PP y Vox aprueban la ley ómnibus balear: ayudas sociales restringidas, plazas de policía para militares y ataques al catalán

Lo que comenzó hace apenas medio año como un decreto para acelerar proyectos estratégicos ha terminado convertido en una de las leyes más controvertidas de la actual legislatura en Balears. Con los votos de PP y Vox, el Parlament ha aprobado finalmente la norma impulsada por el Govern de Marga Prohens (PP) tras una tramitación exprés marcada por la incorporación de centenares de enmiendas que nada tienen que ver con el espíritu inicial del texto y que modifican de forma encubierta cerca de 70 leyes autonómicas.

No en vano, las negociaciones llevadas a cabo estos meses por conservadores y extrema derecha han multiplicado por cinco el texto original de la norma, convirtiéndolo en una macroley en la que han sido introducidas cuestiones tan alejadas de su esencia como la reserva de plazas de policía local a militares de tropa y marinería, la agilización de licencias urbanísticas y la externalización de sus controles, el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales, la flexibilización de los requisitos de la lengua catalana en el ámbito público, la creación de una oficina antiokupación -una de las grandes banderas discursivas de los de Santiago Abascal- y la recuperación del tiro al pichón y a la codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

El texto no modifica solo una o dos normas sectoriales, sino que acaba tocando numerosas disposiciones distintas de leyes, decretos, órdenes y reglamentos. La complejidad y el volumen alcanzado por la macroley, con la incorporación de transacciones acompañadas de latinismos como “sexies”, “quinquies” o “novoquadragies”, ha provocado incluso momentos de desconcierto durante la votación y ha obligado a suspender momentáneamente el pleno para aclarar cuál era exactamente el redactado que se estaba votando. Los diputados de PP y Vox han dado luz verde al texto definitivo cuando pasaban las 17.00 horas.

La polémica, sin embargo, no solo la suscita el contenido de las enmiendas, sino también la maniobra utilizada para incorporarlas. La oposición de izquierdas denuncia la utilización de leyes tipo ómnibus para introducir reformas estructurales “por la puerta de atrás”, evitando el debate y los informes específicos que requerirían cada una de ellas por separado y anulando la posibilidad de presentar enmiendas independientes por parte de los demás grupos. La fórmula permite, de este modo, modificar simultáneamente decenas de leyes bajo un único paraguas legislativo, reduciendo drásticamente los tiempos parlamentarios.

Durante el debate de la ley, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, en línea de los demás grupos, ha denunciado que el texto ha dejado de ser una norma para agilizar proyectos estratégicos para convertirse en un “auténtico cajón de sastre” utilizado para introducir reformas ideológicas sin debate específico, lo que, ha aseverado, sienta “un precedente muy peligroso”. El dirigente ecosoberanista ha acusado al Govern de Prohens de asumir progresivamente la agenda ideológica de Vox y convertir una ley de simplificación administrativa en una herramienta para impulsar cambios estructurales “sin debate público real”. “Las líneas rojas se han transformado en líneas rojigualdas de inspiración franquista”, ha espetado en alusión a los supuestos límites que los conservadores han asegurado en numerosas ocasiones haber impuesto a sus socios de investidura.

El portavoz de Més ha puesto el foco, además, en varias de las medidas incluidas en la norma que, ha advertido, favorecerán la entrada de grandes capitales inmobiliarios y fondos de inversión extranjeros en Balears en un momento de máxima tensión residencial al reducir controles y plazos administrativos, permitir excepciones a licencias municipales y crear mecanismos específicos para acelerar inversiones privadas. Asimismo, la macroley abre las puertas a que personas jurídicas -empresas, sociedades o fondos de inversión- puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al mercado del alquiler. La oposición alerta de que el nuevo marco allana el camino para que actores privados puedan llevar a cabo operaciones inmobiliarias y turísticas de gran escala en un territorio ya fuertemente tensionado por la turistificación, la presión urbanística y la compra de vivienda por parte de capital extranjero. “Será una autopista para la inversión especulativa”, ha incidido Apesteguia.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a PP y a Vox de haber “pervertido el procedimiento legislativo” y ha recriminado al vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa -encargado de defender la iniciativa legislativa-, que haya sacado pecho del “diálogo”. “Eso probablemente lo hacen en su despacho”, le ha espetado.

Con la aprobación de esta norma 'contenedor', el Govern de Prohens sigue la senda del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que también ha utilizado varias leyes ómnibus para modificar o derogar decenas de normas con incidencia en el urbanismo, la ordenación del territorio, el medioambiente y la agricultura.

Estas son las principales medidas aprobadas a través de la ley de proyectos estratégicos en Balears.

