El 24 de abril de 2024, Alfonso Rueda acababa de tomar posesión por segunda vez como presidente de la Xunta -en esta ocasión, tras haber ganado, con mayoría absoluta, las elecciones- y respondía en el Parlamento de Galicia a preguntas de la oposición sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri. En concreto, a una sobre si el Gobierno gallego estaría dispuesto a acompañar su respaldo a la iniciativa empresarial con fondos propios de la comunidad. La respuesta fue una puerta abierta: “En Galicia, para los proyectos que cumplan medioambientalmente, creen futuro industrial y creen puestos de trabajo, la Xunta de Galicia va a estar ahí comprometida. No le quepa ninguna duda”. Poco menos de un año después, recién anunciada su bendición ambiental a la planta, era tajante diciendo lo contrario: de ninguna manera Altri encontraría fondos específicos en las arcas autonómicas. El gabinete de Rueda acababa de recolocarse dentro de su apoyo, nunca retirado, al proyecto.
La idea de instalar lo que se presentó como una fábrica de fibras textiles vegetales -luego se supo que son 200.000 toneladas de esas fibras al año y 400.000 de celulosa- no solo tuvo desde el principio el respaldo de la Xunta, sino que nació a su amparo. La promovió Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por el Gobierno gallego para buscar proyectos que optasen a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Impulsa, que se disolvió el pasado mes de agosto, anunció a finales de 2021 que su socio para la planta de fibras 'verdes' iba a ser la empresa portuguesa Altri. Cuando empezó la contestación social a la macrocelulosa, el equipo de Rueda se pronunció de forma insistente en su defensa. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, declaró en marzo de 2024 que el plan presentado por Altri para Palas de Rei (Lugo) era “redondo” desde el punto de vista medioambiental.
Cuando Lorenzana hizo aquellas declaraciones faltaba un año para que la Xunta diese, de hecho, su visto bueno al proyecto desde el punto de vista de los impactos en el entorno. El mismo día que se supo que la declaración de impacto ambiental era favorable, la conselleira compareció ante la prensa, acompañada de la responsable de Medio Ambiente, para explicar la decisión y establecer la que sería la argumentación recurrente del Gobierno gallego desde entonces. En este año y medio el entusiasmo se ha atenuado y no se han repetido consideraciones como que el proyecto es redondo. En cambio, las declaraciones se han remitido a que el aval ambiental lo han dado técnicos y a que la responsabilidad de que el proyecto vaya o no adelante no es de la Xunta, sino del Gobierno central. Este segundo punto se explica con que la planta necesitaría una subestación eléctrica, pero esta infraestructura estaba fuera de la planificación estatal. Esta semana se ha confirmado que esa conexión eléctrica sigue sin incluirse.
No era el pimer revés para un proyecto que provocó manifestaciones históricas en Galicia. En abril de este año el Gobierno central comunicaba que Altri se quedaba fuera de las ayudas a la descarbonización, en las que aspiraba a 30 millones de euros de fondos europeos. La empresa ha dicho que necesita en torno a 250 millones de financiación pública para la planta. Con estas trabas, Rueda cargó contra el Gobierno central y se fue poniendo de perfil. Ahora recalca que el proyecto es de la empresa y que son sus responsables los que tienen que tomar las decisiones sobre si continuar con él.
El episodio más reciente fue el pasado lunes. Después de que el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, adelantase que el Gobierno central no incluía la conexión de Altri en su planificación eléctrica para 2030, Alfonso Rueda tuvo que responder a una pregunta sobre si la Xunta descarta el proyecto y lo hizo trasladando el foco fuera de su gabinete: “Lo que haga Altri en concreto es una decisión que tendrán que tomar ellos. Al final es una decisión empresarial. Llevamos muchísimo tiempo diciéndolo. La Xunta evaluó el proyecto desde el punto de vista técnico, dictaminó que era viable, pero, a partir de ahí, el resto de viabilidades las tiene que decidir la empresa”.
