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El Ayuntamiento de Santiago irrita al vecindario de Galeras, que lleva las obras a la Fiscalía

Vecinos y vecinas de Galeras protestan ante las obras

David Lombao

Apagar el fuego con gasolina. Esta parece ser la estrategia, premeditada o no, del Ayuntamiento de Santiago respecto al conflicto abierto en el barrio de Galeras, donde el vecindario se moviliza desde hace días para intentar frenar lo que considera la “privatización” de un trozo de su parque para construir el acceso a un aparcamiento privado. Lejos de intentar calmar los ánimos, la portavoz del Gobierno local y edil de Urbanismo, María Pardo, que ya intentó sin éxito convencer a los asistentes a la protesta del pasado sábado, los ha alterado más aun al hablar de la movilización como un fruto de la manipulación polítíca y del manejo de información “falsa”.

Valiéndose de uno de los esquemas dialécticos más clásicos a la hora de intentar desdeñar protestas ciudadanas, Pardo procura desplazar el debate más allá de lo evidente, la oposición a la destrucción de parte de un parque, para considerar que el vecindario se está basando en datos “proporcionados” por “intoxicadores profesionales”, tales como miembros de la oposición municipal, personal del Ayuntamiento, miembros del Colegio de Arquitectos “e incluso sindicalistas”. Acusa a todos estos colectivos porque algunos de sus miembros “estaban allí”, en la protesta, caso por ejemplo de la concejala socialista Mercedes Rosón o de la ex edil nacionalista Encarna Otero. Aunque sin llegar a teorizar sobre grupos itinerantes, Pardo sí mantiene que algunas de las personas que protestan no viven en el barrio y están movidas por “un interés muy grande en hacer Gamonales en Santiago”.

Precisamente la información que maneja el vecindario y que según el Ayuntamiento está repleta de “falsedades” está ya en manos de la Fiscalía. En declaraciones a la Cadena SER, uno de los portavoces vecinales, Manuel García Castro, explicaba este martes que, a través de un escrito han puesto en conocimiento del Ministerio público lo que está sucediendo “para que actúe em defensa del espacio público” y “contra la ocupación y cierre” de parte del parque, “hoy ya con la presencia de maquinaria”. La construcción de ese acceso “no se justifica por el bien público” y solo beneficia al propietario del aparcamiento, dice García Castro, que replica a la concejala advirtiéndola de que “no estamos intoxicados, estamos hartos”.

“El único intoxicado es el Ayuntamiento con las corruptelas”

La llamativa reacción política del Ayuntamiento tampoco pasó desapercibida para la oposición municipal, comenzando por una de las aludidas. “Llamar intoxicadores a los políticos, trabajadores del Ayuntamiento o del Consorcio y a los sindicalistas es propio de María Pardo y del PP y habla de otra época en la que la señora Pardo se encontraría mejor que en esta”, dice la socialista Mercedes Rosón, quien contrapone la movilización vecinal en “defensa de los intereses ciudadanos” con la “defensa de los intereses de una empresa” que, a su juicio, protagoniza la edil de Urbanismo. Para el PSdeG compostelano, la actitud del gobierno local es “vergonzosa”, más aun porque, asegura, mientras Pardo hablaba con los presentes en la protesta “su marido y su secretaria tomaban nota de los asistentes”. “Ninguno de los que estábamos allí le tenemos miedo”, advierte.

Los socialistas apoyan al vecindario y dudan de los intereses municipales en esta operación, como también lo hace el portavoz del BNG en el consistorio, Rubén Cela, para quien “el único que está intoxicado” en la capital gallega “es el Ayuntamiento, por las políticas del PP, por sus malas prácticas y por sus corruptelas”. Señala el nacionalista que, igual que “cuando la justicia actuaba” investigando al gobierno local María Pardo veía “una conspiración contra el PP”, ahora carga contra el vecindario “por reivindicar su derecho a tener información y a protestar ante una actuación que entienden que no es necesaria”. Los vecinos y vecinas “son mayores de edad” y “no tan fáciles de intoxicar”, asegura el concejal, para quien “criminalizar al discrepante es una de las actitudes características y clásicas del fascismo”.

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