Restricción de ayudas sociales

La norma incorpora criterios más restrictivos a la hora de acceder a la red de protección social de la comunidad, una modificación que, en palabras de Vox, busca frenar el “efecto llamada”, elemento amplia y reiteradamente cuestionado por distintos estudios y especialistas en migraciones. Entre otros requisitos, el Govern exigirá un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), además de obligar a los solicitantes a haber solicitado previamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y cualquier otra prestación o subsidio al que pudieran tener derecho.

El nuevo redactado también endurece las obligaciones vinculadas a la inserción laboral: el Govern reclamará que las personas en edad laboral de la unidad familiar estén inscritas como demandantes de empleo y no hayan rechazado ofertas de trabajo ni abandonado voluntariamente un empleo durante los tres meses anteriores a la solicitud. La ley amplía además el régimen sancionador de estas ayudas, incluyendo periodos de prohibición de acceso de hasta 18 meses para toda la unidad de convivencia en casos considerados muy graves.

El giro restrictivo en el acceso a las ayudas sociales encaja con una estrategia política más amplia impulsada por Vox en distintos territorios bajo el concepto de “prioridad nacional”, consistente en limitar prestaciones públicas a la población migrante. En Balears, el PP evita asumir explícitamente ese marco discursivo y, en lugar de establecer diferencias directas entre ciudadanos españoles y extranjeros, articula las nuevas restricciones a través de requisitos administrativos y de residencia prolongada que, en la práctica, endurecen especialmente el acceso de la población más vulnerable a la principal red de protección social de la comunidad.

Entre las nuevas medidas figura también la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, que replica el modelo impulsado previamente por conservadores y extrema derecha en el Ayuntamiento de Palma. Aunque carecería de competencias ejecutivas, su creación institucionalizaría el enfoque antiokupación dentro de la política autonómica, a pesar de que sindicatos de vivienda y entidades sociales llevan tiempo denunciando que la okupación representa una parte mínima del problema habitacional a nivel estatal y en Balears en particular.

Este apartado ha sido especialmente criticado por la izquierda. “Ustedes, PP y Vox, son un peligro para los derechos humanos”, ha espetado el diputado socialista Llorenç Pou. En esta misma línea, su compañera de bancada, Amanda Fernández, ha acusado a ambos socios de dejar “a los más desfavorecidos y vulnerables sin las necesidades más básicas cubiertas”. “Ustedes quieren economía sumergida pero sin derechos”, ha reprochado, denunciando que, en paralelo, los populares intenten bloquear la regularización de personas migrantes y alimenten un clima político basado “en el racismo y el odio”.

Agilización de licencias y externalización de controles

La Ley también profundiza en la filosofía de “desregulación” y simplificación administrativa que PP y Vox han defendido durante toda la negociación. En esta materia, las medidas incorporadas pretenden apuntalar una de las normas más controvertidas de la legislatura en Balears, la ley de liberalización del suelo, que permite legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico en determinadas condiciones so pretexto, según defiende el Govern de Prohens, de facilitar el acceso a la vivienda. El texto abre además las puertas a regularizar cientos de edificaciones, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección de la Serra de Tramuntana, el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El nuevo texto permite eximir de licencias municipales determinadas obras públicas declaradas de especial interés estratégico y facilita que infraestructuras autonómicas o insulares se tramiten con procedimientos excepcionales y preferentes. No solo eso: la declaración de proyecto estratégico lleva implícita la autorización para contratar, firmar convenios e iniciar expedientes de gasto sin trámites adicionales del Consell de Govern. El nuevo marco crea incluso una Comisión y una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos encargadas de captar inversiones privadas y acompañar a empresas durante las tramitaciones administrativas.

Las enmiendas, además, buscan ampliar el uso de las declaraciones responsables no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en numerosos procedimientos administrativos, evitando, como sostienen desde el PP, que los ciudadanos “tengan que aportar repetidamente documentos que ya están en su poder o la verificación de los cuales se puede hacer posteriormente”. En la práctica, este sistema permitiría impulsar actividades sin necesidad de autorización previa, trasladando el control a un momento posterior pero reforzando el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Otro de los puntos pasa por incorporar a las entidades colaboradoras de certificación -como los colegios profesionales o las cámaras de comercio- para que puedan validar la documentación y los requisitos técnicos con eficacia administrativa. Se trata de un modelo que, aunque con la intención de reducir tiempos de revisión, supondrá en la práctica una externalización parcial de las funciones de control y una mayor agilización de licencias y trámites en un contexto marcado por la creciente saturación turística y el debate sobre los límites del crecimiento en Balears.

