Batalla cultural en las aulas: la cruzada política que impidió rebautizar un cole que no se quiere llamar Apóstol Santiago

Sólo hay un lugar en toda Galicia con el topónimo Almáciga: el monte más elevado de la ciudad de Santiago, hoy un barrio popular y a menudo olvidado por los propios compostelanos. Esta atalaya natural donde se vivió uno de los últimos capítulos de la Revolta Irmandiña, aquella rebelión campesina contra los privilegios de los señores en el siglo XV, acoge hoy, siglos después, una nueva batalla cultural: la que ha desatado la derecha contra la decisión –unánime– de la comunidad educativa de rebautizar el colegio con el nombre del sitio donde está emplazado. El problema no es la nueva denominación, sino la anterior, la que desaparecería: Apóstolo Santiago.

El Apóstolo Santiago –inaugurado en 1954 como Santiago Apóstol, rótulo que aún conserva en la fachada– fue el primer grupo escolar de la ciudad. Tras él vendrían muchos otros centros que, como él, pese a su carácter público, serían bautizados con nombres de esa Iglesia que ha marcado la historia de Compostela desde la Edad Media. Cardenal Quiroga Palacios, López Ferreiro, San Clemente o Pío XII son sólo algunos ejemplos. Curiosamente, en el Pío –el mayor colegio de la ciudad, con más de 600 alumnos–, un grupo de familias mira con atención lo que sucede en la Almáciga mientras estudian una alternativa similar.

La propuesta del cambio de nombre surgió del ANPA del Apóstolo, recogiendo un intento de unos años antes que no había llegado a fructificar. Detectaron la voluntad mayoritaria entre las familias de rebautizar el colegio y conseguir aumentar la identificación simbólica con el barrio. En el informe de diez páginas que presentaron a la asamblea de padres y madres se recogía “la necesidad de dotar al centro de una identidad educativa acorde con su realidad territorial, cultural y social”. Su propuesta enumeraba argumentos históricos, geográficos, sociológicos y pedagógicos. El Consello Escolar, el máximo órgano de gobierno de la comunidad educativa, lo respaldó por unanimidad.

Nada de eso sirvió. El PP local, envuelto en una campaña contra la regidora Goretti Sanmartín (BNG) que pasa por acusarla de atacar a todos los símbolos del compostelanismo –entre los que puede encontrarse el Camino de Santiago, pero también un festival de música con menos de diez años de antiguedad–, encontró un nuevo filón que explotar. Para el portavoz municipal, Borja Verea, esa iniciativa ya no partía de un grupo de familias que buscaba una mayor identificación entre colegio y barrio: era un ataque a la identidad de la ciudad. Y, ya de paso, al Apóstol.

Más papistas que el arzobispo

Agitar el fantasma del anticlericalismo contra los gobiernos a la izquierda del PSOE es un clásico en una ciudad que vive a la sombra de la catedral. En 2015, Martiño Noriega –regidor por la marea municipalista Compostela Aberta– sufrió furibundos ataques por su decisión de no participar en la ofrenda al Apóstol aunque, curiosamente, tanto entonces como ahora, quien menos hiperventiló fue el propio Arzobispado. Así fue el inicio de un mandato que vivió hasta su final bajo un fuego constante y que, visto hoy, parecía anticipar algunas de las campañas dirigidas contra Pedro Sánchez.

En las siguientes elecciones, Noriega perdió. El voto de la derecha respaldó el regreso del exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien siempre había convivido con comodidad tanto con la Iglesia como con la Xunta del PP. Una vez espantado el miedo al anticristo, cuatro años después esas papeletas retornaron a casa. Bugallo –al que ocho años de ausencia habían desconectado de una ciudad que conocía como la palma de su mano– quedó segundo por la izquierda tras el BNG de Sanmartin. Dimitió para irse al Senado pero su partido no quiso entrar en un gobierno tripartito con Bloque y Compostela Aberta que habría gozado de una cómoda mayoría absoluta. Era el preludio de la implosión del PSOE local, dividido hoy entre dos concejales que mantienen las siglas y cuatro no adscritos, que serán claves en esta historia.

