La popular Núria Riera, quien solapa su cargo de consellera portavoz del equipo de gobierno del Consell de Mallorca -en manos de conservadores y Vox- con el de jefa de servicio del Ejecutivo autonómico a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de incompatibilidades se ha escudado en que nunca ha recibido “quejas” durante los diez años que lleva compatibilizando su puesto de funcionaria con otras actividades de ámbito político.
Tal como informó elDiario.es el pasado mes de julio, Riera compagina ambas actividades -con sospechas de inactividad en su cargo como funcionaria por parte de la oposición-, lo que le permite cobrar un total de 127.211 euros anuales del erario público. Riera justificó entonces que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear (donde posee una dedicación del 100%) ni como consellera insular (75%), a pesar de que el problema no radica en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.
En declaraciones a los medios durante el pleno del Consell de Mallorca, que ha rechazado además, con los votos de PP y Vox, debatir una moción del PSIB-PSOE para tratar de urgencia este asunto, ha acusado a los partidos de la oposición de emprender una “cacería” contra su persona después de que les hayan “salido mal” las incoadas contra el presidente del Consell de Eivissa, Vicenç Marí -quien fue investigado por presuntos delitos de prevaricación, conflicto de interés, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, coacciones y trato denigrante a una funcionaria, causa que en diciembre fue sobreseída provisionalmente-, y contra el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez -a quien un grupo de funcionarios denunciaron por supuestamente intentar agredir al jefe de Inspección de su departamento, unas pesquisas que el pasado martes archivó el propio Consell.
“Hace diez años que estoy en dedicación parcial, y hace 30 que soy funcionaria de carrera en la administración autonómica. Nunca he tenido problemas para ejercer mis tareas de representación pública, que es un deber inexcusable que tenemos los consellers de cara a los mallorquines, y nunca he tenido quejas en mi trabajo”, ha recalcado en los pasillos del Consell. Este miércoles, en comisión parlamentaria, el Govern balear del PP, a través de su consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, salió en defensa de la portavoz popular, alegando que “cumple todos los requisitos para compatibilizar los trabajos que está haciendo”.
Sin embargo, Estarellas, quien compareció en comisión parlamentaria a petición de la oposición para dar explicaciones sobre este asunto, no aclaró si Riera cumple con su horario como jefa de servicio, hecho que ponen en duda desde Més per Mallorca y PSIB-PSOE, que la acusan de fichar en su puesto como funcionaria para después abandonarlo y ejercer como portavoz popular en el Consell. No en vano, Riera tenía previsto atender a los medios a las 11.45 horas de este mismo miércoles en la sede de esta institución, aunque, finalmente, no hizo acto de presencia en la rueda de prensa alegando “motivos personales” y fue el portavoz adjunto del partido en la institución insular, Bernat Vallori, quien compareció en su lugar.
La oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.
En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.
Durante el pleno del Consell de este jueves, el portavoz adjunto socialista, Javier de Juan, ha comenzado contundente su alocución: “Dedicaré mi primer minuto a hablar del caso Riera, que es fácil de explicar: se llama codicia. Todo empieza porque para ella el 50% de dedicación parcial era poco -históricamente las dedicaciones parciales en el Consell han sido de media jornada- y forzó el 75%”, ha manifestado.
Asimismo, ha recriminado que Riera no haya solicitado la previa y expresa autorización de compatibilidad -que informes de distintas corporaciones españolas y guías prácticas en materia de incompatibilidades establecen como requisito indispensable para compaginar varias actividades públicas: “Usted no ha pedido la compatibilidad porque no quiere que el informe certifique que usted puede ser compatible, pero con dos limitaciones: el horario y el sueldo. La compatibilidad le dirá que no puede ejercer el cargo de portavoz por las mañanas, y eso no es posible si quiere hacerlo mínimamente bien”, ha aseverado De Juan.
Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha considerado que la moción de reprobación instada por el PP para que la oposición pida perdón a Marcial Rodríguez tras el archivo de su causa, en lugar de ir dirigida al conseller de Turismo “debería ir contra Riera”. “Si esta sala tiene que poner nombre y apellidos a un cese es el de la portavoz del PP”, ha agregado el ecosoberanista, quien ha aseverado que Riera no tiene “tiempo material” para cumplir con los horarios de sus dos puestos de trabajo y, para ejercer su labor como portavoz, “abandona” su puesto como funcionaria. “Y tiene dos salarios públicos mientras mucha gente no puede pagar el alquiler”, ha sentenciado.