Ceuta: ni invasión ni episodio espontáneo
A primera hora del 2 de agosto, el balance oficial mantenía en 72 el número de cuerpos recuperados por la Guardia Civil en el mar y las costas de Ceuta durante los recientes intentos de entrada. Pero no se trata todavía de una cifra definitiva ni permite atribuir todos los fallecimientos a las horas centrales del 30 de julio. Los buzos continuaban rastreando el fondo marino y algunos cadáveres presentaban un grado de descomposición compatible con entradas producidas durante las dos semanas anteriores. Fuentes españolas aseguran, además, que las autoridades marroquíes también están recuperando víctimas al otro lado de la frontera, sin que Marruecos haya publicado un balance conjunto.
La identificación apenas ha comenzado. Según una fuente funeraria que ha visto los cuerpos, entre las víctimas hay numerosos adolescentes y «bastantes chiquillos» que aparentan entre 12 y 14 años, aunque todavía no existe un desglose forense oficial por edades. Hasta el sábado sólo se tenía constancia de una mujer entre los cadáveres recuperados; la mayoría parecían jóvenes marroquíes, pero también había personas subsaharianas, incluido algún menor. Las familias continúan difundiendo fotografías de desaparecidos y aportando datos para cotejarlos con huellas, imágenes, ropa y muestras de ADN. La investigación e identificación de las víctimas continúa mientras se teme que haya más cuerpos en el mar.
Tampoco conocemos todavía con precisión cuántas personas entraron. El Ministerio del Interior calcula que fueron algo más de 50.000, concentradas principalmente durante el jueves 30, mientras el Gobierno ceutí eleva la estimación por encima de 60.000 (e incluso 70.000) durante tres días. En cualquier caso, hablamos de una ciudad de unos 84.000 habitantes. La mayor parte eran jóvenes marroquíes, aunque también había argelinos y una presencia aparentemente muy minoritaria de personas subsaharianas.
La extraordinaria dimensión de lo sucedido ha favorecido dos explicaciones contrapuestas, ambas demasiado cómodas. Para unos, Ceuta habría sufrido una «invasión». Para otros, se habría producido poco más que una concatenación espontánea de decisiones individuales, estimulada por unos vídeos en redes sociales y por una interpretación equivocada de una sentencia del Tribunal Supremo. La primera explicación convierte a personas desarmadas —muchas de ellas menores y familias— en un ejército. La segunda convierte una movilización de decenas de miles de personas hacia una de las fronteras más vigiladas de África en una especie de fenómeno meteorológico. Es posible rechazar ambas.
No fue una invasión. En el lenguaje jurídico internacional, una invasión no se determina calculando el número de quienes cruzan una frontera ni comparándolo con la población del territorio al que acceden. La definición de agresión adoptada por Naciones Unidas en 1974 sitúa la invasión dentro del uso de la fuerza armada: consiste en la entrada de las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado. También contempla el envío estatal de grupos armados o fuerzas irregulares, siempre que sus actos alcancen una gravedad equiparable. La Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU no establece ningún porcentaje de población a partir del cual una entrada civil se transforme en invasión.
En Ceuta no hemos visto tropas marroquíes ocupando territorio español ni grupos armados actuando por cuenta de Marruecos. Las imágenes muestran algo muy distinto: personas desarmadas en su inmensa mayoría que avanzaban a pie, sorteaban el espigón o se arrojaban al mar. Hablar de «invasores» borra sus historias personales, facilita su deshumanización y convierte la respuesta militar en la reacción aparentemente natural ante un enemigo. Negar esa calificación no obliga, sin embargo, a minimizar lo ocurrido. Fue una entrada irregular masiva, una pérdida temporal del control efectivo de la frontera y una emergencia humanitaria y de seguridad de dimensiones excepcionales. Afectó gravemente a la vida de Ceuta, desbordó sus recursos y produjo temor entre sus habitantes. Reconocerlo no es xenofobia. La protección de los derechos humanos no exige negar los hechos, sino describirlos sin convertir a las personas en armas por el mero hecho de que alguien pueda haber instrumentalizado su sufrimiento.
La espontaneidad tampoco lo explica todo. El Gobierno español atribuye el episodio a redes de tráfico de personas que habrían difundido una interpretación falsa de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Según ese relato, miles de jóvenes creyeron que entrar a nado les garantizaba permanecer en España. La desinformación pudo actuar como desencadenante y las redes sociales permiten hoy movilizaciones súbitas que hace algunos años hubieran requerido estructuras organizativas mucho más visibles.
Ya se han localizado mensajes en TikTok y otras redes que aseguraban que «la frontera está abierta y se puede pasar sin papeles». Algunos jóvenes reconocen que se dirigieron a Ceuta después de recibirlos. Pero una publicación viral puede extender una expectativa falsa; no explica por sí sola cómo decenas de miles de personas procedentes de diferentes lugares llegaron casi simultáneamente a las proximidades del Tarajal. Tampoco aclara quién originó los mensajes, qué redes facilitaron los desplazamientos, si hubo transportes colectivos organizados ni por qué los servicios de inteligencia españoles y marroquíes fueron incapaces de detectar una concentración humana de semejante tamaño.