“No es una posibilidad”
Al día siguiente, la conselleira de Economía se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para hablar del borrador de la planificación eléctrica con el horizonte de 2030. En ese encuentro se confirmó que no está prevista la conexión que pide Altri. La reacción de Lorenzana fue declararse “razonablemente satisfecha”. La infraestructura prevista en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra no recibió críticas por su parte. Sí lo hizo la de Lugo. No mencionó a Altri, pero manifestó que la provincia se queda desconectada y dio por hecho que la instalación de la macrocelulosa ha dejado de ser viable a corto plazo. La implantación de una empresa de mediano o gran tamaño en Lugo, dijo, “no es una posibilidad” mientras esté vigente esta planificación.
La empresa, por su lado, anuncia que dará la batalla para que se incluya la conexión eléctrica que necesita. Greenfiber -la empresa creada por Altri y el empresario gallego Manuel García Pardo, dueño de Greenalia, para impulsar la planta de Palas de Rei- asegura que va a analizar el borrador del Gobierno central, que debe someterse a información pública y estará abierto a alegaciones, para presentar sus objeciones. “Greenfiber no renuncia a utilizar todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance”, añade.
En los despachos de la Xunta, la tramitación del proyecto, declarado estratégico por el Gobierno gallego, está yendo más lenta de lo anunciado. Cuando se aprobó la declaración ambiental favorable, la previsión era que el paso siguiente, la autorización ambiental integrada, estuviese listo antes del verano. Sigue pendiente y la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende este trámite, no ha contestado a las preguntas de este diario sobre los motivos. No solo eso: hay proyectos que han adelantado en tramitación al de la macrocelulosa. La planta de pasta de papel que Ence quiere poner en funcionamiento en As Pontes (A Coruña) logró la declaración de impacto ambiental favorable más de dos meses después que Altri, pero ya tiene desde principios de agosto la autorización ambiental integrada. Este trámite no es tampoco el último: faltan la validación en la Consellería de Economía y la aprobación definitiva en el Consello de la Xunta.
Un plan que “no tiene nada a favor”
En las asociaciones que se han movilizado contra el proyecto de macrocelulosa los últimos acontecimientos se reciben con cautela. Celebran el nuevo obstáculo que supone que el Gobierno central niegue la conexión eléctrica, pero consideran que la Xunta, aunque menos explícita, no se ha descabalgado del proyecto. Manu Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, le pide al Gobierno gallego que aproveche el momento actual para no dar la autorización definitiva a Altri. El plan de la empresa lusa “no tiene nada a favor”, sostiene. Además de la enorme contestación social, no tendrá fondos del PERTE de descarbonización ni conexión eléctrica. Hay más sombras: la infraestructura compromete la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino de Santiago, la ruta que constituye el eje central del turismo y de buena parte de la actividad económica para la Xunta. El Ministerio de Cultura ha pedido informes sobre el asunto a ICOMOS-Internacional, el órgano que asesora a la Unesco en materia de patrimonio.
La organización ecologista cuestiona incluso que haya mercado para todo lo que Altri promete producir. “Hay demasiadas dudas alrededor del proyecto”, insiste Santos y señala que falta también la concesión de aguas. Llama a la responsabilidad de la empresa, a la que pide que renuncie a la planta de Palas de Rei y no tenga “en ascuas” a la ciudadanía gallega. Considera que, pese a todo lo que tiene en contra el proyecto, “no se puede cantar victoria”. Coincide la portavoz de la plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, que pide “mucha cautela”. Para empezar, destaca, la planificación eléctrica presentada se puede modificar todavía y la Xunta, en su opinión, no se ha movido de su postura de apoyo. “No creemos que se lo replantee. Ahora no se puede bajar del carro”, dice. La plataforma está pendiente de lo que ocurre en la tramitación de la planificación eléctrica y de los pasos que faltan por dar en la administración gallega. Si los permisos para Altri siguen llegando, avisa, habrá nuevas movilizaciones.