El PP avala que grandes empresas accedan a viviendas protegidas en Balears mientras carga contra los “inquiokupas”

El Govern de Marga Prohens (PP) ha salido en defensa de una de las medidas introducidas en su recién aprobada ley ómnibus: la que permitirá a empresas, sociedades y otras personas jurídicas adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. Mientras la izquierda le acusa de poner la “alfombra roja” a los fondos buitre y a los grandes capitales, el Ejecutivo ha insistido en asegurar que la iniciativa ampliará la oferta residencial asequible y ha aprovechado para arremeter contra la 'okupación' a pesar de representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda: “No todos los que ocupan una vivienda están en situación de vulnerabilidad”, ha espetado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

Durante el pleno de este martes, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar los problemas estructurales del mercado residencial balear: “En lugar de proteger a las familias, empeoran los problemas que ya tenemos de concentración de propiedades en pocas manos, especulación, fondos buitre y empresas que, con su reforma, podrán competir con las personas en el acceso a la vivienda”, ha reprochado durante una pregunta parlamentaria dirigida al conseller.

Rosa ha cuestionado especialmente que el Govern considere una mejora del acceso a la vivienda permitir que sociedades mercantiles puedan adquirir viviendas de precio tasado. En este sentido, ha recriminado al PP que haya asumido una lógica que ya ha provocado problemas en otros territorios. “Esperaría que diera la cara por las medidas que ha tomado, que dijera claramente que está de acuerdo con los fondos buitre y que le da igual que dentro de quince años empiecen los desahucios, que es lo que ha pasado en Madrid”, ha afirmado. “Son unos cínicos, se llenan la boca hablando de vivienda asequible para la 'gente de aquí' mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre”, ha aseverado.

A su juicio, las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico no atacan las causas reales de la crisis habitacional y se limitan a rebajas fiscales como la supresión del impuesto de sucesiones. “Como si la solución para llegar a fin de mes fuera esperar a que se muera un familiar para poder pagar la luz o hacer la compra”, ha ironizado.

Mateo ha rechazado las acusaciones y ha defendido que la modificación responde a la propia configuración jurídica de la vivienda de precio tasado. Según ha explicado, esta figura ya contemplaba el alquiler y el alquiler con opción a compra desde que fue regulada por el anterior Pacte. La novedad incorporada mediante una enmienda permite que la gestión de promociones completas pueda ser asumida por promotores o personas jurídicas que posteriormente alquilen las viviendas a quienes cumplan los requisitos establecidos. “Lo que conseguimos es que los ciudadanos puedan acceder a precios por debajo del mercado”, ha argumentado el conseller.

El debate se ha producido apenas unos días después de que PP y Vox aprobaran una ley ómnibus que, además de introducir cambios en materia de vivienda, endurece el acceso a determinadas ayudas sociales, flexibiliza el requisito de catalán en la función pública, reserva plazas de policía local para militares y crea una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Precisamente sobre esta cuestión, Mateo ha vuelto a alinearse con Vox al sostener que “no todas las personas que ocupan una vivienda de forma ilegal están en situación de vulnerabilidad”.

Durante una pregunta formulada por la diputada de Vox Patricia de las Heras, el conseller defendió que tanto la ocupación como la denominada “inquiokupación” constituyen “un problema real” que contribuye a las dificultades de acceso a la vivienda. Mateo reivindicó la creación de una oficina antiokupación y aseguró que la legislación estatal deja a los propietarios “en clara indefensión”. Tras ser presionado por Vox, respondió de forma explícita que no todos los ocupantes ilegales se encuentran en situación de vulnerabilidad y reclamó cambios legislativos para reforzar la protección de la propiedad privada.