Sanmartin tampoco asistió a la ofrenda –Noriega fue el primer alcalde en ausentarse, pero los nacionalistas, en la oposición, ya no participaban en el acto– y los argumentos de condena renacieron de cero, como si 2015 nunca hubiese existido. Desde entonces, Verea –candidato más votado, 11 concejales, a dos de la mayoría absoluta– ha seguido excavando esa veta. Cuando se conoció la decisión de la comunidad escolar del Apóstolo, volvió a señalar a la alcaldesa al insertar esa propuesta de las familias en un “peligroso proceso de eliminación de todo lo que significa Santiago de Compostela” por parte de un gobierno que “detesta todo lo que nos hace únicos e universales” y llamó a la ciudadanía a “frenar juntos este ataque constante del BNG y Goretti Sanmartín al compostelanismo”.

El llamamiento de Verea caía en terreno abonado. La prensa de derechas llevaba días poniendo el grito en el cielo. “Qué indigencia”, escribió en sus redes sobre el cambio de nombre un periodista de ABC. Por su parte, los medios locales amplificaban la campaña de recogida de firmas de una –una– exalumna, que atacaba las connotaciones “políticas” del cambio: “Es un problema que no podemos ignorar, especialmente porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y/o madres afines a sus ideas asisten a 'nuestra escuela'. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias”. La versión original, que todavía circula por capturas de internet, añadía rojos –sin el posterior lenguaje inclusivo– a ese independentistas. “Un colegio pertenece a toda la ciudad, no a una asociación en un momento concreto”, había dicho Verea. De los 100.000 habitantes de esa ciudad, apenas algo más de 800 habían respaldado el change.org durante sus tres primeras semanas de vida.

El pleno municipal

Tras la aprobación unánime del Consello Escolar, los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de nombre eran la luz verde del ayuntamiento y de la Xunta. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preocupado hasta casi la obsesión por lo que él llama “neutralidad ideológica” en las aulas, ya había enseñado la patita: “Andar cambiando nombres genera a veces ruidos innecesarios y esconde intereses que se ocultan de otra forma”, aseguró. Contrasta con el respaldo que recibió el colegio privado compostelano San Pelayo cuando se rebautizó como Emma o cuando, en el municipio vecino de Ames, el del obispo ultraconservador Guerra Campos fue sustituido por Val da Maía (el valle donde se ubican tanto Ames como Brión). Esta última decisión, por cierto, se hizo oficial el mismo día en el que, un centenar de kilómetros al norte, el instituto Carmen Polo pasaba a denominarse Terra de Ferrol.

Sin embargo, a Rodríguez le llegó el trabajo hecho después de que el pleno municipal tumbase la iniciativa. Lo que debería haber sido casi un trámite administrativo, dado el acuerdo total en el centro, mutó en una tensa sesión. Y eso, que, al inicio, el director del colegio, Luís Martínez, puso todo su esfuerzo en explicar de forma sensata una solicitud que, insistió, no iba “contra nadie, ni contra la compostelanidad ni contra el apóstol”.

Entre sus argumentos destacó la necesidad de ubicar el centro en el barrio –como los institutos de Sar o Fontiñas– y evitar las confusiones que genera el nombre actual. No fueron pocos los que, gracias a esta polémica, descubrieron no sólo dónde estaba el Apóstolo Santiago sino también que, pese a su nombre, no se trata de un colegio religioso. Martínez defendió por ello una denominación que permita identificarlo “claramente como centro educativo público aconfesional, plural y que no cause ningún tipo de duda o equívoco entre la ciudadanía”.

BNG, Compostela Aberta y los dos ediles socialistas respaldaron la decisión unánime de la comunidad educativa. El PP se opuso, tal y como había anunciado, pero fue la sorpresiva abstención de los cuatro concejales no adscritos la que tumbó la propuesta. Según denunció Verea, al finalizar el pleno, uno de los miembros del ANPA que asistían como público tocó en el hombro al portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, para llamarle “puto sinvergüenza”.

No tiran la toalla

Para las familias, con su voto, los 11 concejales del PP y los cuatro no adscritos “desautorizaron al órgano democrático y legítimo del colegio”. “Decidieron oponerse a la voluntad unánime del Consello Escolar de nuestro centro”, aseguraron en un comunicado, ya que “no sólo bloquearon un trámite administrativo”, sino que también “ignoraron dos años de participación, diálogo y consenso” que fructificaron en una decisión del ANPA y del profesorado que “cuenta con el apoyo del barrio”.

A Verea no le gustó el tono del escrito: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”, respondió en su propio comunicado. El ANPA ha convocado una asamblea general para el próximo día 18 donde estudiarán los nuevos pasos a dar, porque no han dicho la última palabra. Será un nuevo capítulo de esta batalla que ha convertido los deseos de la comunidad educativa en un daño colateral dentro de una guerra mayor.