La mayoría de PNV y PSE-EE en el Parlamento, con el añadido del voto de Vox, ha tumbado este jueves la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular respaldada por 145.142 firmas para equiparar las pensiones en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al salario mínimo interprofesional, el SMI, ahora mismo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Los partidos del Gobierno vasco ya habían adelantado con un informe su negativa a esta propuesta, alegando que “podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas” y también que Euskadi ya dispone de la renta de garantía de ingresos, la RGI, que es un salario social para quienes no tienen recursos, actúa también como complemento de nóminas y pensiones bajas.
EH Bildu y Sumar ha votado a favor de abrir un debate en la Cámara sobre las pensiones, pero sus 28 votos han sido insuficientes frente a los 39 del 'no' y las siete abstenciones del PP. Ana Mezo, la portavoz de los promotores que, sin ser parlamentaria, ha podido intervenir en el hemiciclo, ya intuía durante su exposición lo que minutos después iba a ocurrir. “El rechazo afecta a una cuestión de fuerte impacto social”, había dicho en su turno de presentación de las medidas propuestas. “Se hurta en este Parlamento y en la sociedad vasca un debate fundamental”, ha añadido también. “Detrás hay personas con nombres, apellidos y caras”, ha protestado, finalmente.
Mezo se ha quejado también por no disponer de “derecho a réplica”. De hecho, después de una salva de aplausos, la pensionista ha tenido que abandonar el hemiciclo tras su exposición de 15 minutos y ha seguido el resto de la sesión desde una tribuna con el resto de invitados, mayoritariamente pensionistas con un chaleco rojo con lemas alusivos a la necesidad de una pensión de 1.184 euros. Por ello, ha habido que suspender un par de minutos el debate para esperar a que Mezo subiera las tres plantas para acomodarse en su nueva ubicación. El personal de seguridad de la Cámara ha estado acompañándolos en todo momento.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha seguido el debate mientras trabajaba con su portátil en el escaño. El vicelehendakari socialista, Mikel Torres, de su lado, hacía lo propio con una tableta. En paralelo, el Ejecutivo vasco tiene abiertas negociaciones con el Estado para asumir, antes de que finalice 2025, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. El proceso ya se ha iniciado con la transferencia de algunas prestaciones no contributivas y de las políticas pasivas de empleo (el SEPE), pero todavía no hay acuerdo en torno a las pensiones como tal. En todo caso, las cuantías y la legislación seguirán siendo competencia estatal. Tanto la Constitución como el Estatuto aluden expresamente a un sistema unitario y con solidaridad interterritorial.
15.091 pensionistas cobraban en agosto, el último mes de cerrado, el complemento de la RGI. Son el 25,81% de los perceptores totales. Los promotores estiman que del orden de 100.000 pensionistas carecen de ingresos suficientes. Añaden que el modelo de la RGI toma como referencia los ingresos y circunstancias de toda la unidad de convivencia o familia y no situaciones individuales. Mezo ha avisado, además, de la brecha de género entre las personas mayores, ya que la precariedad afecta especialmente a mujeres.
Las 145.142 representante al 6,46% de la población de la comunidad autónoma y casi cinco veces más que el mínimo legal, 30.000 rúbricas, para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP). Si fueran votos, prácticamente serían la tercera fuerza en el Parlamento a la luz del escrutinio de las elecciones de 2024, muy cerca de los 150.000 apoyos sumados por el PSE-EE y solamente por detrás de PNV y EH Bildu. Desde que en 2018 Sabin Zubiri fuera el primer ciudadano anómino en tomar la palabra para defender una propuesta legislativa popular ninguna ha sido siquiera admitida a trámite. En la lista de espera del Parlamento, que llevaba hasta este jueves tres meses sin votaciones a causa del largo parón estival, hay otra propuesta lanzada por los sindicatos, esta vez sobre disponer en Euskadi de un SMI propio.
PNV y PSE-EE ni siquiera han intervenido en el turno en contra antes de la votación. Se han limitado a tomar la palabra 'a posteriori', como explicación de voto. Markel Aranburu ha ejercido como portavoz del PNV. “Zorionak lortu duzuenagatik!”, ha arrancado, queriendo reconocer el trabajo de los pensionistas para reunir tantas firmas. “Las políticas sociales más avanzadas del Estado son las nuestras”, ha señalado también. Según Aranburu, no es posible tramitar esta propuesta porque la competencia “es de Madrid”. Además, ha indicado que el modelo vasco de “protección social”, en referencia a la RGI, ya complementa las pensiones bajas de 15.000 personas.
