El número dos de la presidenta balear del PP achaca a un “error” la colocación de un familiar como chófer oficial
Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negado este martes ante la jueza las imputaciones de presunto amaño que pesan sobre él en relación a la contratación del chófer oficial de la líder autonómica y ha defendido que el procedimiento se desarrolló con “legalidad” y “transparencia”.
Pasadas las 9.15 horas, el número dos de Prohens hacía acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como investigado por el presunto trato de favor a un familiar suyo -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia.
En su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, Jurado, quien únicamente ha respondido a preguntas de su letrado, Jaime Campaner, ha rechazado los hechos descritos en la querella interpuesta por un veterano chófer y funcionario de carrera y ha defendido que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern. De acuerdo con su versión, el sistema previsto legalmente para cubrir la plaza era el de libre designación, dado que se trataba de un puesto de confianza vinculado directamente a Presidencia.
El investigado ha asegurado que la convocatoria se publicó inicialmente “por error” como un concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación. Según su declaración, una vez revisadas las candidaturas se le trasladó una lista con quince aspirantes que cumplían los requisitos exigidos y fue entonces cuando él escogió al candidato que consideró más adecuado para el puesto.
La defensa de Jurado coincide además con la documentación remitida por el propio Govern al Juzgado. En un oficio firmado por la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo señala que, una vez elaborada la lista definitiva de los 15 aspirantes admitidos y revisados sus currículums, toda la documentación fue trasladada a la dirección del Gabinete de la Presidenta, que “propuso a la persona que consideró más idónea” para ocupar la plaza.
La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.
El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.
Durante su comparecencia, Jurado ha insistido en que el puesto era de “confianza” y que actuó dentro de las competencias propias de una plaza de libre designación. La defensa del jefe de gabinete mantiene así la misma línea argumental sostenida desde el inicio por el Ejecutivo autonómico, que siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y ha expresado su “máxima y absoluta tranquilidad” respecto a la causa judicial.
El relato del querellante dibuja, sin embargo, una batalla mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de Presidencia y sobre el choque entre los principios de mérito y capacidad y la discrecionalidad política en los puestos de confianza. La querella acusa directamente al entorno de Prohens de haber diseñado un “plan ilegal, injusto y arbitrario” para “facilitar un puesto de trabajo en la administración pública a un familiar”.
El denunciante, funcionario de carrera desde hace más de treinta años y chófer de varios presidentes autonómicos, asevera que fue apartado del servicio directo a Presidencia para ser sustituido por “un joven afín sin experiencia”, lo que deterioró gravemente su salud mental y derivó en un cuadro ansioso-depresivo que todavía arrastra.
En su querella, el veterano chófer subraya que el puesto de conductor adscrito a Presidencia no era una plaza menor dentro del Govern y que la propia relación de puestos de trabajo define el cargo como uno de “dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica”, dado que implica el acompañamiento directo a la máxima autoridad política de la comunidad autónoma.
La querella convierte además el accidente del coche oficial en una pieza central del relato acusatorio. El denunciante sostiene que el siniestro constituye una prueba de que el conductor elegido “no reunía méritos, aptitudes ni actitudes” para desempeñar el puesto.
Preguntado en su día por el accidente, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, trató de rebajar la polémica asegurando que “una persona puede tener un accidente”. El Ejecutivo balear mantiene desde el inicio una línea de defensa cerrada sobre la actuación de Jurado y sostiene que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa. El pasado viernes, Costa reiteró la “máxima y absoluta tranquilidad” del Govern después de que el denunciante ratificara judicialmente su querella.