El Tribunal Supremo ha empezado a inadmitir los cuatro recursos de casación presentados por los servicios jurídicos del Gobierno vasco para tratar de revocar las otras tantas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la decisión de la ahora consejera Amaia Barredo (PNV) de autorizar el controvertido proyecto de gestión de residuos en Bergara Valogreene Paper en 2022, cuando era viceconsejera de Medio Ambiente en el equipo de Arantxa Tapia. Este intento fallido, además, supondrá previsiblemente un coste de unos 10.000 euros a las arcas públicas, ya que el alto tribunal está imponiendo al Ejecutivo autonómico el abono de 2.000 euros más IVA en concepto de costas por cada uno de los procedimientos.
¿Qué es Valogreene Paper? La empresa Greene Waste to Energy planteó un proyecto en el polígono Larramendi de la localidad guipuzcoana. Inicialmente, recibió el visto bueno del Ayuntamiento, en manos de EH Bildu. Pero al entender que la naturaleza del plan había sod cambiada de forma sustancial, de un proyecto aparentemente industrial a otro de gestión de residuos, la institución municipal que dirige Gorka Artola emitió un dictamen negativo 'a posteriori'. Pese a ello, Medio Ambiente del Gobierno vasco, en manos del PNV, concedió igualmente la autorización ambiental con la firma de Barredo.
En este contexto, se abrió un triple frente judicial. Por un lado, la Fiscalía denunció a Barredo y a su colaborador Javier Aguirre Orcajo por un presunto delito de prevaricación, que comporta la inhabilitación para el cargo público. La causa se inició cuando la ahora consejera pasó en 2023 a la Diputación de Álava pero, al entrar al Gobierno vasco y convertirse en aforada, finalmente se residenció en la sala civil-penal del Superior vasco, que archivó las actuaciones después de meses de peloteo con el juzgado de origen de Vitoria y sin que conste que realizara ninguna actuación de investigación.
Por otro lado, la empresa promotora buscó en lo contencioso-administrativo revocar la actuación del Ayuntamiento de Bergara. Lo logró y ganó en un juzgado de Donostia. La presidenta del PNV en Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha llegado a asegurar en estos años que aquí la prevaricación la podría haber cometido EH Bildu.
Sin embargo, esta vía quedaba supeditada a los pronunciamientos de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior. Allí se estudiaron hasta cuatro recursos para anular la firma de Barredo. Y todas las sentencias coincidieron en dar la razón a los demandantes, que eran Ekologistak Martxan, el Ayuntamiento de Bergara, una funcionaria municipal a título particular y un vecino de la zona afectada.
En verano, los servicios jurídicos del Gobierno vasco elevaron cuatro recursos al Supremo por la vía de la casación para intentar salvar la autorización del proyecto Valogreene Paper y la actuación de Barredo y Aguirre Orcajo. Pero el Supremo los ha desestimado sin siquiera entrar al fondo y hará firme la anulación de la autorización. Según alegan los magistrados Pablo Lucas, Diego Córdoba, José Luis Requero, Rafael Toledano y Ángeles Huet, procede la “inadmisión” de las pretensiones del Gobierno vasco por “falta de fundamentación suficiente” del recurso. “No basta la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia [del Superior] lesiona los intereses generales”, le afea el Supremo a los letrados autonómicos. Además, se aprecia “carencia” de “interés casacional”.
Este periódico ha accedido a la resolución de uno de los cuatro recursos, notificada este jueves, pero fuentes judiciales afirman que es altamente probable que todos ellos sean resueltos en el mismo sentido, ya que el asunto es idéntico. Esto supondría que se multiplicarían por cuatro las costas procesales de 2.000 euros más IVA que tendrá que abonar el Gobierno autonómico. La consejera Barredo, titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siempre ha defendido que operó en Valogreene Paper siguiendo los criterios técnicos de los funcionarios de Medio Ambiente.
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