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Nuevo sistema de control de la RGI tras 146.297 pagos “indebidos” en cuatro años y 66 millones pendientes de cobro

La nueva ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI) va a modificar no solamente las cuantías de la prestación -que irán al alza aunque sin llegar a los niveles comprometidos en 2008- sino también los sistemas de control. Un cambio relevante pasa por establecer revisiones trimestrales de las condiciones para reducir la generación “indebidos”, que son cantidades de más cobradas por los perceptores por motivos diferentes al fraude. En la misma línea, se reduce de cuatro a dos años el margen del que dispondrá la Administración, en este caso el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), para reclamar la devolución de ese dinero. No es un tema menor: un informe que acompaña al proyecto de ley enviado al Parlamento habla de 146.297 expedientes con pagos indebidos entre 2018 y 2021 -son 51.149 los titulares actuales de la RGI- y una bolsa económica de 114,19 millones de euros, de los que (a 31 de diciembre de 2021) 66,54 estaban pendientes de cobro. Si se redujera a dos años ese período de prescripción, 28,27 millones ya no podrían ser exigidos.

Radiografía de una reforma de la RGI en Euskadi que costará más de 40 millones de euros

Saber más

Para entender los “indebidos” hay que comprender que la RGI no es una prestación fija en muchos supuestos. Es un salario social para quienes no tienen recursos pero también un complemento a pensiones bajas y a salarios bajos, que pueden ser muy variables en el tiempo o aparecer y desaparecer en función del mercado laboral. Las cuantías también dependen de la situación familiar, del número de descendientes o incluso del régimen de vivienda, aunque ahora se van a eliminar ‘de iure’ los complementos de alquiler o PCV, de 275 euros, para centralizar esas políticas en las previsiones de la Ley de Vivienda.

El informe sobre “indebidos” incorporado a la ley -firmado en febrero por la socialista Sara Buesa, directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide- asume que “la tramitación de los procedimientos de reintegro comenzó a realizarse a finales del año 2015”, tres años después de que Lanbide asumiese la competencia de gestión de la RGI en un contexto caótico. En 2016 y 2017 se iniciaron 121.265 expedientes de ese trienio anterior y, desde entonces, “la gestión de dichos procedimientos ha tenido un desarrollo y sistematización progresivos”. Ahora “se está desarrollando una adecuada gestión de la dueda” ya que “un 74,5% de los expedientes iniciados en 2018 y un 68% de los iniciados en 2019” están cerrados, aunque la recaudación es del 50%. Un mecanismo común es fijar una devolución a plazos con descuentos en la cuantía mensual abonada. Un total de 12.715 perceptores estaban acogidos a esta modalidad en 2021.

Se da la circunstancia de que el exdirector de RGI de Lanbide, Jon Uriarte (del PNV, ya que ahora esta competencia es de la parte socialista del Gobierno de coalición) fue denunciado e imputado por haber activado en el verano de 2020 una campaña para la recuperación de “indebidos” de los tres primeros años sin atender la prescripción de los cuatro años. La denuncia partió de Argilan-ESK. “Los hechos denunciados son indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación”, se podía leer en un informe emitido por el fiscal delegado de Delitos Económicos en Euskadi, José Manuel Ortiz, adelantado por este periódico.

En la ley, el Ejecutivo explica el por qué de la reducción de este período de cuatro a dos años. “Esta previsión trata de conjugar, desde parámetros de proporcionalidad, la protección del interés público, vinculada la integridad de la Hacienda General del País Vasco, con la de otros principios e intereses concurrentes, como el de seguridad jurídica, del que se infiere la procedencia de eliminar la incertidumbre derivada del establecimiento de plazos muy prolongados para el reconocimiento y cobro de los derechos de la Hacienda sin que los órganos competentes desplieguen una actuación dirigida a hacerlos efectivos; un interés singularmente protegible en los casos en que las personas se hallen en situación de vulnerabilidad. Resulta contrario a la equidad que la falta de ejercicio de las acciones durante un tiempo extenso termine incidiendo en la situación económica de quienes están en una situación de exclusión o de riesgo de padecerla”, se argumenta.

