El Parlamento Vasco ha cerrado este viernes plazo de presentación de enmiendas para retocar los presupuestos de 2026. Sin acuerdos con la oposición, como se ha anunciado, las correcciones que adquieren relevancia son las presentadas por los propios PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno y que harán valer su mayoría absoluta para introducirlas en el proyecto original del consejero Noël d'Anjou. Las autoenmiendas no son muchas, una modificación económica para que los 450.000 euros para un torneo de rugby los gestione Bilbao Ekintza y no la federación, y seis cambios en el articulado.
Pero en esa media docena de ajustes se prevén hasta tres modificaciones legislativas, y de cierto calado. En concreto, afectan a la normativa de víctimas policiales, a una normativa ambiental que podría comportar un gasto extra de 84 millones de euros y a un retoque en la ley de Cooperación para dar seguridad a 325 inversiones que podrían ser consideradas de “doble uso” militar. Y los otros tres puntos son para ayudas a víctimas de violencia sexual, para ampliar a los hospitales la OPE de plazas de “difícil cobertura” de Osakidetza en 2026 y para ajustar la normativa de contratación pública.
Euskadi dispone de una normativa autonómica que complementa las leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de la Guerra Civil y de la dictadura. Se trata de un marco para el reconocimiento de víctimas de la violencia policial de entre 1978 y 1999 y una comisión tramita las solicitudes. Sin embargo, en los últimos años sus integrantes se han venido quejando de que el trabajo está bloqueado y de que, entre otros problemas, los forenses no están retribuidos.
La enmienda en la ley de presupuestos introducirá un cambio en la ley de víctimas, que es de 2016, y añadirá un párrafo para facilitar que los profesionales del Instituto Vasco de Medicina Legal puedan ser remunerados. Las cuantías concretas las fijará el propio Gobierno más adelante. “Según los datos facilitados por la comisión de valoración [de las solicitudes], en este momento hay una gran cantidad de expedientes por resolver (344). Uno de los problemas con los que se encuentra es la dificultad de encontrar médicos forenses disponibles para poder realizar los peritajes, así como la discrepancia sobre la forma de abonar su trabajo. Para resolver esta cuestión, que ha sido señalada como la principal dificultad, se propone la modificación [de la normativa] para indemnizar a los peritos forenses designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal”, señalan nacionalistas y socialistas.
PNV y PSE-EE, asimismo, cambiarán la ley de presupuestos para que sean créditos “ampliables” las nuevas ayudas a víctimas de “violencia sexual”, exactamente igual que lo son las de “violencia de género”. Son prestaciones que aún no están en vigor y que están dotadas de 1,6 millones para el ejercicio 2026, pero se estima oportuno que figure como “ampliable” para que, si se agotaren los fondos, no se cerrara la ventanilla.
Osakidetza ha puesto en marcha en esta legislatura procesos especiales para llenar plazas “de difícil cobertura”. Esos procesos requieren habilitación legal. Lo que se busca ahora es que, de cara a la convocatoria de 2026, se ajuste la propuesta inicial anunciada. Así, a vacantes en atención primaria, pediatría, psiquiatría y psiquiatría infantil extrahospitalaria, se añaden ahora “otras plazas” de “especialista” en la red hospitalaria. Se va a requerir una permanencia mínima de “dos años” en el puesto asignado por este sistema extraordinario.
“En el ámbito de atención hospitalaria existen puestos, de diferentes especialidades, que presentan una importante dificultad de cobertura en algunos de los centros, hospitales comarcales. [...] Estas circunstancias pueden deberse a factores relacionados tanto con aspectos clínicos, derivados de la cartera de servicios, como organizativos y de gestión y también influyen factores geográficos por la propia localización de los hospitales, sin olvidar la escasez de profesionales en determinadas especialidades”, se explica. Y se abunda: “Se ha considerado muy acertado valorar aplicar la misma medida extraordinaria prevista para la cobertura de plazas de difícil cobertura en el ámbito de atención primaria y salud mental extrahospitalaria, en el ámbito de la atención hospitalaria respecto de aquellos puestos de facultativos especialistas que han planteado dificultades de manera reiterada para su cobertura y permanecen vacantes”.
La ley de Administración Ambiental es una ley de 2021. Según exponen los partidos del Gobierno, esa normativa fijaba “en el caso de los gestores de residuos no peligrosos, entre los que se encuentran las plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, tanto las plantas fijas como las plantas móviles, el plazo para la obtención de la autorización ambiental única es de 31 de diciembre de 2025”. “El incumplimiento del plazo límite del 31 de diciembre de 2025 para disponer de la autorización ambiental única implica que las autorizaciones sectoriales de las instalaciones de tratamiento de residuos pierdan su vigencia y con ello, que no puedan gestionar residuos ni producir los materiales áridos que necesita la obra de edificación y la obra civil. En Euskadi se genera aproximadamente un millón de toneladas de residuos de construcción y demolición al año que necesitan ser gestionadas y que, por otra parte, necesitan las obras públicas como árido secundario que les permita cumplir con la exigencia normativa de sustitución de materiales de cantera, pero también que evite el elevado coste que supondría su eliminación en vertedero”, indican.
Ahora mismo “hay 38 instalaciones identificadas” que “perderían su autorización para tratar residuos de construcción y demolición el 31 de diciembre del presente año”.“ Esas instalaciones almacenan, descontaminan y tratan la práctica totalidad del millón de toneladas de residuos de construcción y demolición generados en Euskadi”, avisan PNV y PSE-EE. Lo que se plantea es crear un silencio administrativo positivo, es decir, que esas instalaciones sigan funcionando si acreditan que han presentado la solicitud, aunque no haya sido resuelta. De lo contrario, solamente en obras públicas habría que gastar 84 millones más, según se estima. De hecho, el Ejecutivo incorpora una lista de licitaciones que podrían ver disparado su presupuesto.
Según nacionalistas y socialistas, “es un hecho que la industria de alta tecnología y doble uso representa un porcentaje significativo del PIB industrial vasco”. Aparentemente, la normativa de Cooperación de 2024 “genera una distorsión económica que impide el alineamiento de la política industrial vasca con los fondos europeos (como el Fondo Europeo de Defensa, EDF)”. Mediante una enmienda, se busca cambiar la ley de 2024 y acotar que determinadas inversiones en ciberseguridad, renovables o industria aeroespacial se puedan hacer.
Se fja como límite “objetivo” la Estrategia Europea de Seguridad. “Constituye un marco plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional” y “permite objetivizar los ámbitos excluidos en materia de promoción económica en el contexto del marco estratégico y financiero de la UE, haciendo efectiva la posibilidad de alineamiento de la política industrial vasca con los fondos europeos”, exponen desde el Ejecutivo. “Si esta enmienda no se aprueba, peligra la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi”, llegan a plantear PNV y PSE-EE.
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