El juicio a los tres menores acusados de matar a una educadora en Badajoz será el 19 de septiembre
La audiencia por la muerte de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz en marzo de este año se celebrará el próximo 19 de septiembre, con tres menores investigados por estos hechos y para quienes la Fiscalía pide entre cinco y seis años de internamiento por un delito de asesinato.
La vista, que será a puerta cerrada, se celebrá en el Juzgado de Menores 1 de Badajoz, aunque a tenor del número de testigos previstos no se descarta que se desarrolle en otro juzgado o que la audiencia se prolongue más de un día.
Las diligencias judiciales abiertas se siguen por los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
De 35 años y natural de Castuera (Badajoz), la auxiliar técnico educativa fue agredida mortalmente el pasado 10 de marzo en el piso tutelado en el que trabajaba, donde residían en régimen abierto los tres menores investigados -dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17-, quienes fueron detenidos horas después del suceso.
Tras la agresión mortal, los tres menores cogieron las llaves del coche de la víctima y condujeron en dirección a Mérida. Sin embargo, tuvieron un accidente de tráfico a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 30 kilómetros de la capital extremeña.
La Fiscalía de Menores de Badajoz considera a los tres menores responsables de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, y solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones mientras que pide cinco años para la menor. Desde su detención, los menores permanece internados en régimen cerrado.
Ese mismo día, compañeros de trabajo de la educadora fallecida y representantes de diversos sindicatos se manifestaron ante las puertas del centro de acogida de menores de Badajoz para exigir medidas dirigidas a salvaguardar su seguridad.
Una auxiliar técnico que ejerció como portavoz en la concentración afirmó que su compañera fallecida había denunciado días antes de la agresión a uno de los menores por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no contaba con cámaras ni personal de seguridad.