El Gobierno español ha reconocido que no disponía de información previa suficiente: «Si la tienes, no entran 50.000 personas de la forma en que lo han hecho en 24 horas», admitió un miembro del Ejecutivo. Pero sí existían señales. Los intentos de entrada habían pasado de aproximadamente 500 entre el 29 de junio y el 12 de julio a unos 1.300 durante las dos semanas siguientes. El presidente de Ceuta había advertido de la presión creciente y la Guardia Civil había informado del aumento de llegadas a nado. La reconstrucción de los días anteriores muestra que no se previó la magnitud del acontecimiento, pero sí existían indicios.
La situación de los menores era una de esas señales. El 28 de julio Ceuta tutelaba a 472 menores extranjeros no acompañados. El jueves 30 ya eran alrededor de 700 y, antes de que pudiera calcularse el efecto completo de la entrada masiva, las instalaciones municipales llegaron a acoger a 770. No existe todavía una estimación de cuántos menores formaban parte de las 50.000 o 60.000 personas que cruzaron. El CETI, con capacidad aproximada para 520 personas, llegó a alojar a unas 900, mientras centenares permanecían en sus inmediaciones o dormían en las calles. Los servicios de menores reconocieron que carecían de capacidad para registrar y atender a todos los niños y adolescentes.
La actuación marroquí plantea todavía más interrogantes. Periodistas presentes en Castillejos observaron tres líneas de gendarmes, vehículos antidisturbios, tanquetas y un camión lanzaagua. Al mismo tiempo, miles de personas avanzaban por la playa hacia Ceuta, pasando a escasa distancia de los agentes sin ser interceptadas. Un funcionario local llegó a explicar que quienes descendían hacia la costa seguirían pasando porque aquello era «un problema que tiene España» y «cosas de la diplomacia». Las fuerzas marroquíes comenzaron a cargar y a dispersar a los grupos posteriormente. La crónica desde el lado marroquí describe esa tolerancia selectiva.
Esto no demuestra que el Gobierno de Marruecos planificara la operación. Entre la orden directa de Mohamed VI y la absoluta espontaneidad existen varias posibilidades: descoordinación, saturación de los servicios, retraso en la transmisión de órdenes, permisividad de autoridades locales, conocimiento previo sin intervención o una tolerancia temporal destinada a enviar un mensaje político. Afirmar cualquiera de ellas como certeza sería irresponsable. Negarse a investigarlas también lo sería. La palabra connivencia no tiene que significar necesariamente que una operación fuese diseñada desde el palacio real. Puede consistir en saber que algo va a suceder, disponer de capacidad para impedirlo y decidir no actuar durante un periodo determinado. Los datos disponibles no permiten dictar sentencia, pero sí convierten esa hipótesis en una posibilidad razonable que debe ser examinada.
La eficacia posterior no borra la pasividad anterior. Marruecos demostró después una capacidad extraordinaria para detener nuevas salidas, restablecer el control y aceptar el regreso de decenas de miles de personas. Fernando Grande-Marlaska ha agradecido esa cooperación y le atribuye, junto con el despliegue español, que la situación se revirtiera en menos de 48 horas. El agradecimiento puede estar justificado respecto de la resolución de la crisis. España necesitaba la cooperación marroquí para impedir nuevos cruces y facilitar los regresos. Mantener un canal diplomático abierto y permitir que Rabat encontrase una salida institucional resultaba probablemente indispensable.
Pero ese reconocimiento describe solamente la segunda mitad de la historia. Si Marruecos pudo controlar con tanta rapidez el flujo y recibir en pocas horas a quienes regresaban, resulta todavía más necesario explicar por qué no empleó esa capacidad cuando las personas se estaban concentrando y dirigiendo hacia el mar. La eficacia posterior no demuestra la connivencia anterior, pero tampoco la desmiente.
Algo parecido sucede con la cifra de regresos. El Ministerio del Interior informó el viernes de que 48.300 personas habían vuelto a Marruecos. Horas después, fuentes policiales elevaron la estimación a unas 53.000, mientras el Gobierno español mantenía en 50.000 el número total de entradas y el Ejecutivo ceutí hablaba de más de 60.000. Las propias fuentes policiales reconocían que era más fácil contar las salidas por el paso fronterizo que las entradas producidas por diferentes lugares. Todo ello hasta las 73.000 personas reingresadas de las que se ha informado.
La discrepancia puede deberse a personas que entraron y salieron más de una vez, a intentos anteriores incluidos en el cómputo o, sencillamente, al carácter aproximado de todas las estimaciones. Por ello, tampoco puede afirmarse con exactitud cuántas permanecen en Ceuta. El Gobierno habló inicialmente de menos de 2.000, mientras los últimos controles localizan todavía a centenares escondidos en colinas y zonas alejadas de los puntos más vigilados.