Se podrá pedir la RGI con hasta 85.543,20 euros

La memoria económica de la reforma de la RGI fija en exactamente 44,19 millones el impacto de los cambios y no en 42 millones, como informó este periódico tras consultar con fuentes oficiales. 22,15 corresponden con las mejoras en las cuantías, 18,71 por los ajustes en “requisitos y obligaciones” y 3,32 en el resto de conceptos tales como campañas de publicidad, formación para el personal o contratación de inspectores. También se menciona una partida de 400.000 euros para “herramienta de triaje y sistema de información asociado al IMV”. El Ingreso Mínimo Vital, nueva prestación estatal, queda ya integrado con la RGI con la nueva ley y afecta también a su financiación. Los umbrales que cubre el IMV corren a cargo del Estado y Euskadi abona el resto hasta las cuantías previstas en la ley, algo que se ya se produce ahora. La transferencia acordó que Euskadi se descontará del Cupo -canon que se paga al Estado por los servicios que ofrece en la comunidad autónoma- del orden de 188 millones. En 2021, con el IMV a medio gas, el gasto propio “ha disminuido en aproximadamente 20 millones de euros” mensuales “debido principalmente a la entrada en vigor” del nuevo modelo dual, se indica en la documentación oficial.

Hay también más ajustes en el sistema de control. Se indica expresamente, como en la ley anterior de 2008, que la RGI es un “doble derecho”, esto es, a cobrar un salario social pero también a asumir un compromiso con la reactivación laboral siempre que sea posible (se excluye a pensionistas ya jubilados o a personas en situación de alta exclusión). Por ello, “salvo causa justificada, las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos no podrán rechazar una oferta de empleo, cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo, acogerse a una situación de excedencia voluntaria o a una reducción de jornada, ni abandonar voluntariamente un curso de formación para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, abstenerse de acudir al mismo o de participar en un proceso de selección para el empleo, propuestos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo”. Eso sí, se regulan mucho más esas excepciones y una de ellas es la conciliación: nadie se va a ver obligado a dejar de atender a una persona dependiente por temor a que le puedan retirar una RGI.

Se elimina igualmente el controvertido punto que impedía a los perceptores destinar el dinero a ciertos gastos que pudieran parecer superfluos y que había supuesto una cierta estigmatización. El Ejecutivo los llama motivos “no objetivables” para extinguir la ayuda y habían hecho de Lanbide una suerte de Policía para controlar que no había mendicidad, absentismo escolar u otros problemas de difícil comprobación. Ya no habrá seguimiento de qué tipo de zapatillas se compran o si el regalo de cumpleaños del niño es o no excesivo, exactamente como ocurre con el desempleo o con las pensiones.

El Gobierno defiende también que la reforma “refuerza la protección de los menores en todos los supuestos”. Explican que “la unidad de convivencia no se podrá quedar sin la totalidad de la prestación si los progenitores han incurrido en algún incumplimiento” y que “en caso de separaciones, si ambos progenitores tienen derecho a la RGI, ambos suman los complementos correspondientes por los menores y monoparentalidad”. Por vez primera en Euskadi “esto ha supuesto una definición legal sobre la monoparentalidad”, expresó la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en la presentación del proyecto. En este sentido, se apuesta por un sistema de suspensiones “parciales” de las cuantías en caso de incumplimientos no graves para no retirar de golpe todos los recursos a un beneficiario. No se tendrán en cuenta tampoco en el caso de mujeres separadas posibles derechos económicos dependientes de las parejas que no sean abonados efectivamente.

