La Xunta presenta su plan para el gallego con meses de retraso y remite a la negociación política los “ajustes” de su presencia en la enseñanza
Ocho meses después de lo previsto, la Xunta de Galicia presentó su nueva propuesta para la normalización del gallego. El documento recoge 700 medidas “en todos los ámbitos sociales” elaboradas por 130 expertos, pero no entra en uno de los aspectos más discutidos de la política lingüística de los sucesivos gobiernos del Partido Popular: su presencia limitada por ley en la enseñanza. El conselleiro de Cultura, José López Campos, remitió la posibilidad de rectificar el llamado decreto del plurilingüismo, impuesto en 2010 por Feijóo, a una negociación política y “con consenso”. Preguntado por si el Gobierno gallego levantará el veto al idioma en asignaturas de ciencias, dijo: “El plan recoge ese escenario”.
López Campos cargó, no obstante, contra el BNG e insinuó que la exigencia de retirada de la norma que, por primera vez en democracia, redujo el gallego en las aulas era “una reclamación unilateral” del nacionalismo. En realidad, dicha legislación ha sido cuestionada por instituciones culturales oficiales, asociaciones de base, escritores y cineastas, sindicatos, toda la izquierda política e incluso por el Consejo de Europa. “El plan no entra en el tema del decreto pero sí pide ajustes que permitan actualizarlo”, resumió. El BNG cargó contra el Gobierno gallego casi en tiempo real: “Van a mantener el infame decreto contra el gallego que convirtió nuestra lengua en una lengua de segunda y nos llevó a la actual situación de desastre en la que cada vez se habla menos gallego”.
El conselleiro atendió a las preguntas de los medios de comunicación en un aparte, tras presentar las líneas generales de un documento para el que no ahorró ditirambos. “Es una respuesta ambiciosa y estratégica que sintetiza las aportaciones de la inmensa mayoría de la sociedad gallega”, afirmó ante cientos de invitados en el museo de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Pese a la autoproclamada importancia de la cita, entre los asistentes no se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni el responsable de Educación, Román Rodríguez.
El argumento principal del Gobierno gallego para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüistica de 2004 consiste en una evidencia: Galicia ha cambiado y no es la misma que en 2004. También mencionó los alarmantes datos de la encuesta del Instituto Galego de Estatística que revelaron la drástica caída de gallego hablantes, sobre todo en la franja de edad más joven. “Esas cifras nos pedían un paso al frente. También lo pidió en 2025 la Real Academia Galega. Entendimos perfectamente el mensaje”, aseguró.
“Un nuevo tiempo en el que el gallego sea la lengua que nos une”, decía, en esa línea, el vídeo que abrió el acto del Gaiás. Lo que obviaba, también lo obvió el conselleiro, era que los acuerdos amplios de los que presumía en las imágenes los dinamitó por su cuenta y riesgo el Partido Popular. “La lengua gallega”, dice ahora López Campos, “es una responsabilidad social, una gran responsabilidad colectiva”. Y definió el Pacto da lingua galega como “un nuevo documento sobre un pacto social” del idioma y pidió “altura de miras” a las fuerzas políticas para sumarse al mismo tras un “proceso de escucha y diálogo” del Parlamento autonómico.
“Estamos a tiempo de compromisos compartidos”
Los trabajos, coordinados por el catedrático y académico Manuel González, implicaron a 130 expertos organizados en 11 comisiones sectoriales, 400 contactos y recopilaron 1.300 aportaciones. “Aún estamos a tiempo de alcanzar compromisos compartidos”, dijo, “desde el diálogo, las razones, el realismo y el rigor”. González había desgranado antes lo que designó como seis objetivos del nuevo documento: la capacitación lingüística de la población, la garantía legal de poder vivir en gallego, el incremento de la implantación social de la lengua y su mayor estima social, el reconocimiento exterior de la misma y la dotación de recursos lingüísticos y técnicos para “vehicular las necesidades de la sociedad actual”.