La mayoría parece haber regresado sin que se empleara directamente la fuerza contra ella. En esos casos no estaríamos propiamente ante una «devolución en caliente»: un adulto que decide cruzar de nuevo hacia Marruecos está ejerciendo su libertad de salida y no necesita necesariamente ser sometido a un expediente de expulsión para que España le permita marcharse. No obstante, convendría emplear con prudencia la palabra voluntario. Ceuta estaba prácticamente cerrada, no había alimentos ni alojamiento suficientes, la salida hacia la península resultaba imposible y policías y militares comunicaban a las personas que debían regresar. Algunos menores declararon que los militares los estaban «echando» o conduciendo hacia la frontera. Ausencia de violencia física no equivale siempre a una decisión plenamente libre.
La formulación más rigurosa sería afirmar que decenas de miles de personas cruzaron de nuevo hacia Marruecos sin que hasta ahora se haya documentado contra ellas una coacción física generalizada, pero dentro de unas condiciones materiales y policiales que restringían severamente sus alternativas. Además, incluso ante salidas espontáneas debe existir un mecanismo mínimo que permita detectar a menores no acompañados, posibles víctimas de trata, personas necesitadas de asistencia médica, ciudadanos de terceros países y quienes manifiesten su voluntad de solicitar asilo. Sin identificación o al menos un cribado básico tampoco podremos saber cuántos menores cruzaron, cuántas personas entraron más de una vez ni qué ocurrió con quienes ahora son buscados por sus familias.
Los derechos humanos exigen conocer la verdad. Amnistía Internacional, CEAR y otras organizaciones actuaron correctamente al recordar la prohibición de las expulsiones colectivas, la necesidad de garantizar el acceso al asilo, la protección de los menores y la obligación de evitar un uso excesivo de la fuerza. Amnistía pidió expresamente que España y Marruecos situaran la dignidad y los derechos humanos en el centro de su respuesta. Esas advertencias siguen siendo necesarias. Pero las organizaciones de derechos humanos deberían también actualizar su análisis a medida que se conocen nuevos datos. No todo regreso espontáneo constituye una devolución ilegal, como tampoco toda presencia policial equivale a represión. Del mismo modo, proteger a las personas migrantes no consiste únicamente en vigilar la actuación española: exige reclamar información a Marruecos, investigar las circunstancias de las muertes, reconstruir la cadena de movilización y determinar qué autoridades conocían lo que estaba sucediendo.
Pedro Sánchez tiene razones para criticar a los gobiernos europeos que han presentado la entrada en Ceuta como si decenas de miles de personas hubieran accedido automáticamente al continente. Ninguna llegó a la península y Ceuta mantiene controles específicos en sus comunicaciones con ella. La propuesta de excluir a España del espacio Schengen carece de una base jurídica clara y los controles introducidos por Italia parecen tener una finalidad principalmente política. Sin embargo, Sánchez se equivoca al mezclar todas las reacciones europeas. La carta firmada por 22 gobiernos reclama también coordinación, refuerzo de Frontex y una evaluación de la cooperación con Marruecos; en parte, solicita la misma reunión extraordinaria que el presidente español. Las posiciones no son idénticas, aunque el debate político tienda a presentarlas como dos bloques enfrentados.
La crítica a Europa tampoco debería servir para ocultar los fallos españoles de prevención ni para aceptar sin pruebas suficientes que unas «mafias» indeterminadas pudieron movilizar por sí solas a decenas de miles de personas. Si el Gobierno sostiene esa acusación, debe identificar las redes, explicar su capacidad logística y presentar los resultados de las investigaciones. No tenemos que escoger entre denominar «invasores» a quienes se arrojaron al mar y aceptar que todo ocurrió espontáneamente. Tampoco entre defender la soberanía fronteriza y reconocer el derecho de cada persona a no morir, no ser golpeada y solicitar protección. Una democracia debe ser capaz de proteger simultáneamente la frontera, la dignidad humana y la verdad.
Las preguntas fundamentales continúan abiertas: quién inició y amplificó los mensajes, cómo llegaron decenas de miles de personas casi al mismo tiempo, qué instrucciones recibieron las fuerzas marroquíes y cuándo cambiaron, por qué España no fue advertida, cuántas personas murieron a cada lado de la frontera, cuántos menores siguen desaparecidos, quién identificará los cuerpos y responderá ante sus familias. No formular esas preguntas por temor a alimentar a la extrema derecha sería un error. La xenofobia crece también cuando las instituciones parecen ocultar o minimizar lo evidente. Pero responderlas mediante acusaciones sin pruebas sería reproducir la misma lógica que debemos combatir.
Los al menos 67 muertos no pueden quedar reducidos al coste inevitable de una crisis que, según el Gobierno, fue «revertida» en 24 horas. Algunos eran apenas niños. El número definitivo puede ser mayor y quizá nunca conozcamos a todas las víctimas. Proteger a quienes cruzaron y esclarecer quién hizo posible un cruce masivo y mortal forman parte de una misma obligación ética. La defensa de los derechos humanos comienza reconociendo a las víctimas como personas; continúa devolviéndoles su nombre y averiguando por qué murieron y quién pudo evitarlo.