El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado este lunes lo que ya deslizó en el Parlamento Vasco el 16 de abril: en los próximos días estampará su firma en un decreto autonómico con medidas para tratar de salvar el máximo posible de restricciones contra la COVID-19 una vez decaiga el estado de alarma, algo previsto para el 9 de mayo. Sin renunciar a buscar que el Gobierno de Pedro Sánchez prorrogue el régimen excepcional, Urkullu promulgará un paquete de medidas propio cuyo alcance aún se desconoce pero que, con toda probabilidad, no podrá establecer el cierre perimetral de la comunidad autónoma o el toque de queda. Ha dicho que prevé para este decreto una vigencia de un máximo de seis semanas.
A finales de esta semana, seguramente este viernes, Urkullu reunirá a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, un órgano llamado Labi en el que están varios consejeros, los alcaldes de las capitales, los diputados generales y también el delegado del Ejecutivo central, Denis Itxaso. Este órgano, que durante este segundo estado de alarma ha sido el competente para suavizar y endurecer las medidas en cada oleada, afronta ahora su reunión más compleja, con la comunidad autónoma todavía en alerta roja y sin enganche jurídico para mantener algunas limitaciones de derechos fundamentales como la libertad de circulación o de reunión. Euskadi ya tiene experiencia previa de medidas propias echadas para atrás por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que o quedaron en recomendación -ocurrió en agosto- o supusieron la solicitud del estado de alarma -en octubre-.
En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a un centro de Eroski, Urkullu ha confirmado la convocatoria del Labi. “A nosotros nos corresponde trabajar por identificar las medidas para preservar la salud individual y colectiva” , ha indicado. Y ha añadido: “A lo largo de esta semana trabajaremos un decreto que en todo caso tendrá que estar en vigor el lunes 10 de mayo contando con esas medidas y buscando la efectividad en un plazo de cuatro, cinco o seis semanas”. El plazo que ha ofrecido no es baladí, ya que se prevé que en junio el Parlamento apruebe definitivamente una nueva ley que ya tramita. No obstante, ese marco supedita también los límites de movilidad y el toque de queda al estado de alarma.
En paralelo, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha alertado desde los micrófonos de Euskadi Irratia de los riesgos que los desplazamientos pueden acarrear para la situación epidemiológica si se levanta el estado de alarma y un vasco puede viajar a Extemadura o viceversa. 71 de los 251 municipios están en alerta roja, incluidos Bilbao y Donostia. En Gipuzkoa el 90% de la población está en zonas con altísima transmisión comunitaria, con tasas que llegan a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en municipios de mediano tamaño como Legazpia.
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elDiario.es/Euskadi
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