Feijóo alienta que los incendiarios sean juzgados por terrorismo en la Audiencia Nacional
La policía y la justicia nunca han demostrado coordinación o existencia de tramas organizadas en los incendios forestales en Galicia. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este jueves su discurso de equiparar los incendios con el terrorismo y no descartó la posibilidad de que como tal delito sea juzgado por la Audiencia Nacional. Lo hizo en una comparecencia en la que anunció ayudas económicas para los afectados, atribuyó a “todas las admnistraciones” la pérdida de control del fuego durante “12 horas” del domingo y cifró en 32 las viviendas quemadas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno en la que se aprobó un decreto de ayudas para atender a las personas y propiedades afectadas por los incendios, Feijóo insistió en presentar el “ataque que sufrió Galicia” como producto de una “elevadísima actividad incendiaria” con “intencionalidad delictiva” y pidió “reabrir” el debate sobre “que un incendiario sea asimilado a delitos de terrorismo”. Al presidente se le preguntó a continuación si consideraba que como tal terrorista debería ser juzgado por la Audiencia Nacional, el único órgano judicial competente en España para ese delito, y Feijóo no lo descartó: “Esa pregunta es absolutamente procedente”, sentenció. Y cuando se le preguntó por el hecho de que nunca se ha demostrado una coordinación u organización de incendiarios, su respuesta fue que “le corresponde a la investigación concretarlo” pero que “hubo acciones simultáneas” y “esa es nuestra opinión”.
En su comparecencia, a Feijóo se le preguntaron diversas cuestiones relacionadas con los incendios de los últimos días a las que no respondió por completo remitiéndose a la comparecencia que anunció que realizará en fechas aún sin concretar en el Parlamento de Galicia. Sobre las “12 horas” que él mismo admitió que se había perdido el control del fuego entre el domingo y el lunes, Feijóo dijo que fue responsabilidad de “todas las administraciones”. Según dijo, la pérdida de control se produjo cuando el fuego se aproximó a numerosos núcleos habitados y el Gobierno gallego dio la orden, a las 19.20 horas de la tarde del domingo, de desviar hacia esos puntos las brigadas autonómicas que hasta ese momento trabajaban en los montes porque no había otros medios disponibles. En esa línea, Feijóo destacó que numerosos ayuntamientos no disponían de brigadas locales para las que la Xunta había ofrecido colaboración económica antes del verano. Ese reproche ya lo ejemplificó el miércoles en el Parlamento en el caso de los ayuntamientos de Nigrán y Baiona, especialmente afectados por el fuego en espacios habitados y gobernados respectivamente por PSdeG y PP. Y este jueves fuentes del Gobierno gallego destacaban que el malestar de la Xunta no tiene colores políticos y afecta también a regidores del PP.
Al presidente se le preguntó si está arrepentido de decir, tras la ola de incendios de 2006, que con el gobierno de PSdeG y BNG de aquel momento moría gente por el fuego pero no con el PP. “Lo que hicimos en la oposición lo saben los gallegos, con los errores y con los aciertos que cometimos”, dijo, para añadir que “los gallegos pueden comparar lo que pasó en 2006 y lo de 2017”, remitiendo cualquier otra consideración al respecto al debate pendiente en el Parlamento.
Feijóo admitió la necesidad de evaluar la política forestal de la Xunta y destacó que la actual “en Galicia aun no fuimos capaces, dentro de las competencias de cada cual, de aplicarla”. También calificó cómo “modélico” el servicio de extinción autonómico, del que dijo que “como es natural todo es mejorable”, pero recordó a continuación el centenar de muertes registradas en Portugal.
Sobre las ayudas a las personas y propiedades afectadas por el fuego, que no cuantificó, Feijóo destacó que serán superiores a las previstas habitualmente para las catástrofes naturales. Según argumentó, “un fuego intencionado no puede ser lo mismo que una riada”. El balance provisional que hace la Xunta de personas y bienes afectados es el de las cuatro muertes ya conocidas, 2.500 personas desalojadas en algún momento de los últimos días y 32 viviendas “afectadas o destruidas” por el fuego. Esas viviendas recibirán ayudas aunque no tuvieran seguro y en función del nivel de afectación y de si eran viviendas habituales o segundas residencias. En cuanto a las personas, las ayudas ascenderán a 75.000 euros por fallecimiento o incapacidad permanente absoluta.
