La Junta de Extremadura pedirá pruebas de edad a menores migrantes cuando existan dudas sobre su edad real

La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía de Menores autorización para practicar pruebas de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan dudas sobre la veracidad de la edad declarada. Asimismo, recurrirá ante los tribunales los nuevos traslados de estas personas desde otros puntos del país. A partir de ahora, más allá de la vía administrativa que se viene aplicando, recurrirá y “agotará” todas las vías legales a su alcance, y judicializará, todas aquellas decisiones que supongan “un traslado desde otras partes de España” de “teóricos” menores migrantes no acompañados a la región.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, quien ha asegurado que el sistema de acogida de la comunidad autónoma se encuentra actualmente “al límite” de su capacidad.

Según los datos facilitados por el responsable autonómico, en estos momentos hay 104 menores extranjeros no acompañados protegidos por el sistema de acogida de la Junta de Extremadura.

Fernández Calle ha precisado que las pruebas para determinar la edad no se solicitarán de manera generalizada, sino únicamente en aquellos casos en los que “no haya garantía fehaciente” de la edad declarada o exista “sospecha” de que esta no se corresponde con la edad real de la persona acogida.

En esta línea, ha subrayado el “compromiso claro” de “defender los intereses de los extremeños”, actuando para ello también “de manera frontal” contra la “inmigración ilegal, masiva y descontrolada que ampara el Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.