Las enmiendas también alcanzan a ámbitos profesionales específicos, como el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), a través de modificaciones en su regulación. Los cambios planteados afectan al marco de acceso y ejercicio de la actividad, en línea con el objetivo declarado por el PP de simplificar trámites y reducir cargas administrativas. En este caso, la reforma se orienta a flexibilizar los requisitos y procedimientos vinculados al ejercicio de la actividad inmobiliaria, introduciendo mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos operadores y reduzcan los controles previos en favor de sistemas de verificación posterior.

Ofensiva contra el catalán

Respecto a la lengua propia de Balears, el texto incorpora excepciones al requisito de catalán tanto para determinados puestos laborales de la Administración como para los nuevos directores de proyectos estratégicos, para quienes no será exigible acreditar conocimientos del idioma, algo que Vox llevaba tiempo reclamando bajo el discurso de acabar con la “imposición lingüística”: “No podemos permitir que un aula se quede sin profesor porque el candidato más cualificado no tenga un titulito excluyente como es el catalán”, expresó en su momento la portavoz parlamentaria de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas.

El PP y los de Santiago Abascal también eliminan la obligatoriedad de acreditar conocimientos del catalán a los trabajadores de los niveles 7 y 8 del personal laboral de la comunidad autónoma, vinculados sobre todo a tareas auxiliares, subalternas, de mantenimiento o servicios básicos. En este sentido, el diputado de Unides Podem José María García ha acusado al Govern “romper el consenso” alcanzado hace cuatro décadas con la Ley de Normalización Lingüística para alinearse con la extrema derecha. “Ustedes cambian cromos y se defienden como pueden cuando se les acusa de ir contra la lengua propia de Balears”, ha reprochado a los populares.

En línea de los demás grupos de izquierdas, ha recriminado que las modificaciones introducidas representan “un ataque directo” a la normalización lingüística. “El catalán sí está en recesión”, ha alertado el parlamentario de la formación morada, que ha defendido que la escuela debe compensar la posición de desventaja social de la lengua propia frente al castellano.

Militares en la policía local y pistolas táser

También han introducido un cambio relevante en el acceso a los cuerpos policiales municipales. A iniciativa de los de Abascal será modificada la normativa de coordinación de policías locales para permitir que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de policía local a militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio -una medida que ya ha celebrado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME)-, así como la autorización del uso de pistolas eléctricas (taser) como equipamiento policial.

En paralelo, la macroley introduce cambios fiscales de enorme alcance. Entre ellos figura una bonificación del 100% en determinadas escrituras notariales para la compra de primera vivienda por parte de jóvenes menores de 30 años o personas con discapacidad, siempre que cumplan requisitos económicos y de residencia previa en Balears. También se modifican normativas de comercio, turismo, residuos, actividades económicas y contratación pública, además de facilitar nuevas fórmulas para la cesión de suelo público entre administraciones y ampliar competencias de la Agencia Tributaria balear.

El PP: “Un texto más sólido y ambicioso”

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado, durante la defensa de la iniciativa legislativa, que, en contra del criterio de la oposición, aquélla no traspasa ninguna de las “líneas rojas” marcadas por el Govern. Según ha señalado, las nuevas medidas ayudarán a “cambiar la manera en la que la administración responde a las empresas y los ciudadanos” e impulsar la diversificación de la economía de Balears. El también vicepresidente primero ha defendido que las enmiendas introducidas “mejoran el texto” y permiten “dar cumplimiento” al acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox hace ahora un año.

“El acuerdo presupuestario queda cumplido y, evidentemente, ahora seguiremos negociando ley a ley e iniciativa a iniciativa”, ha subrayado.

En esta línea, el diputado del PP Jorge López ha apuntado que la tramitación de la norma demuestra que “cuando existe voluntad política los acuerdos son posibles” y ha reivindicado el texto como una herramienta para “modernizar la Administración”, reducir burocracia y facilitar inversiones y proyectos empresariales en Balears. El parlamentario popular ha aseverado que el resultado final es “un texto más sólido, más ambicioso y más útil para los ciudadanos”. Según ha alegado, la ley combina “agilización administrativa con seguridad jurídica” y permitirá impulsar vivienda para residentes, medidas fiscales para jóvenes y familias y nuevas herramientas contra la oferta turística ilegal.

Frente a las críticas de la oposición por la utilización masiva de enmiendas inconexas, López ha apelado a la legitimidad democrática de la tramitación al contar con una mayoría parlamentaria. López ha aprovechado el debate para cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, que ha calificado de “improvisación” y “caos”. “Cuando veo que ustedes manipulan y mueven las reglas según les interesa es cuando uno pierde la credibilidad”, ha reprochado.