A pesar de que la popular Marga Prohens ha admitido que las Islas son un “territorio frágil y protegido”, la presidenta del Govern ha respondido así a preguntas de los medios de comunicación sobre la probable y más que posible supresión de la Comisión de Medio Ambiente a través del Decreto de Simplificación Administrativa, que pretende disminuir los trámites necesarios para otorgar licencias urbanísticas, “para que la Administración no se convierta en un problema para el ciudadano”. “Estamos redactando un decreto y habrá que esperar a ver cómo acaba. Los de esta Comisión son los que están redactando, no solo un cambio en lo que se refiere a estos trámites, sino mucho más porque es un Decreto muy amplio”, ha contestado Prohens.
En esta línea, ha explicado que el Govern pretende analizar cómo resolver los cuellos de botella, porque “no puede ser que la Administración se convierta en un problema para el ciudadano”. “Analizamos cuál es la mejor forma. No solo esta Comisión es un cuello de botella, hay muchos en la Administración”, ha insistido Prohens, quien ha prometido que lograrán la agilización “con rigurosidad y valentía política”.
La Comisión de Medio Ambiente nunca ha sido vista con buenos ojos por el Partido Popular que ha criticado en las anteriores legislaturas donde gobernaba el pacto progresista, PSOE y Unidas Podemos, que las decisiones de este organismo eran “políticas”. Esta visión también ha sido compartida por el sector de la construcción que siempre ha estado en contra de su existencia. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín, llegó a proponer “pegar fuego” a la Comisión, tal y como publica el diario Última Hora.
Según el nuevo Decreto las funciones del organismo medioambiental serán asumidas por una nueva dirección general que realizará las evaluaciones ambientales sin la presencia de las entidades que componían la Comisión de Medio Ambiente. El pleno de la Comisión, está integrado ahora por su presidente, 10 directores generales de diversos departamentos del Govern, representantes de los Consells, un miembro de una asociación de las entidades locales y hasta tres miembros, designados por el conseller  de Medio Ambiente entre personas u organismos con competencia reconocida en materia ambiental. Además del pleno, hay dos subcomités técnicos con 21 miembros cada uno de ellos.
Sin embargo, tal y como publica el mismo medio, la legislación estatal obliga a hacer esta evaluación ambiental previa al otorgamiento de licencias urbanísticas. No obstante, fuentes del Govern insisten en que los cambios organizativos permitirán eliminar demoras “injustificables y recurrentes” y posibles “fuentes de arbitrariedad”.
La presidenta del Govern ha matizado que el Decreto tendrá medidas de todas las consellerias y, prácticamente, de todas las áreas del Govern. Se prevé que esté aprobado para finales de mes.