El representante socialista, Ekain Rico, ha acudido a la tribuna con una batería de datos. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado sin parar las pensiones con un “ambicioso programa de reformas” frente a los “recortes”, “congelaciones” y “contrarreformas” del PP durante la etapa de Mariano Rajoy. Ha señalado que el “incremento continuado” de las cuantías no se queda en “palabras”, que son “hechos”. La pensión media en España es de 1.312 euros, por encima de los 1.184. La de jubilación, en concreto, es de 1.507, ha dicho. “Y en Euskadi las cuantías son aún mayores”, ha subrayado igualmente. Ha hablado de 1.617 euros en general y de 1.836 por jubilación. Sobre la RGI, ha indicado que ofrece una cobertura de 1.080 euros para una persona sola (pero a doce pagas) y de hasta 1.535 para unidades de convivencia más amplias, según Rico. Eso sí, ha dicho que no puede convertirse en “complemento universal”, porque su misión es otra. En el bipartito vasco es el PSE-EE el que gestiona tanto la RGI como la parte de Seguridad Social que se va a ir transfiriendo.
La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha sido la única que técnicamente ha usado el tiempo en contra. Ha dicho que era una cuestión de “respeto” a los invitados explicarles por qué se opone. Ha dicho que las pensiones son competencia del Estado y que “es el Gobierno de España el que debe dar solución a las pensiones mínimas”. También que no se puede poner una pensión mínima general que iguale a quienes “cada día madrugan, cotizan y hacen país” y dar unos complementos vascos que hagan que una persona mayor “del resto del Estado” tenga peores condiciones en las mismas circunstancias personales. “Es un mensaje peligroso”, ha cerrado.
El principal apoyo de la iniciativa ha sido el de EH Bildu. Nerea Kortajarena, desde la tribuna, ha lamentado el portazo y ha indicado que “la democracia, cuando es participativa, es más democracia”. Ha avisado que “nunca” una propuesta con “tanto apoyo” había llegado a la Cámara y ha asegurado que no se puede pretender que “la participación ciudadana se limite a votar cada cuatro años”. La 'número dos' de la coalición ha repetido datos sobre la necesidad de operar en la mejora de las pensiones y ha considerado deseable al menos abrir el debate y meter “en la agenda” esta cuestión. “Si el debate no es fructífero, tienen ustedes mayoría para pararlo [en la votación final]”, ha agregado. Kortajarena ha ironizado que el PNV, hace solamente una semana, prometió atender las preocupaciones que se perciben “en la calle” y “en los bares” y que ahora comete el “error” de cerrar la puerta a 145.142 personas.
Desde Sumar, Jon Hernández ha asegurado que la propuesta ha sido “arrojada al vertedero” por los partidos del Gobierno. “Permitir el debate es una cuestión prepolítica”, sostiene. Además, niega que establecer más complementos ponga en riesgo los presupuestos, porque comportaría incrementar un “1,4%” el presupuesto vasco. “No es ninguna locura”, ha considerado. Con todo, ha querido “lanzar un mensaje en positivo” a los firmantes porque su trabajo “no ha sido en balde” y “el debate está vivo aunque esta propuesta específica no vaya a seguir el trámite parlamentario”. Los invitados han aplaudido los discursos tanto de EH Bildu como de Sumar. El PP no ha votado en contra, pero tampoco a favor. Se ha quedado en la abstención aunque también ha pospuesto su intervención a después de la votación. Ha sido Álvaro Gotxi el que ha tomado la palabra.
Al poco de terminar el debate, Mezo y otros compañeros han dicho a los medios de comunicación que es un gran “despropósito” lo ocurrido. “Y podría emplear palabras más duras”, se ha contenido. Quien no lo ha hecho ha sido su colega Arturo Val del Olmo, que ha llegado a acusar de “prevaricación” a los partidos del Gobierno. Fue militante socialista y de la UGT. Mezo, en todo caso, sí ha aprovechado para poner en valor ocho años del movimiento de pensionistas vasco. En el exterior del Parlamento, más pensionistas se han movilizado en defensa de su propuesta y enfadados por el portazo. “Nos vamos de aquí con el convencimiento pleno de que tenemos que seguir luchando. Nuestra generación va a ir desapareciendo. Pero nuestra rebeldía no”, ha clamado Val del Olmo.
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