Los orientadores escolares de Extremadura exigen una respuesta urgente a la Junta tras 15 días de silencio
Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Extremadura han vuelto a dirigirse a la Consejería de Educación para exigir una respuesta urgente sobre una cuestión que consideran esencial para el desarrollo de su trabajo: cómo deben realizar los desplazamientos necesarios para atender a los centros educativos ubicados fuera de la localidad donde tienen su sede. Dos semanas después de la reunión celebrada el 9 de octubre en Mérida con responsables de la Administración autonómica, los profesionales aseguran que siguen sin recibir ninguna contestación.
En un nuevo escrito remitido a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez Labrador, los orientadores recuerdan que la solicitud de asesoramiento ya había sido presentada previamente por escrito y que fue reiterada durante aquel encuentro. “Consideramos urgente esta solicitud, que ya se efectuó en su día por escrito, y se reiteró en la reunión mantenida hace 15 días, sin que hasta ahora hayamos tenido ninguna respuesta”, señalan en el documento.
La petición se enmarca en el conflicto que mantienen con la Junta de Extremadura por el uso de vehículos particulares para realizar desplazamientos laborales. Los y las profesionales reclaman que la Administración aclare qué medios deben emplear para garantizar la atención a los centros educativos dispersos por el territorio sin que el servicio dependa de la disponibilidad de sus propios coches.
Más allá de una reivindicación económica, los orientadores cuestionan que la Administración considere implícitamente sus vehículos privados como un recurso necesario para la prestación del servicio público. Por ello reclaman alternativas que permitan desarrollar su labor sin asumir personalmente los costes, responsabilidades y riesgos derivados de los desplazamientos.
El respaldo de 273 profesionales
El conflicto afloró públicamente a finales de septiembre, cuando los orientadores anunciaron que dejarían de poner sus vehículos particulares a disposición de la Administración si no se alcanzaba una solución. Según los datos facilitados por el colectivo, 273 de los 303 profesionales que integran los equipos de orientación de Extremadura respaldaron el escrito presentado ante la Junta.
El detonante inmediato de la controversia fue la modificación de las indemnizaciones por razón de servicio. Aunque la compensación por kilometraje pasó de 22 a 26 céntimos por kilómetro, los profesionales muestran su desacuerdo con los cambios introducidos en el acceso a la media dieta. La nueva regulación exige regresar al centro de trabajo después de las 16.00 horas para percibir esa compensación, cuando anteriormente bastaba con hacerlo a partir de las 15.00 horas.
Los orientadores sostienen que este requisito perjudica especialmente a quienes desarrollan gran parte de su jornada en centros educativos de distintas localidades y regresan antes de esa hora pese a haber realizado largos recorridos. Por ello reclaman un sistema que tenga en cuenta las características reales de su trabajo y no dependa exclusivamente de la hora de regreso.
La situación afecta a profesionales que realizan evaluaciones psicopedagógicas, seguimiento del alumnado, asesoramiento a docentes y familias, elaboración de informes especializados y coordinación con numerosos centros educativos. En una comunidad autónoma marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural, los desplazamientos forman parte inseparable de su actividad cotidiana.
La advertencia de posibles sanciones
La tensión se incrementó el 1 de octubre, cuando la Consejería de Educación remitió una comunicación a los equipos en la que advertía de posibles consecuencias disciplinarias si se negaban a efectuar determinados desplazamientos sin que existiera una convocatoria formal de huelga. La Administración argumentaba que esa negativa podría interpretarse como un incumplimiento de los deberes profesionales o una dejación de funciones.
En ese mismo escrito se convocó a representantes de los equipos a la reunión con el objetivo de abordar el conflicto. Tras esa comunicación, UGT Servicios Públicos de Extremadura pidió a la Consejería que aclarara el fundamento jurídico de dichas advertencias, especificara las posibles infracciones y aportara la documentación que sustentaba esa interpretación.
Los orientadores han defendido en todo momento que no pretenden abandonar sus funciones ni dejar de prestar atención al alumnado. Su reivindicación, insisten, se centra en las condiciones materiales necesarias para desarrollar el trabajo y en la obligación de la Administración de garantizar los medios adecuados para los desplazamientos laborales.
La nueva reclamación pone de manifiesto que los profesionales continúan sin instrucciones concretas sobre cómo actuar. El escrito no reclama únicamente una mejora económica, sino una respuesta operativa que permita resolver un problema que afecta a la organización diaria del servicio.
Una negociación abierta desde 2025
La cuestión de la movilidad se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción de una negociación que se prolonga desde hace más de un año. Según explican los profesionales, en julio de 2025 representantes de los equipos de Cáceres y Badajoz ya mantuvieron reuniones con responsables de Educación para abordar posibles fórmulas de compensación de los desplazamientos y el reconocimiento de los EOEP como centros educativos. Sin embargo, aseguran que aquellos compromisos no llegaron a concretarse en medidas efectivas.
Posteriormente, en abril, UGT volvió a solicitar una reunión urgente con la Consejería al denunciar que una petición registrada en noviembre de 2025 seguía sin respuesta. El sindicato también trasladó otras reivindicaciones relacionadas con el acceso a puestos de asesoría en los Centros de Profesores y de Recursos y con la participación de estos profesionales en programas Erasmus.
A estas demandas se suma la petición de reconocimiento económico para quienes desempeñan funciones directivas dentro de los equipos de orientación, que consideran insuficientemente valoradas las responsabilidades de coordinación y gestión que asumen.
Por su parte, la Administración sostiene que los desplazamientos están cubiertos mediante la correspondiente indemnización por kilometraje y ha señalado que las reivindicaciones continúan siendo objeto de análisis, incluida la posibilidad de estudiar fórmulas complementarias de compensación o alternativas de transporte.
Mientras esa respuesta no llega, los equipos de orientación mantienen abierta una reclamación que va más allá del debate sobre dietas o kilometraje. Lo que exigen ahora es una instrucción clara sobre cómo deben desplazarse para seguir atendiendo a los centros educativos repartidos por la geografía extremeña sin que la prestación del servicio dependa de la utilización de vehículos privados.