Proyectos industriales descartados, con retrasos y fuerte rechazo social: los planes que la Xunta declara estratégicos encallan
El proyecto de Altri se ha quedado en un cajón tras una histórica movilización en contra, el de Sentury está aparcado, el de hidrógeno en Meirama fue descartado por las propias empresas promotoras y otros que continúan con la tramitación se están topando también con una férrea oposición vecinal, como el de la mina de Touro-O Pino. Los proyectos industriales que la Xunta ha declarado estratégicos han ido encallando en varios casos, a pesar de las facilidades que les da el Gobierno gallego.
La Xunta recoge en su página de transparencia información sobre los proyectos a los que da la categoría de estratégicos. Aparecen 15, aunque hace unos meses aseguraba que eran dos más. En el momento de escribir esta información, la Consellería de Economía no había respondido a las preguntas al respecto.
Esta figura, la del proyecto industrial estratégico, está ideada para recortar los plazos de tramitación y conceder facilidades a las empresas que los promueven. No implica que los planes se vayan a llevar a cabo. Deben pasar igualmente los trámites ambientales, pero parten con el enfoque de que el Gobierno gallego los ve interesantes y promete celeridad.
La propia figura del proyecto industrial estratégico está cuestionada, especialmente por entidades ecologistas, que critican que los criterios para que una empresa logre esta consideración son puramente económicos. La normativa gallega exige a los proyectos que cumplan dos de los siguientes requisitos: una inversión prevista de, al menos, 2 millones de euros, la promesa de que se van a crear un mínimo de 100 puestos de trabajo directos a tiempo completo o que “complementen cadenas de valor o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos” y vayan en la línea de los objetivos de la Unión Europea.
Las condiciones se flexibilizaron en 2017: antes se requería una inversión de 50 millones de euros y que se creasen 250 empleos o más. Cuando se aprobó este cambio, a través de la ley de iniciativas empresariales de Galicia, la asociación ecologista Adega cargó contra la normativa por facilitar que se eludiesen controles. Recalcaba que la fórmula del proyecto industrial estratégico implica que no está sujeto a la licencia urbanística municipal, que se le da prevalencia sobre otras utilidades públicas o que se le conceden de forma directa suelo y subvenciones.
El portavoz de Greenpeace en Galicia, Manu Santos, cuestiona la “calidad democrática” de esta figura. Para empezar, señala, la aprueba el Consello de la Xunta con criterios económicos y sin participación pública. “Es la Xunta quien decide si es o no de interés para Galicia y dónde se va a emplazar y solo después la ciudadanía puede discutirlo”, critica y considera que la posibilidad de opinar queda desplazada a una segunda fase y que se hurta el debate público sobre el modelo de desarrollo que se desea.
Cuando se abre el proceso de participación, continúa Santos, este se resuelve “con muy poco plazo para alegar” y el proyecto se da a conocer ya con ventajas como las ya citadas de celeridad en la tramitación o declaración de utilidad pública. “Vamos, que se expone a la participación pública un proyecto con privilegios con respecto a otros”, dice. No solo eso: es el mismo gobierno gallego que declara de interés superior los planes el que tiene que evaluarlos. Esto, argumenta, “invierte el orden” porque primero se decide que “el proyecto merece hacerse” y luego se comprueba si de verdad puede hacerse.
Los proyectos estratégicos parados
Santos pone como ejemplo el fracaso más sonado de estos proyectos industriales estratégicos de la Xunta, el de la macrocelulosa de Altri. El Gobierno gallego le dio carpetazo entre históricas protestas contra la instalación de la planta, pero antes de eso le había dado el visto bueno ambiental y defendió durante años la propuesta. El argumento oficial para pasar de verlo “viable” a verlo “inviable” es que no cuenta con el enganche a la red eléctrica que necesitaría porque no se incluye en la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno central también excluyó a Altri de los fondos del PERTE de descarbonización a los que aspiraba.
Pero no es el único proyecto industrial declarado estratégico por la Xunta que se ha quedado en un cajón o que concita un fuerte rechazo social. La idea de levantar una fábrica de neumáticos en As Pontes de la china Sentury ha quedado aparcada. La propuesta de Naturgy, Repsol y Reganosa de establecer una planta de hidrógeno en Meirama ha sido descartada por las propias empresas por, según publicó La Voz de Galicia, los costes económicos y el parón eólico.
Otros planes van con retraso: el centro de datos proyectado en Curtis por Ingenostrum (ahora Nostrum Group, recientemente adquirida por la australiana Iren) ha pasado de una previsión de estar en funcionamiento en 2026 a hablar de 2027.
Impactos ambientales
Y en otros casos, las objeciones parten de vecinos y colectivos ecologistas y son fundamentalmente ambientales. Sucede con la terminal de betún propuesta para el puerto de Vilagarcía de Arousa, con un enorme almacén de 27 metros de alto y 30 de diámetro. En contra alegaron 24 colectivos de la zona, entre cofradías, vecinos, productores y ecologistas. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa la considera “otra puñalada más” a una zona afectada por otros impactos y en la que la producción ha bajado drásticamente. La Xunta, sin embargo, le dio su beneplácito ambiental en junio.
La Xunta ha declarado también estratégico uno de los proyectos que más protestas ha generado en la última década en Galicia, el de reactivar la extracción de cobre en la mina de Touro-O Pino. En medio del clamor, el Gobierno gallego denegó el primer intento en 2021, tras no superar el trámite ambiental. Pero la empresa, Cobre San Rafael, volvió a presentarlo. Los promotores aseguran que el nuevo plan es “más innovador y más verde”, mientras que las plataformas vecinales que se oponen no ven apenas cambios y el Icomos, el organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio, avisó de riesgos para el Camino de Santiago. La Xunta lo declaró estratégico en junio de 2024. Pese a que esto permite reducir los plazos de tramitación, más de dos años después sigue a la espera de la declaración de impacto ambiental, el trámite en el que se frenó en la anterior ocasión.
El más reciente de los proyectos industriales estratégicos anunciado por la Xunta es el que ha reunido más apoyos. La planta que el gigante automovilístico chino SAIC proyecta para ensamblar coches en Ferrol ha sido bien acogida por todos los partidos con representación en el Parlamento gallego y los sindicatos. Y en las conversaciones para tratar de atar el proyecto para Galicia se implicaron tanto el Gobierno gallego como el central.