José Carmelo, el jubilado que ha hecho huelga de hambre tras ser desahuciado en Menorca: “Ya me da igual hasta morirme”
José Carmelo Cuartero está jubilado. Tiene 68 años y es natural de Osuna. Lleva sombrero y bastón, camina con dificultad, y aunque lleva “toda la vida” en Menorca, tiene un deje inconfundiblemente andaluz en su forma de hablar. El pasado 6 de octubre decidió ponerse en huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Sant Lluís tras ser expulsado de la casa que alquilaba en una finca rústica en la urbanización de S’Algar, en el sureste insular. “Llegué a Menorca en 1976. Desde los 17 años he trabajado como pescador en una barca de arrastre. Hace unos veinte años sufrí una lesión medular en el trabajo que me dejó con un 35% de discapacidad”, explica el afectado, quien recuerda que llegó al terreno hace más de dos décadas tras llegar a un acuerdo con el anterior dueño. “El propietario falleció hace poco y en 2024 sus herederos me anunciaron que venderían la finca y que debía marcharme”, cuenta.
Carmelo escribió su historia en un cartón grande que le acompaña en su protesta silenciosa. Señala que, tras el fallecimiento del anterior dueño, los nuevos propietarios le llevaron un acta por la cual debía abandonar el domicilio al cabo de cuatro meses, momento en el que finalizaba el contrato de alquiler. Asegura que aceptó firmarlo, pero advirtió de que, si llegado ese momento no encontraba otro lugar donde vivir, permanecería allí hasta tener una alternativa habitacional.
“Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé. Los propietarios me denunciaron y, aunque intenté acogerme a la Ley de Arrendamiento Rústico, al final no pude hacer nada”, explica el afectado, quien sostiene que el juzgado que llevaba su caso debía reconocer que su contrato de alquiler se regía por la Ley 26/2005 de Arrendamiento Rústico, en virtud de la cual se establece que “los propietarios de inmuebles alquilados bajo esa modalidad deben avisar con un año de antelación de la voluntad de poner fin al contrato; de lo contrario, este se renueva automáticamente por cinco años”.
Como no he encontrado nada que pueda pagar con mi escasa pensión, me quedé
Consultado sobre el caso, el abogado de oficio que asiste legalmente a José Carmelo ha declinado la propuesta de hacer declaraciones sobre las reivindicaciones de su representado. La cuestión del preaviso depende, en cualquier caso, del tipo de contrato que regía el alquiler. Si bien es cierto que la Ley de Arrendamientos Rústicos establece un plazo de un año para comunicar la no renovación de determinados contratos sujetos a esa normativa, esta disposición no se aplica automáticamente a cualquier vivienda situada en suelo rústico, por lo que su aplicación al caso de Carmelo depende de la naturaleza del contrato. Según narra en su cartón y explica a quien quiera escucharle, el acuerdo con el anterior dueño era “de palabra, como se hacían las cosas antes”.
Pocos días después del desalojo, uno de los herederos de la finca de S’Algar denunció a José Carmelo ante la Guardia Civil por presuntas amenazas, insultos e intimidación, que, asegura, se produjeron cuando Carmelo acudió al inmueble tras el lanzamiento mientras el nuevo propietario retiraba enseres. El denunciante sostiene que Carmelo fue debidamente notificado de la no renovación del contrato y asegura que se le ofreció una compensación económica para evitar que el desahucio se ejecutara por la vía judicial.
A pesar de que se trataba de una vivienda muy humilde, durante más de dos décadas Carmelo convirtió la finca en su hogar. “Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”, lamenta el afectado, quien insiste en que la pérdida más grande es la de sus animales: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas, que en su mayoría han quedado en manos de vecinos hasta que su amo encuentre dónde vivir.
“Era apenas poco más que una casa de aperos, pero yo la amoblé, la cuidé, la pinté, le puse electrodomésticos. Tenía mi huerto y hasta traje olivos de Andalucía”
Carmelo pasó tres días viviendo en su vehículo sin poder asearse y manteniendo la huelga de hambre “Estuve ahí plantado frente al Ayuntamiento y frente a la Iglesia exigiendo alguna solución”, asegura, e insiste en la falta de disposición del Consistorio, cuyos funcionarios le ofrecieron pagarle un trastero para guardar sus cosas durante dos meses después del lanzamiento, según su versión. “Desde los servicios sociales no me pueden ofrecer nada porque dicen que tengo la posibilidad de vivir con mis hijos o con mi exmujer a quienes no veo hace décadas. No quiero volver a Andalucía. Nadie me tiene que decir a mí dónde tengo que vivir”, afirma.