Según la redacción de la propuesta enviada al Parlamento, se podrá pedir la RGI con hasta 85.543,20 euros de patrimonio. La norma básica es que tienen derecho a ella quienes acrediten recursos de menos de cinco veces la cuantía anual que les correspondería por sus circunstancias. El supuesto más alto es de 1.425,72 euros para una familia con dos adultos y tres menores. Se excluye expresamente de ese cálculo la vivienda habitual –si no es suntuosa- o los bienes necesarios para la actividad laboral –un local o un vehículo, por ejemplo-. Sobre las herencias de “difícil realización”, la redacción plantea una moratoria de seis meses en los que no computarían. También se ha cambiado el sistema de solicitud de la prestación de modo que la concesión es automática si se firma una declaración responsable para responder más rápido a situaciones de necesidad, de modo que los controles se harán ‘a posteriori’.

La propuesta de reforma se aprobará sí o sí en el Parlamento porque el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta. Mendia citó Navidad como un momento ideal para tener completada la tramitación, aunque urgió a adelantar trabajo también en los meses inhábiles de verano. Eso sí, el Ejecutivo explorará acuerdos con los partidos de la oposición, que ya han expresado algunas dudas. Ello podría modificar algunos puntos de la propuesta inicial del Ejecutivo, que a su vez es la quinta versión. Una vez votada en la Cámara, habrá tres meses de ‘vacatio legis’ para su entrada efectiva en vigor. Es probable que las cuantías ofrecidas como ejemplo tengan que ser revisadas ya que están calculadas conforme a indicadores presupuestarios de 2022.

La nueva ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI) va a modificar no solamente las cuantías de la prestación -que irán al alza aunque sin llegar a los niveles comprometidos en 2008- sino también los sistemas de control. Un cambio relevante pasa por establecer revisiones trimestrales de las condiciones para reducir la generación “indebidos”, que son cantidades de más cobradas por los perceptores por motivos diferentes al fraude. En la misma línea, se reduce de cuatro a dos años el margen del que dispondrá la Administración, en este caso el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), para reclamar la devolución de ese dinero. No es un tema menor: un informe que acompaña al proyecto de ley enviado al Parlamento habla de 146.297 expedientes con pagos indebidos entre 2018 y 2021 -son 51.149 los titulares actuales de la RGI- y una bolsa económica de 114,19 millones de euros, de los que (a 31 de diciembre de 2021) 66,54 estaban pendientes de cobro. Si se redujera a dos años ese período de prescripción, 28,27 millones ya no podrían ser exigidos.

Radiografía de una reforma de la RGI en Euskadi que costará más de 40 millones de euros

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Para entender los “indebidos” hay que comprender que la RGI no es una prestación fija en muchos supuestos. Es un salario social para quienes no tienen recursos pero también un complemento a pensiones bajas y a salarios bajos, que pueden ser muy variables en el tiempo o aparecer y desaparecer en función del mercado laboral. Las cuantías también dependen de la situación familiar, del número de descendientes o incluso del régimen de vivienda, aunque ahora se van a eliminar ‘de iure’ los complementos de alquiler o PCV, de 275 euros, para centralizar esas políticas en las previsiones de la Ley de Vivienda.

El informe sobre “indebidos” incorporado a la ley -firmado en febrero por la socialista Sara Buesa, directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide- asume que “la tramitación de los procedimientos de reintegro comenzó a realizarse a finales del año 2015”, tres años después de que Lanbide asumiese la competencia de gestión de la RGI en un contexto caótico. En 2016 y 2017 se iniciaron 121.265 expedientes de ese trienio anterior y, desde entonces, “la gestión de dichos procedimientos ha tenido un desarrollo y sistematización progresivos”. Ahora “se está desarrollando una adecuada gestión de la dueda” ya que “un 74,5% de los expedientes iniciados en 2018 y un 68% de los iniciados en 2019” están cerrados, aunque la recaudación es del 50%. Un mecanismo común es fijar una devolución a plazos con descuentos en la cuantía mensual abonada. Un total de 12.715 perceptores estaban acogidos a esta modalidad en 2021.

