Rueda evita la autocrítica tras la condena a la Xunta por reducir la protección a los terrenos en los que se quería instalar Altri
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado la autocrítica después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya dictaminado que su gobierno redujo de forma ilegal la protección ambiental de los terrenos en los que proyectaba instalarse la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).
En respuesta a varias preguntas sobre esa decisión judicial durante su comparecencia tras la reunión semanal de su gabinete, Rueda manifestó que no descarta que la Xunta presente recurso. Eso, razonó, significaría que su equipo no está de acuerdo con la resolución y que su crítica, entonces, es para su contenido y, la manera de rebatirla, los argumentos jurídicos.
Sin embargo, no ha puesto pegas al proceso dentro de la Xunta a pesar de que lo que ha manifestado la Justicia es que se hizo una reducción de la protección de forma no conforme a la ley. La sentencia es la respuesta a una demanda presentada por la organización ecologista Adega y se refiere a que la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, publicada el 10 de febrero de 2025 en el Diario Oficial de Galicia, no consideraba zonas de amortiguación las fincas en las que había propuesto instalarse Altri. Pero unos meses antes, cuando ese documento estaba en la fase de exposición pública, esos terrenos sí figuraban amparados bajo esa figura, que implica ciertas restricciones en los usos y que suele aplicarse a zonas que lindan con áreas de mayor protección. Ese cambio es lo que rechaza el TSXG, que considera que se retiró la protección tras el trámite de información pública “sin argumentar ni demostrar que esa retirada debe prevalecer al interés público en la preservación del medio ambiente”.
Rueda no confirmó si la Xunta presentará recurso. No adelantó tampoco la postura de su partido, el PP, ante la propuesta del BNG de abrir una comisión de investigación sobre Altri en el Parlamento gallego, aunque deslizó que será contraria, al recordar que la formación nacionalista decidió ya obligar a abrir una comisión de este tipo en esta legislatura. Lo hizo amparándose en el que reglamento de la Cámara permite hacerlo si se reúnen un tercio de los votos, es decir, 25 escaños, que son los que tiene el BNG. La cuestión es que ese mecanismo solo se puede activar una vez en cada legislatura, de modo que el PP podrá tumbar ahora la nueva iniciativa con su mayoría absoluta.
La formación que dirige Ana Pontón señaló que uno de los puntos sobre los que quiere arrojar luz es el memorándum de entendimiento firmado con Altri. La Xunta no selló ese acuerdo directamente, sino que lo hizo una empresa público-privada denominada Sociedad Impulsa, ya disuelta. En esa empresa, la administración autonómica controlaba el 48% y, de hecho, el presidente era quien ocupase el cargo de conselleiro de Economía. En el momento de formalizar el pacto, esa persona era Francisco Conde. El hecho de que estuviese constituida como una sociedad mercantil privada fue uno de los argumentos dados por el Gobierno gallego para no hacer público el memorándum y declararlo confidencial. A pesar de ese secreto, el presidente gallego reveló la semana pasada que él sí conoce su contenido. Preguntado sobre en calidad de qué tuvo acceso a esa información, insistió este lunes en que lo supo a través de los representantes de la Xunta en Impulsa. Dado que se trata de un “asunto de interés general”, defendió que es su “deber” conocerlo.