Multan con 900.000 euros a 31 empresas por “boicotear” al Gobierno vasco para ganar más con los autobuses escolares
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto sanciones que rondan los 900.000 euros en total a 31 compañías de autobuses por su “boicot” a las licitaciones de transporte escolar para los colegios públicos en el curso 2023/2024. Después de una investigación que ha implicado un sumario de unas 16.000 páginas y una resolución de 163, a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo concluye que estas empresas pergeñaron una “forma de coacción” al Departamento de Educación para “obligar” a la Administración a “cambiar las condiciones de la prestación del servicio”, lo que se tradujo en una subida del 6% para el siguiente año, el 2024/2025. Otras 28 empresas o asociaciones que estaban siendo igualmente investigadas han quedado exoneradas.
La investigación, que ha sido realizada por los instructores Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, constata de entrada que desde el curso 2019/2020 el servicio en la red pública -que aglutina al 50% del alumnado, aproximadamente- se ha prestado “por medio de adjudicaciones directas”, es decir, con selección 'a dedo' de las compañías y con precios sin concurrencia a través de un concurso. Se menciona, como causas de esto, que en 2021 se presentaron 14 recursos, que 11 fueron estimados y que Educación acabó renunciando al concurso o que, en 2022, las alegaciones en bloque de las empresas volvieron a tumbar la licitación.
En 2023, el momento de inicio de la investigación, la licitación no fue cancelada y la respuesta a los recursos empezó a avisar de “mala fe” por parte de las compañías. Sin embargo, lo que sucedió es que hubo una “baja participación” en el concurso, particularmente en Álava y en Bizkaia. Hay que tener en cuenta es un proceso que ha de cubrir a 219 centros y 18.719 alumnos, por lo que las contrataciones se dividen en una miríada de pequeñas rutas o lotes. El Gobierno llegó a amagar con enviar el asunto a la Fiscalía ante las sospechas de que había una acción concertada detrás.
En Álava solamente se presentaron ocho empresas, siete de ellas de fuera y únicamente una de las habituales locales. Solamente se cubriría el 10% del servicio con esas ofertas. Más crítica aún era la situación en la provincia con más población, Bizkaia, donde no hubo ni una sola oferta válidas, de modo que el 100% de las rutas estaban en el aire. En Gipuzkoa hubo una participación mayor, que alcanzaba el 38% de la demanda. Se estima que fue una “coacción ejercida colectivamente” para “condicionar al poder adjudicador” en una licitación cuyo precio estimado total para dos años con otros dos de prórroga rozaba los 100 millones de euros. Se apunta a la existencia de pruebas, como un correo recibido por el propio Bildarratz en el que se aludía textualmente a que “desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación”.
Aquel arranque del curso 2023/2024 fue verdaderamente caótico. En los primeros días no hubo autobuses porque muchas empresas boicotearon, igualmente, una “orden forzosa” del consejero Bildarratz para prorrogar las adjudicaciones directas de años anteriores y que hubiera autobuses, según expone competencia. Solamente volvió la normalidad el 18 de septiembre, cuando había una garantía de subida de los precios que cobraban. En marzo de 2024 se confirmó una mejora del 6%. El Ejecutivo tuvo que arbitrar ayudas económicas extraordinarias para compensar desplazamientos en coche o en otros medios.
El asunto tuvo tal repercusión que se llegó a volver en contra de Bildarratz, porque contrató como asesor jurídico externo a Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas y muy cercano a su partido, el PNV. Concurría la doble circunstancia de que era también consejero de una empresa de autobuses (Urpa, no sancionada en esta trama) y que el responsable de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, ahora en Musikene, fue colega suyo en Cuatrecasas.
La resolución de Competencia, que desestima las alegaciones de las empresas aludidas, considera “muy grave” la práctica colusoria detectada. Es una de las sanciones más fuertes de las impuestas hasta ahora por este organismo. Precisamente uno de sus grandes casos fue la desactivación del cártel que boicoteaba durante años la otra gran contrata de la enseñanza pública, la de los comedores, que llegó a motivar una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Firman la resolución Ainara Herce como presidenta, los vocales Tontxu Rodríguez y Jorge Aranguren y la secretaria de la AVC, Noemí Angulo.
Competencia, en todo caso, no ha impuesto la más dura de las multas posibles a las empresas implicadas. La norma facultaba a multarles con cantidades de hasta el triple de lo establecido, ya que se permite una horquilla de hasta el 10% del volumen de negocio en el año anterior a la condena, es decir, 2025. La media fijada es del 3%, con algunos casos con porcentajes del entorno del 3,5% como es el supuesto de la empresa más afectada, Autobuses Cuadra, la única con participación en las irregularidades en los tres territorios, según Competencia. La suya es la más alta de las multas, de casi 180.000 euros. En la tabla se pueden ver todas las multas y también las empresas exoneradas.
Y eso que el quebranto económico para las arcas públicas es mayor que un 3%. Según las conclusiones de la resolución, cuando hay concurso la Administración ahorra por término medio un 8% con respecto al precio de salida y, cuando no, tiene que pagar un 3% más, pero un 6% cuando las intervinientes son las empresas ahora multadas.
El organismo de control ha decidido también no establecer a estas empresas la prohibición de volver a contratar en la Administración, otra posibilidad legal en estos supuestos graves. Argumenta Competencia que ello entraría “en conflicto” con la “eficaz” prestación del servicio porque las compañías implicadas son decenas y apenas habría mercado en Euskadi para poder atender las rutas. La investigación ha motivado la apertura de hasta seis piezas sepadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es firme porque puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.