Se da la circunstancia de que el exdirector de RGI de Lanbide, Jon Uriarte (del PNV, ya que ahora esta competencia es de la parte socialista del Gobierno de coalición) fue denunciado e imputado por haber activado en el verano de 2020 una campaña para la recuperación de “indebidos” de los tres primeros años sin atender la prescripción de los cuatro años. La denuncia partió de Argilan-ESK. “Los hechos denunciados son indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación”, se podía leer en un informe emitido por el fiscal delegado de Delitos Económicos en Euskadi, José Manuel Ortiz, adelantado por este periódico.

En la ley, el Ejecutivo explica el por qué de la reducción de este período de cuatro a dos años. “Esta previsión trata de conjugar, desde parámetros de proporcionalidad, la protección del interés público, vinculada la integridad de la Hacienda General del País Vasco, con la de otros principios e intereses concurrentes, como el de seguridad jurídica, del que se infiere la procedencia de eliminar la incertidumbre derivada del establecimiento de plazos muy prolongados para el reconocimiento y cobro de los derechos de la Hacienda sin que los órganos competentes desplieguen una actuación dirigida a hacerlos efectivos; un interés singularmente protegible en los casos en que las personas se hallen en situación de vulnerabilidad. Resulta contrario a la equidad que la falta de ejercicio de las acciones durante un tiempo extenso termine incidiendo en la situación económica de quienes están en una situación de exclusión o de riesgo de padecerla”, se argumenta.

Se podrá pedir la RGI con hasta 85.543,20 euros

La memoria económica de la reforma de la RGI fija en exactamente 44,19 millones el impacto de los cambios y no en 42 millones, como informó este periódico tras consultar con fuentes oficiales. 22,15 corresponden con las mejoras en las cuantías, 18,71 por los ajustes en “requisitos y obligaciones” y 3,32 en el resto de conceptos tales como campañas de publicidad, formación para el personal o contratación de inspectores. También se menciona una partida de 400.000 euros para “herramienta de triaje y sistema de información asociado al IMV”. El Ingreso Mínimo Vital, nueva prestación estatal, queda ya integrado con la RGI con la nueva ley y afecta también a su financiación. Los umbrales que cubre el IMV corren a cargo del Estado y Euskadi abona el resto hasta las cuantías previstas en la ley, algo que se ya se produce ahora. La transferencia acordó que Euskadi se descontará del Cupo -canon que se paga al Estado por los servicios que ofrece en la comunidad autónoma- del orden de 188 millones. En 2021, con el IMV a medio gas, el gasto propio “ha disminuido en aproximadamente 20 millones de euros” mensuales “debido principalmente a la entrada en vigor” del nuevo modelo dual, se indica en la documentación oficial.

Hay también más ajustes en el sistema de control. Se indica expresamente, como en la ley anterior de 2008, que la RGI es un “doble derecho”, esto es, a cobrar un salario social pero también a asumir un compromiso con la reactivación laboral siempre que sea posible (se excluye a pensionistas ya jubilados o a personas en situación de alta exclusión). Por ello, “salvo causa justificada, las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos no podrán rechazar una oferta de empleo, cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo, acogerse a una situación de excedencia voluntaria o a una reducción de jornada, ni abandonar voluntariamente un curso de formación para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, abstenerse de acudir al mismo o de participar en un proceso de selección para el empleo, propuestos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo”. Eso sí, se regulan mucho más esas excepciones y una de ellas es la conciliación: nadie se va a ver obligado a dejar de atender a una persona dependiente por temor a que le puedan retirar una RGI.

Se elimina igualmente el controvertido punto que impedía a los perceptores destinar el dinero a ciertos gastos que pudieran parecer superfluos y que había supuesto una cierta estigmatización. El Ejecutivo los llama motivos “no objetivables” para extinguir la ayuda y habían hecho de Lanbide una suerte de Policía para controlar que no había mendicidad, absentismo escolar u otros problemas de difícil comprobación. Ya no habrá seguimiento de qué tipo de zapatillas se compran o si el regalo de cumpleaños del niño es o no excesivo, exactamente como ocurre con el desempleo o con las pensiones.

