Es, posiblemente, la jueza más mediática de la última década en Galicia. Fue la instructora de casos de gran impacto social como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución -su pieza principal acaba de concluir diez años después, como adelantó esta semana El Progreso-. Pero también de los sumarios que se han llevado por delante más cargos políticos gallegos en los últimos años sin que ninguno de ellos haya llegado por el momento a juicio: desde la operación Pokémon a los casos Pulpo, Garañón y Cóndor.
El impacto de estas y otras actuaciones de la jueza Pilar de Lara explica también la relevancia de la decisión que acaba de tomar sobre ella la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Tras casi un año de diligencias ha acordado imponer a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo “una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”.
La sanción, que según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha sido comunicada a la propia De Lara, traerá consigo graves consecuencias profesionales para ella si es ratificada de manera definitiva. “Al ser superior a los seis meses implica la pérdida del destino”, por lo que tendría que abandonar el juzgado lucense del que es titular, desde el que instruyó estos y otros mediáticos casos.
La jueza, cuyo abogado ha mantenido en los últimos meses que las desatenciones y dilaciones indebidas que le atribuye el Consejo del Poder Judicial o no se han producido o no son atribuibles a su trabajo, tiene todavía dos vías para intentar revocar la sanción. La primera es presentar un recurso de alzada ante el pleno del propio Consejo. Si este la confirma aún puede acudir a la vía del recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. “La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa”, aclara el TSJG. El abogado de la jueza, Agustín Azparren, ya ha confirmado la interposición del primero de los recursos.
Esta sanción concluye un proceso que comenzó en marzo de 2018 con una orden de inspección al juzgado que dirige De Lara por orden del Consejo del Poder Judicial. Esas pesquisas se ejecutaron en mayo de ese mismo año y sus responsables concluyeron que la jueza había incurrido en “desatención o retrasos injustificados” de las causas que instruye. También la acusaban de generar “incrementos ficticios del volumen de trabajo” con un “manifiesto abuso procesal”.
Esas imputaciones coinciden, al menos parcialmente, con las quejas y apercibimentos tanto verbales como formales de otras instancias judiciales y de algunos cargos políticos investigados en las causas investigadas por Pilar de Lara. Entre los recelos que miembros de los tribunales y de la política dirigen contra De Lara abundan los que apuntan a que varias de sus acusaciones acabaron archivándose al llegar a otras instancias.
Uno de los archivos más significativos se produjo en la Audiencia provincial lucense, el relativo a las acusaciones de cohecho contra el exalcalde socialista de Lugo Xosé López Orozco, que De Lara había mantenido contra él durante años. La misma jueza mantiene al exregidor como imputado en el caso Garañón, el mismo que afectó al exsecretario general del PSdeG José Ramón Besteiro, entre otros múltiples dirigentes políticos y empresariales.
Las operaciones abiertas por De Lara durante la última década han suscitado en torno a ella múltiples reacciones políticas y sociales encontradas. Así, en el inicio de estas operaciones fue notablemente elogiada por perseguir prácticas corruptas, pero con el transcurrir de los años han surgido críticas en los campos judicial y político hacia ella por la prolongación de sus casos.