El académico, que ya hace más 20 años presidió la redacción técnica del plan de normalización, no esquivó las controversias. Aseguró comprender la postura del BNG, “aunque no la comparta”, pero insistió en acordar “una hoja de ruta avalada por el consenso y un compromiso político sin grietas”. Celebró las medidas a favor del reconocimiento del pluralismo lingüístico del Estado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez -su uso en el Congreso y en el Senado, la petición de oficialidad en la Unión Europea- a las que se opuso el Partido Popular en Madrid y en Santiago de Compostela. Y llamó “al avance social del gallego en todos los estratos y todos los sectores”. “Ojalá la fecha de hoy marque un punto de inflexión en el camino de la plena normalización de nuestro idioma”, había comenzado su discurso.
9Louro y dos conselleiras
A la presentación del Plan da lingua galega asistieron, en el edificio del museo de la Cidade da Cultura, cientos de invitados. Había miembros de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura, dos conselleiras -la de Política Social y la de Vivienda- pero ni rastro del de Educación, a cuyo departamento corresponde la aplicación del discutido decreto del plurilingüismo, mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, candidatos del Partido Popular pero ningún representante del nacionalismo político, tampoco socialista, presidentes de fundaciones culturales emblemáticas -la Rosalía de Castro, la Castelao-, incluso presentadores de televisión. No estaba Alfonso Rueda pero sí el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. El acto lo condujeron Esther Estévez e Xosé Antón Touriñán y lo salpicaron intervenciones -la productora audiovisual Zaza Ceballos, neofalantes de distinto origen- y actuaciones -9Louro, Simón Rodríguez Landaeta- que a duras penas se sobrepusieron a la insufrible acústica del edificio diseñado por Eisenman.
Datos catastróficos recogidos por el IGE
El Gobierno de Alfonso Rueda reaccionaba con la promesa de un Pacto polo Galego a los catastróficos datos recopilados por su órgano estadístico. Quince años de gabinetes del Partido Popular habían multiplicado por dos el número de niños que no saben hablar gallego: el 32,44% de entre 5 y 14 años. Expertos y oposición enseguida lo vincularon a las consecuencias del decreto del plurilingüismo, que redujo por primera vez la presencia del gallego en la enseñanza pública y lo prohibió en algunas asignaturas de ciencias. La norma, aprobada en solitario por el PP de Feijóo en 2010, había provocado un rechazo masivo de izquierda, nacionalismo, académicos o estudiosos de los procesos de normalización lingüística. Hasta el Consejo de Europa acabó pronunciándose en contra.
El decreto culminaba así la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego a la que había procedido Alberto Núñez Feijóo con Rueda como número 2. La derecha gallega asumía el discurso extremista de asociaciones contrarias al idioma propio de la comunidad e incluso participaba en sus manifestaciones. Según estas, y así lo repite todavía en algunos debates el actual presidente de la Xunta, el bipartito de Pérez Touriño estaba “imponiendo” el gallego y poco menos que persiguiendo a los castellano hablantes. Esa retórica gruesa le sirvió a Feijóo para arrastar a su partido a la ruptura del Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad -PP, Partido Socialista y BNG- en el Parlamento gallego en 2005, cuando todavía gobernaba Fraga Iribarne.
A la necesidad de revisar y actualizar ese plan, conformado por más de 400 medidas concretas dirigidas “a favorecer el uso del gallego en todos los ámbitos de la sociedad”, se refirió el conselleiro José López Campos a los pocos meses de que el IGE difundiera su encuesta. Antes, eso sí, su departamento había llegado incluso a cuestionar la metodología del organismo oficial y encargado una encuesta a una empresa demoscópica privada para revertir la imagen de la situación lingüística gallega. Ahora, con la presentación del Plan da lingua galega con ocho meses de retraso sobre la primera de las fechas anunciadas, la Xunta asegura que busca un lugar para el gallego “en la Galicia de 2026”.