El Gobierno defiende también que la reforma “refuerza la protección de los menores en todos los supuestos”. Explican que “la unidad de convivencia no se podrá quedar sin la totalidad de la prestación si los progenitores han incurrido en algún incumplimiento” y que “en caso de separaciones, si ambos progenitores tienen derecho a la RGI, ambos suman los complementos correspondientes por los menores y monoparentalidad”. Por vez primera en Euskadi “esto ha supuesto una definición legal sobre la monoparentalidad”, expresó la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en la presentación del proyecto. En este sentido, se apuesta por un sistema de suspensiones “parciales” de las cuantías en caso de incumplimientos no graves para no retirar de golpe todos los recursos a un beneficiario. No se tendrán en cuenta tampoco en el caso de mujeres separadas posibles derechos económicos dependientes de las parejas que no sean abonados efectivamente.

Según la redacción de la propuesta enviada al Parlamento, se podrá pedir la RGI con hasta 85.543,20 euros de patrimonio. La norma básica es que tienen derecho a ella quienes acrediten recursos de menos de cinco veces la cuantía anual que les correspondería por sus circunstancias. El supuesto más alto es de 1.425,72 euros para una familia con dos adultos y tres menores. Se excluye expresamente de ese cálculo la vivienda habitual –si no es suntuosa- o los bienes necesarios para la actividad laboral –un local o un vehículo, por ejemplo-. Sobre las herencias de “difícil realización”, la redacción plantea una moratoria de seis meses en los que no computarían. También se ha cambiado el sistema de solicitud de la prestación de modo que la concesión es automática si se firma una declaración responsable para responder más rápido a situaciones de necesidad, de modo que los controles se harán ‘a posteriori’.

La propuesta de reforma se aprobará sí o sí en el Parlamento porque el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta. Mendia citó Navidad como un momento ideal para tener completada la tramitación, aunque urgió a adelantar trabajo también en los meses inhábiles de verano. Eso sí, el Ejecutivo explorará acuerdos con los partidos de la oposición, que ya han expresado algunas dudas. Ello podría modificar algunos puntos de la propuesta inicial del Ejecutivo, que a su vez es la quinta versión. Una vez votada en la Cámara, habrá tres meses de ‘vacatio legis’ para su entrada efectiva en vigor. Es probable que las cuantías ofrecidas como ejemplo tengan que ser revisadas ya que están calculadas conforme a indicadores presupuestarios de 2022.

La nueva ley reguladora de la renta de garantía de ingresos (RGI) va a modificar no solamente las cuantías de la prestación -que irán al alza aunque sin llegar a los niveles comprometidos en 2008- sino también los sistemas de control. Un cambio relevante pasa por establecer revisiones trimestrales de las condiciones para reducir la generación “indebidos”, que son cantidades de más cobradas por los perceptores por motivos diferentes al fraude. En la misma línea, se reduce de cuatro a dos años el margen del que dispondrá la Administración, en este caso el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), para reclamar la devolución de ese dinero. No es un tema menor: un informe que acompaña al proyecto de ley enviado al Parlamento habla de 146.297 expedientes con pagos indebidos entre 2018 y 2021 -son 51.149 los titulares actuales de la RGI- y una bolsa económica de 114,19 millones de euros, de los que (a 31 de diciembre de 2021) 66,54 estaban pendientes de cobro. Si se redujera a dos años ese período de prescripción, 28,27 millones ya no podrían ser exigidos.

Radiografía de una reforma de la RGI en Euskadi que costará más de 40 millones de euros

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Para entender los “indebidos” hay que comprender que la RGI no es una prestación fija en muchos supuestos. Es un salario social para quienes no tienen recursos pero también un complemento a pensiones bajas y a salarios bajos, que pueden ser muy variables en el tiempo o aparecer y desaparecer en función del mercado laboral. Las cuantías también dependen de la situación familiar, del número de descendientes o incluso del régimen de vivienda, aunque ahora se van a eliminar ‘de iure’ los complementos de alquiler o PCV, de 275 euros, para centralizar esas políticas en las previsiones de la Ley de Vivienda.

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