fotocopias” entre sí y con respecto de la plantilla de corrección- está imputado el doctor Íñigo Echevarria, aunque esto es así desde hace meses y aún no ha prestado declaración.
También están sin resolver las peticiones de LAB para que la sala reconsidere la no imputación de la dirección política de Osakidetza. El retraso es tal que el sindicato ha llegado a presentar una ampliación de su alegato. En el equipo jurídico de la central confían en que todavía sea reversible la decisión de no investigar el papel de Darpón, Múgica y otros altos cargos. “Tenemos confianza en que el recurso presentado sea aceptado por la Audiencia [Provincial de Álava]. Los elementos que exigen una explicación por parte de la dirección son muchos, desde la manera en la que se diseñó la novedosa incorporación al IVAP al episodio de Cirugía Plástica pasando por la lista de realizadores de examen que seleccionó Osakidetza instrumentalizando al IVAP. Esta OPE no tenía accesibles ni los criterios de corrección. Es una OPE fraudulenta a niveles de evidencia tan grandes que no entendemos el último auto, de ahí nuestro recurso y nuestra confianza”, explican desde esta central. Además, muestran su preocupación por la anunciada próxima convocatoria de plazas: “Hay que recordar que las OPE limpias siguen siendo un reto incumplido en Osakidetza y ahora la actual dirección de Osakidetza ha vuelto a otorgar todos los poderes a los tribunales para la próxima OPE. Ésta es a día de hoy una amenaza que se está dando de manera paralela a este proceso y que evidentemente nos preocupa tanto como el procedimiento judicial en el que estamos inmersos como acusación popular”.
Por su parte, el sindicato ESK, personado en la causa, tiene una “sensación agridulce” porque defendió la prórroga pero ahora ve cómo “están corriendo los plazos”. “Desde que se amplió la investigación no se ha llevado ninguna actuación nueva. Nos encontramos en pleno mes de noviembre sin una posibilidad de toma de declaraciones a testigos que son muy importantes y que puedan abrir nuevas líneas de investigación. Nos vemos condicionados por los tiempos”, señala su portavoz, Patxi Nicolau, que entiende que en este sumario tocaría ser “minucioso” porque, al margen de las irregularidades concretas en los exámenes de 2018, “lo que se está dirimiendo es un 'modus operandi' en Osakidetza”.
Por el momento, el calendario previsto es que los imputados Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings, Claudia Aramendi y Javier Extramiana comparezcan el 26 de noviembre. Una semana después, el 3 de diciembre, están citados Fe Arcocha, Laura Quintas, Francisco de la Cuesta y el ya mencionado Íñigo Echevarría, en espera desde finales de mayo de este año. Los testigos irán pasando por el juzgado los días 3 y 10 de diciembre. La duda es qué ocurrirá si de estas comparecencias surge la necesidad de pedir nuevas testificales o pruebas. ¿Habrá margen? ¿Sería garantista para el derecho a la defensa de los acusados acordar otra prórroga cuando más de la mitad de la primera se ha desperdiciado? Varias fuentes judiciales coinciden en que el futuro de esta investigación judicial, que acumula veinte personas imputadas por las sospechas de filtraciones en una docena de exámenes, es más bien incierto.
elDiario.es/Euskadi
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