Feijóo califica la Ley de Vivienda como “un atropello” aunque reconoce desconocer su contenido

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la visita que ha realizado este martes a las obras de la fase 0 del nuevo hospital de A Coruña. EFE/ Cabalar

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asume como propios parte de los postulados que su partido ha redactado a través de argumentarios para discutir la intención del Gobierno de aprobar una Ley de Vivienda que abra la mano por primera vez a la limitación del precio del alquiler. Feijóo ha calificado este miércoles ese proyecto como "un atropello", aunque ha reconocido que desconoce su contenido: "Lo que sabemos es por ustedes, los medios de comunicación", ha asegurado.

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Según el presidente gallego, la propuesta del equipo de Pedro Sánchez es "un apaño" para dar a entender que el Gobierno de coalición funciona y justificar que Unidas Podemos apoye el proyecto de presupuestos del ejecutivo del que forma parte. Se trata de ideas similares a las que se incluyen en los argumentarios que la formación que dirige Pablo Casado ha distribuido este martes entre sus principales dirigentes y portavoces. En esos guiones de discurso el PP recomendaba a sus principales cargos que explicasen a quien les pregunte que el proyecto de Vivienda suponen también "un ataque a la propiedad privada" que "afectará negativamente al mercado inmobiliario". Dos puntos clave en la argumentación de la formación conservadora que Feijóo ha preferido no mencionar.

La posición del barón gallego del PP, acostumbrado a decir con frecuencia que carece de competencias para gobernar, se centra en reclamar que solo él puede tomar partido en las políticas de vivienda que afecten a la comunidad gallega. "No vamos a aceptar una invasión de competencias", ha asegurado durante una intervención pública en la que ha anunciado que la Xunta ya ha enviado una carta a Madrid reclamando la convocatoria de una Conferencia Sectorial para que las comunidades puedan opinar sobre el proyecto. Mientras, el Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional.

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