El 6 de febrero de 2024, un preso falleció en la mayor de las cárceles vascas, la de Zaballa, a las afueras de Vitoria. Se explicó entonces, de fuentes oficiales, que todo apuntaba a “causas naturales”. Pero la autopsia estimó que se trataba realmente de “una muerte violenta de origen tóxico”, es decir, una sobredosis de drogas.
El padre y un hermano del finado han reclamado a la Administración sendas indemnizaciones de 86.484,01 y 18.532,29 euros, respectivamente, al entender que su familiar, con antecedentes de consumo de estupefacientes, solamente pudo adquirir las sustancias en prisión, en una dejación de funciones de quien desde 2021 tiene la competencia en Euskadi, el Gobierno autonómico. Un informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi muy reciente, de julio, desestima esa pretensión de la familia, pero asume que existe cierto mercado negro a pesar de las medidas que se aplican y que incluyen, entre otras, decenas cacheos en cuerpos totalmente desnudos, revisiones con perros-policía en el interior de los presidios y escáneres en la paquetería. Un juzgado de Vitoria también cerró la investigación por esta muerte.
El preso, al que en el informe se identifica con las iniciales falsas O.O.O. para preservar su anonimato, entró en el verano de 2022 en la cárcel. Pasó “la mayor parte” de los primeros meses en la enfermería y en la Nochebuena de ese año sufrió una “sobredosis por ingesta de medicación”. Por eso, fue trasladado a un centro hospitalario y, desde que se le dio el alta, pasó a formar parte de un “programa de seguimiento”. Ese mismo año se acreditó una discapacidad del 58% por, entre otras causas, problemas graves de salud mental. En marzo de 2023 llegó ya a Zaballa trasladado.
Los informes médicos de esta etapa apuntan a que el preso, que cumplía la pena en segundo grado, negaba intenciones autolíticas -ideación del suicidio- pero a que sí admitía consumos regulares de sustancias estupefacientes, además de las medicaciones que tenía asignadas. A finales de enero de 2024, fecha del último análisis de orina que se le realizó, aparecieron restos de cannabis, cocaína, anfetaminas y otros productos. A los pocos días, fue hallado muerto en su celda durante el recuento matinal diario.
El episodio ha motivado una cascada de informes fruto de la investigación judicial, de la investigación interna y, en última instancia, de la indemnización solicitada por la familia del fallecido, que señala claramente la responsabilidad de la Administración vasca. Los responsables de Prisiones, sin embargo, explican que han operado en todo momento conforme a la normativa y a los protocolos exigibles. Indican que actúan siempre sobre la “demanda” de sustancias estupefacientes, es decir, tratando al preso para encaminarle hacia la “deshabituación” y con “seguimiento” de tipo psicológico, educativo y social. La documentación a la que ha tenido acceso este periódico remarca que, según el Gobierno, “el interno recibió una asistencia constante e individualizada” por parte de “profesionales cualificados”.
Y también se recalca que desde la Administración se intenta acotar la “oferta” de drogas dentro de las cárceles. El informe es muy detallado en lo que hace Prisiones, con la colaboración de Osakidetza -que tiene la competencia de Sanidad penitenciaria desde 2011- y de la Ertzaintza. Por ejemplo, se practican “registros periódicos” a los presos y a sus objetos cada vez que tienen salidas o reciben visitas. Si hubiere una “sospecha individualizada”, se realizarían “cacheos con desnudo integral” e incluso, si resulta “infructuoso” y se siguen teniendo dudas, se pide autorización judicial para una “exploración radiológica”.
El Gobierno vasco, con base en un reporte de abril de 2025 del área de Análisis e Inspección de Centros Penitenciarios, calcula que son 35 los cacheos que se realizan cada día, es decir, “12.700 anuales”. Además, se desnudó a 32 reos en 2023 y a otros 31 en 2024 con autorización judicial y se practicaron 33 y 55 exploraciones radiológicas, que implican un traslado a un centro hospitalario. Y más datos: la unidad canina de la Ertzaintza realizó 19 operativos en las cárceles vascas en 2023 (lo que incluyó la revisión de 50 celdas) y 30 en 2024 (50 celdas y salas de comunicaciones). Igualmente, se realiza un “registro minucioso” de todos los paquetes y cartas que llegan del exterior. Se hace “con el auxilio de escáneres ad hoc”.
Prisiones tiene capacidad para imponer sanciones si detecta la introducción de drogas, tales como “pérdida de permisos, salidas, trabajo remunerado, autorización para desarrollar actividades o régimen abierto” o “suspensión de las comunicaciones con familiares y amigos”. En los casos más graves, puede comportar un “traslado de centro” o incluso el retroceso a un “régimen cerrado”.
¿Es efectivo este protocolo? Dice el informe que “el desarrollo de estas medidas y respuestas tiene como resultado la incautación de una cantidad importante de sustancias tóxicas o estupefacientes, y un control de la oferta que supone un contexto de dificultad de acceso a la droga, con el fin sobre todo de favorecer la intervención sobre la demanda”. Pero el Gobierno admite que “el acceso a sustancias en prisión es difícil pero no imposible” por los “límites” en el control.
Se explica, por ejemplo, que la “proporcionalidad” ha de presidir la política de seguridad. “Dicho de una forma muy clara: teniendo en cuenta que la forma más habitual de introducir sustancias es en cavidades anales, vaginales o en el estómago de las personas que acceden al centro tras una salida o por una comunicación, la única forma efectiva de evitarlo sería someter a una exploración radiológica a cada una de ellas, lo que además de ilegal e imposible resulta indeseable”, se indica. El Ejecutivo entiende que “una aplicación más frecuente e intensa de las medidas de seguridad” supondría 'de facto' el “imposibilitar el desarrollo de las actividades del tratamiento y de las prestaciones a las que tiene derecho la población interna”.
El dictamen sobre O.O.O. estima que “no existe responsabilidad de la Administración” y deniega que la familia pueda ser indemnizada. Se citan sentencias del Tribunal Supremo e informes del Consejo de Estado que destacan que no es “exigible” a Instituciones Penitenciarias -y por extensión al gestor autonómico- que evite “totalmente” el narcotráfico en prisión. Se informa también de que, en junio de 2024, quedaron archivadas con un sobreseimiento libre, es decir, definitivo, las diligencias de investigación iniciadas por la magistrada de Vitoria María Eneida Arbaizar.
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