La reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI) planteada por el Gobierno de Iñigo Urkullu continúa su tramitación sin sobresaltos en el Parlamento Vasco. Tras un brevísimo debate en el que la consejera responsable del proyecto de ley, la vicelehendakari Idoia Mendia, ni siquiera ha querido intervenir, la Cámara ha tumbado la enmienda de totalidad de Vox que perseguía devolver el texto al Ejecutivo bajo el argumentario de que es una prestación plagada de casos de fraude. “Este Gobierno pone todo su empeño en entregar peces y olvida que el mejor camino para alcanzar soluciones con visos de mantenerse en el futuro es enseñar a pescar, repartir cañas de pescar”, ha argumentado Amaia Martínez Grisaleña, única representante de Vox.
Esta formación ha acusado al Ejecutivo de no respetar a Vox al no intervenir a pesar de haber pedido un cambio en el orden del día para poder asistir al debate, ya que a la hora inicial prevista Mendia tenía otro compromiso de agenda. Fuentes del entorno de la vicelehendakari indican que el Gobierno participará cuando se complete el trámite parlamentario, que no es infrecuente no hacerlo en esta fase embrionaria del proceso y que el ajuste en el orden del día se debía al interés de Mendia por escuchar a la oposición y no a un deseo por intervenir.
Ni siquiera PP+Cs, que en el pasado hizo bandera de la lucha contra las irregularidades en las ayudas sociales, ha comprado los argumentos de Vox. Ningún partido ha querido participar en el debate con la ultraderecha. La coalición de 'populares' y naranjas, aunque no participa del cordón sanitario que el resto de formaciones mantienen sobre Vox, se ha limitado también a tomar la palabra en el turno de explicación de voto para asegurar que no apoyan una enmienda de totalidad contra la RGI porque creen “en un sistema de protección”, aunque sí interpretan que son necesarias muchas modificaciones para que sea “justo, solidario y garantista”.
Como ya era conocido, PP+Cs defenderá 81 enmiendas parciales, ha recordado este jueves Laura Garrido. Entre ellas no están dos puntos clave defendidos en el pasado por el exalcalde de Vitoria Javier Maroto cuando defendió endurecer el sistema: excluir de los beneficiarios potenciales a los extranjeros sin permiso de residencia o elevar el empadronamiento mínimo a cinco años. “Nosotros tenemos nuestro modelo. Está en nuestras enmiendas. Y les invito a todos ustedes que las analicen con cariño porque, desde luego, mejorarán mucho el proyecto que en este momento tenemos encima de la mesa”, ha zanjado Garrido.
Solventado este intento de Vox en poquísimos minutos, el proyecto podrá continuar con su tramitación. El Gobierno de PNV y PSE-EE ya dispone de un acuerdo cerrado con Elkarrekin Podemos-IU para consensuar las líneas generales definitivas del nuevo modelo de RGI. El pacto incluye una reducción hasta los 18 años del acceso general al derecho -aunque con algunos requisitos adicionales para los perceptores más jóvenes-, más exenciones del requisito de tres años de padrón mínimo y, sobre todo, un nuevo modelo de definición de las cuantías para garantizar un 60% del salario mediano de España. EH Bildu, por otro lado, ha presentado enmiendas para elevar aún más esas cuantías.
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