Denuncian el desalojo de 17 migrantes sin hogar de la estación de autobuses de Badajoz, pero el Gobierno lo niega
La estación de autobuses de Badajoz dejó de ser anoche un refugio precario para convertirse en el escenario de una intervención policial. En torno a las 23:00 horas, la Policía Nacional procedió al desalojo de 17 personas migrantes que pernoctaban en las dársenas del recinto, ya que el resto de instalaciones se cierran por la noche y no pueden ser usadas.
Sin embargo, en delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha aclarado que estas personas “se fueron voluntariamente” después de que la Policía Nacional las identificara.
Según han confirmado colectivos sociales que siguen de cerca la situación, el desalojo se llevó a cabo sin que mediara ningún incidente previo. Los afectados utilizaban las dársenas de la estación como última opción ante la falta de plazas en albergues y centros de emergencia, una carencia estructural que la ciudad arrastra desde hace meses.
“No han dado problemas”
La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) ha exigido explicaciones urgentes a la Delegación del Gobierno. Desde el colectivo consideran “incomprensible” que se fuerce la salida de estas personas cuando muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de regulación administrativa. “La Delegación tiene que dar una respuesta. No ha habido ningún problema con estas personas que están viviendo allí”, denuncia Pedro Carrasco, miembro de Acibapem. “El sistema actual no tiene capacidad de alojamiento y lo que se ha hecho es, sencillamente, dejar a gente que no tiene dónde dormir en la calle lloviendo. Así que entre todas las instituciones deberían encontrar una solución para estas pocas personas en situación de calle”.
Lo ocurrido en Badajoz no es un hecho aislado. En el último año, diversas capitales han optado por la vía policial para gestionar la presencia de personas sin hogar en infraestructuras de transporte, a menudo priorizando la “imagen” de las instalaciones sobre el auxilio social.
“No ha habido orden de ningún tipo”
José Luis Quintana ha desmentido que la Delegación del Gobierno hubiera dado orden para el desalojo de las personas sin hogar y ha explicado que el vigilante jurado de la estación de autobuses, espacio sobre el que tiene competencia la Junta de Extremadura, llamó a la Policía Nacional para informar de que una serie de personas querían pernoctar allí. Tras este aviso, acudió al lugar una patrulla policial que “simplemente las identificó” y, posteriormente, estas personas abandonaron “voluntariamente” el recinto.
Por lo tanto, según Quintana, no había “ninguna orden de ningún tipo, ni de desalojos ni de nada” y ha atribuido las consideraciones al respecto como “conclusiones retorcidas”.
Además, ha recordado que las competencias que el Gobierno central tiene al respecto son las de facilitar alojamiento a las personas que están en trámite de pedir asilo.