La Xunta recurrirá en el TC la suspensión de ayudas a las renovables que decretó Rajoy
Lo que con Zapatero era una constante, con Rajoy es una novedad presentada con mucha más suavidad pero, en definitiva, presentada. La Xunta llevará ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto a través del cual el Gobierno central suspendió hasta nuevo aviso el sistema de primas para las energías renovables, esto es, las subvenciones para las nuevas instalaciones de producción de electricidad a partir de, por ejemplo, energía eólica o solar, entre otras. El presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, anuncia esta decisión más de cuatro meses después de que, el pasado abril, los Ejecutivos central y gallego se sentaran a la misma mesa para negociar la cuestión y terminasen sin acuerdo. Desde Santiago se reclama que la suspensión no sea genérica, sino que se mire caso por caso y, sobre todo, “la eficiencia” de cada tipo de energía.
Aunque el recurso aún no fue ejecutado formalmente -pasó por el Consello da Xunta a través de un informe, esto es, sin validez legal- Feijóo anuncia su inmediata presentación sustentada en una posible invasión de competencias ya que “el grado de incertidumbre” abierto por el gabinete de Rajoy “impide el ejercicio de las actividades de planificación” de la producción energética, en este caso de la eólica, “que son competencia de la comunidad autónoma”. Así y todo, el líder popular evita en este caso los calificativos usualmente empleados a la hora de presentar estos recursos ante los Gobierno del PSOE, acusado recurrentemente desde San Caetano de “deslealtad” o de “atacar el autogobierno” de Galicia. En este caso, apunta, se trata de “discrepancias cordiales”.
Sea como fuere, lo cierto es que el Gobierno gallego del PP lleva a la Justicia al Gobierno español del PP y lo hace por razones “jurídicas” y “económicas”. “Pensamos que afecta a la seguridad jurídica”, porque deja “en la indefinición el régimen de primas por un tiempo indefinido” y además, dice Feijóo, lo hace genericamente, hasta el punto de que en la exposición de motivos del decreto “se alude a sectores como el fotovoltaico y no a la energía eólica, pero suspende también las primas eólicas”. “Es cierto que existía un marco económico excesivamente atractivo” para “instalaciones poco eficientes”, añade, como en el caso de empresas que desarrollaron la fotovoltaica y la termosolar “viviendo prácticamente de la subvención”. “Coincidimos en que las primas indiscriminadas no son razonables, pero hay que hacer una selección más fina de las energías que siguen teniendo utilidad” y, como la eólica en Galicia, sostiene, resultan “muy eficientes”.
Desde la Consellería de Industria, encargada de llevar adelante el recurso, se advierte que el Gobierno gallego no está de acuerdo con el fondo pero tampoco con la forma, esto es, “con la utilización de la fórmula jurídica de real decreto ley”, “cuestionando” además “su carácter extraordinario y de urgente necesidad”. Según la Xunta, el gabinete de Rajoy “atenta contra la seguridad jurídica, genera incertidumbre en los inversores, afecta al legítimo y pacífico ejercicio de las competencias propias de la comunidad autónoma” y “no está adecuadamente justificado”.
Además, añade, la medida del Estado “tiene un impacto económico limitado” en la reversión del déficit tarifario eléctrico -cifrado en 24.000 millones de euros a nivel estatal-, problema que, por otro lado, es “conocido hace años”. Frente a esto la Xunta reclamará “un nuevo marco para la energía eólica que proporcione certeza, garantía y estabilidad durante toda la vida de las instalaciones”, que “contribuya a conseguir los objetivos de penetración de las renovables hacia el año 2020 fijados en las directivas europeas” y que “incentive la reducción de costes” en la producción de energía eléctrica.
Consecuencias consumadas: la energía del hospital de Ferrol, un 20% más cara
Además de afectar al desarrollo del sector eólico, el final de las primas a las energías renovables ya ha tenido otras consecuencias tangibles en Galicia. Es el caso, como adelantó Praza Pública, de la suspensión y posterior reedición del concurso público para implantar un sistema de producción energética a partir de biomasa en los hospitales de Ferrol. Tramitado por la vía de urgencia a finales de 2011, el 28 de enero de este año el Sergas tenía que frenar el proyecto “por razones de interés público” que no eran otras que el fin de las primas “para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos”. Después anunciaban que el concurso se volvería a celebrar, pero “adaptado a la situación resultante” de la decisión del Gobierno central.
Así las cosas, en primavera de este mismo año la Xunta reinició el proceso cambiando esencialmente un aspecto: el precio. De 18,8 millones de euros el contrato pasó a 22,4 millones que entonces Feijóo no reflejó al presentarlo ante la prensa, ni tampoco el servicio de comunicación del Gobierno, en la referencia que hace pública con los asuntos tratados en cada Consejo. Bien al contrario, de la exposición de Alberto Núñez Feijóo no fue posible deducir que esa había sido la segunda ocasión en que se iniciaba una operación que, dice, serviría para “profundizar en la eficiencia del Sergas, en los ahorros y en la eficiencia energética.
