La jueza suspende la entrada en prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois mientras se tramita el indulto

La jueza María Elena Fernández Currás ha accedido a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria al maquinista Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente del tren Alvia siniestrado en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, mientras se tramita la petición de indulto.

Así consta en un auto de este miércoles, 14 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, que indica que esta suspensión se decide “atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación con el condenado, el delito y la naturaleza y duración de la pena a ejecutar”. “Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo”, indica.

El propio auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago recoge, en sus fundamentos de derecho, que la ley que regula el indulto establece que la propuesta de indulto “no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria”. “No obstante”, añade la jueza, “habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto” en el Código Penal, por lo que decide acceder a la suspensión del cumplimiento por los motivos mencionados.

La resolución puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días a contar desde su notificación, o recurso de apelación directo en cinco días.

Tras una instrucción que duró años y un juicio de varios meses, Fernández Currás condenó tanto al maquinista como al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento que provocó 80 muertes en Angrois hace ya 13 años. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena al exdirector de seguridad de la empresa pública Adif, por lo que dejó a Garzón como único responsable del accidente. La petición de indulto para él ha sido respaldada tanto por la Fiscalía como por la jueza.

La plataforma de víctimas denunció durante todo ese tiempo que hubo decisiones, tanto en el ámbito técnico (Adif y Renfe) como en el político (Ministerio de Fomento), que provocaron una disminución del nivel de seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. En ese trayecto, la curva de A Grandeira, la primera tras un recorrido casi rectilíneo, quedó finalmente sin la protección del sistema de control de la velocidad 'ERTMS', a expensas de un fallo humano como el que se produjo.