El Gobierno vasco eleva cuatro recursos al Supremo para salvar la autorización de Amaia Barredo a Valogreene Paper

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han formalizado ya cuatro recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Es uno por cada una de las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anularon la autorización firmada en 2022 por la ahora consejera, Amaia Barredo, entonces como viceconsejera, al proyecto Valogreene Paper de la localidad guipuzcoana de Bergara.

Aunque el asunto quedó archivado en la vía penal, en lo contencioso-administrativo sí se estimó que fue irregular la concesión después de que el Ayuntamiento, en manos de EH Bildu, rectificara su visto bueno inicial al entender que el proyecto presentado no se ajustaba a la realidad de la actividad pretendida por la empresa promotora, Greene Waste to Energy. Ahora, el Gobierno busca que una instancia superior enmiende estos fallos, conocidos a comienzos de junio.

Los procesos contencioso-administrativos fueron cuatro a raíz de los recursos separados del Ayuntamiento de Bergara, de una funcionaria, de un vecino del municipio y de Ekologistak Martxan. Aunque planteaban argumentos diferentes, todas las resoluciones coincidieron en anular la autorización firmada por Barredo y en cuya tramitación participó también el director a su cargo, Javier Aguirre Orcajo.

Los letrados del Gobierno vasco, como había adelantado la consejera-portavoz, María Ubarretxena, formalizaron el 10 de julio los cuatro recursos para defender la actuación de Barredo. El trámite requiere un trámite previo en el propio Superior que, al menos en un caso, ya está resuelto, según fuentes judiciales. Se espera que ocurra lo mismo con los otros tres. Se dará audiencia a las otras partes para que formulen sus alegaciones.

En su argumentación, el Gobierno vasco vuelve a cargar contra el Ayuntamiento de Bergara y apela a una sentencia de un juzgado de Donostia -que ahora ha de revisar el Superior- en la que le afeaba el cambio de postura. En uno de los recursos reseña que “todo apunta” a que por el “rechazo vecinal” al proyecto Valogreene Papel EH Bildu buscó un “pretexto” o una “excusa” para cambiar su visto bueno inicial y que lo hizo “basándose en un supuesto cambio de proyecto”. El PNV de Gipuzkoa llegó a acusar de “prevaricación” al alcalde, Gorka Artola.

El fallo inicial, en todo caso, indicaba que el Gobierno no podía no atender a los informes municipales preceptivos, en este caso a los negativos, porque estaban en vigor cuando lo tocó tramitar la autorización ambiental. Solamente ahora han quedado anulados con la sentencia de Donostia. En 27 folios, el Ejecutivo autonómico defiende con vehemencia su forma de actuar y demanda que el Supremo enmiende la plana al Superior. Señala que este pronunciamiento es “esencial” para “unificar criterios interpretativos” en materia de autorizaciones ambientales.