Galicia se quedó sin 8.000 viviendas públicas en sólo dos años porque caducó su período de protección
Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, Galicia perdió casi 8.000 viviendas protegidas. Exactamente, 7.831. El motivo, que esos inmuebles, construidos con fondos públicos, fueron descalificados: finalizaron su período de protección –30 años para los pisos en propiedad y 15 para los de alquiler– y se incorporaron al mercado libre. Desde ese momento, podían ya venderse o alquilarse sin ningún tipo de restricción de precio ni renta. Fue en ese mismo 2023 cuando –después de años de inacción en los que, según el presidente Alfonso Rueda, no se “había detectado la necesidad”–, la Xunta decidió volver a promover vivenda pública, coincidiendo con la movilización de miles de pisos de la Sareb y el anuncio de la nueva ley de vivienda del gobierno central. En ese período, el número de nuevos pisos protegidos fue de sólo 248.
Los datos, adelantados por Faro de Vigo, proceden de las respuestas enviadas por la Xunta al Defensor del Pueblo para la redacción del informe La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. En ellas se recoge que, en enero de 2023, el parque gallego de viviendas protegidas –sumando las impulsadas por la administración y las de los promotores privados– se elevaba a 105.562. Veinticuatro meses después, en diciembre de 2024, sólo quedaban 97.979. El número de pisos a los que les caducó la protección fue similar en ambos ejercicios –3.913 frente a 3.822– y la cifra final se completa con otro centenar que pasaron al mercado libre de forma “anticipada”, aunque la Consellería de Vivienda no aclara las razones.
El informe del Defensor del Pueblo se publicó este martes, el mismo día en el que la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Galicia tumbaba una iniciativa del PSdeG para que la protección de esas viviendas sea permanente “sin excepciones” y que las que fueron construidas con dinero pública “no puedan acabar nunca en el mercado libre”.
La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2025 recogió ya una modificación. Desde el 1 de enero de ese año, tienen cualificación permanente todas las viviendas de promoción pública que la Xunta construye o rehabilita, aunque no de forma retroactiva. “También tienen las 20.000 viviendas protegidas que se construyen en los suelos urbanizados por la Xunta construya quien las construya porque tienen la cualificación permanente todas”, manifestó el diputado popular Roberto Rodríguez, quien rechazó la iniciativa socialista porque “llega tarde” y afecta a un “porcentaje residual” de inmuebles.
La proposición de ley del PSdeG –apoyada por BNG y Democracia Ourensana– consideraba “insuficiente” el cambio legislativo, porque permite “excepciones”. El diputado Aitor Bouza preguntó a los populares si podían garantizar que ninguna vivienda protegida, que recibiese apoyo público, va a perder nunca esa condición por el mero transcurso del tiempo. “Si la respuesta es sí, ¿por qué siguen manteniendo el apartado segundo del artículo 60? Y si la respuesta es no, ¿por qué le mienten a la ciudadanía?”, inquirió.
Bouza recordó que la Xunta aplica la protección permanente cuando hay financiación estatal porque el punto tercero del artículo 60 remite a la normativa del Estado, cuyo plan estatal establece la protección permanente. “Ustedes tienen que aplicar la vivienda protegida permanente porque lo establece el plan estatal de vivienda aprobado por Pedro Sánchez, no porque ustedes quieran”.