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El Gobierno central ha denegado la petición de Balears de acogerse a la contingencia migratoria, tal y como solicitó la semana pasada el Govern de Marga Prohens.
Lo ha anunciado este martes la propia presidenta durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament balear, en la que ha asegurado que su gabinete “recurrirá a todas vías” a su alcance para frenar la derivación de menores migrantes no acompañados a las islas. De acuerdo al procedimiento de reparto establecido por el Gobierno, a Balears le correspondería acoger a 49 de los más de 3.000 menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que prevén ser reubicados a otras Comunidades Autónomas con recursos menos saturados.
“Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 % de sobreocupación: quieren más, con menos dignidad”, ha espetado Prohens, zanjando: “Esto es racismo institucional”.
La contigencia migratoria es una figura con la que el decreto para la derivación de los menores habilita a las comunidades autónomas que se declaren saturadas a reubicarlos en otras regiones. Para cursar este mecanismo, las autonomías deben triplicar su capacidad ordinaria de acogida, algo que no sucede en el caso de Balears: para obtenerla debería superar los 1.218 niños y adolescentes migrantes acogidos, un 45% más de los que atiende en la actualidad.
Con todo, el Ejecutivo balear replica que en las islas no hay “espacios ni profesionales” que puedan alojar y atender a esos menores. “Se trata de defender los derechos y la dignidad de estos menores. En Balears estamos desbordados”, arguye Prohens.
En la actualidad, la comunidad autónoma acoge a unos 670 niños y adolescentes que, como en otras regiones, han cruzado el mar para huir de conflictos bélicos, persecuciones y hambrunas. De todos ellos, más de 300, de acuerdo a las cifras del Govern, han arribado a lo largo de este año. Además, las islas cuentan con 72 plazas específicas para menores llegados sin la compañía de un adulto, lo que representa el 11,4 % del conjunto de plazas consolidadas para la asistencia a jóvenes tutelados.
No solo eso. Estas 72 plazas suponen tan solo el 17,7 % de las 406 con las que debería contar el archipiélago de acuerdo al criterio establecido por el Gobierno en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados a partir de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Con todo, el gabinete de Prohens insiste en afirmar que, en medio de la actual presión migratoria que atraviesa Balears, la comunidad autónoma no cuenta con medios suficientes para atender a los menores “con dignidad”. “Nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección están absolutamente desbordados”, apuntalaba el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, el pasado 29 de agosto.
En paralelo, los servicios jurídicos del Govern han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que el Gobierno aprobó el 22 de julio para regular el procedimiento de derivación de los menores con el objetivo de “tumbar” la medida, tal como señaló Costa. El Alto Tribunal lo ha admitido a trámite y, tras analizar a fondo el asunto, deberá dictar una resolución al respecto en próximos meses.