Carmelo ha dejado sus animales con unos vecinos mientras se resuelve la situación: un conejo, dos gatos, siete gallos y seis gallinas
Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Sant Lluís ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, alegando que “existen cuestiones que afectan a información privada protegida por la normativa de protección de datos”.
Pasadas las primeras 72 horas de huelga, Carmelo ha confirmado que finalmente desde el municipio le consiguieron un alojamiento provisional durante 15 días. La solución temporal no resuelve, por ahora, su problema de acceso a una vivienda estable y asequible, aunque reconoce que “algo es algo”. Mientras deambula por Sant Lluís, el pueblo que le ha acogido durante veinte años, el anciano andaluz reflexiona sobre la crisis de vivienda. “Yo sé que esto no me pasa sólo a mí, todo esto es una sinrazón. No lo entiendo, pero me da igual. Ya me da igual hasta morirme”, se lamenta.
Desde la Plataforma per l'Habitatge de Menorca advierten de que los casos de José Carmelo no son situaciones aisladas, sino una muestra de las dificultades que afrontan quienes no pueden asumir los precios del mercado inmobiliario en Menorca. Siguiendo la reflexión de Carmelo, la entidad alerta de que la falta de acceso a una vivienda puede llevar a las personas “al borde del suicidio”, debido al impacto que estas situaciones tienen en la salud física y mental, con consecuencias como ansiedad, depresión, deficiencias nutricionales y condiciones de vida insalubres. Subrayan, además, que el problema afecta a perfiles muy diversos y no únicamente a personas mayores o migrantes.
La acampada de Maó
Según datos del partido judicial de Maó, antes de la entrada en vigor el pasado 1 de octubre del decreto ley de vivienda que suspende temporalmente los desahucios, había 63 lanzamientos judiciales previstos. Dos de ellos se llegaron a ejecutar: el de Carmelo y el de una familia de origen subsahariano que, al igual que el andaluz, iniciaron una protesta frente al Ayuntamiento, en este caso, el de Maó. “No nos vamos de aquí hasta que nos den soluciones habitacionales. No pueden echarnos a la calle como perros”, declaró Thais, originaria de Guinea Ecuatorial y madre de un menor, tras ser desahuciada de una vivienda en Camí des Castell, en el centro de la capital insular.
El desalojo de Thais y su familia puso de manifiesto las condiciones de precariedad en las que vivían entre 15 y 20 personas en el inmueble, que carecía de agua potable y presentaba graves deficiencias de salubridad. El procedimiento judicial se había iniciado en 2021, después de que los nuevos propietarios emprendieran acciones para recuperar la finca. Tras el lanzamiento, Thais y su marido de origen senegalés instalaron la primera carpa de un acampe que llegó a sumar hasta veinte vecinos en emergencia habitacional frente al Ayuntamiento de Maó para reclamar soluciones urgentes a la crisis de vivienda.
La acampada finalmente se levantó tras una semana de actividades abiertas, jornadas de reflexión pública y mesas redondas. “Levantamos el acampe con la intención de concentrar esfuerzos de cara a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre”, Explicaron los voceros de la Plataforma Menorca per l’Habitatge, que permanecieron acompañando a los afectados en sucesivos encuentros con los servicios sociales. Thais confirmó que provisionalmente se aloja en dependencias de Cáritas de Maó, aunque se trata de un albergue transitorio e insiste en que la falta de alternativa habitacional la obliga irremediablemente a “quedarse en la calle”.
Finalmente, el colectivo de militantes por el derecho a la vivienda de la isla atribuye parte de esta situación a la presión de la demanda externa. “Desde hace años Menorca recibe una demanda de vivienda por parte de sectores cuya capacidad adquisitiva es muy superior a la de la población residente, lo que dificulta tanto el alquiler como la compra”, explican. Frente a esta situación defienden la implementación de medidas como “la expropiación y rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos posteriormente al alquiler social”. Según el colectivo, existen hasta 156 apartamentos abandonados en el municipio de Es Castell y más de 580 viviendas vacías en Maó. “No queremos más gente sin casas, ni casas sin gente”, concluyen.