Vecinos de Ibiza acusan a un 'pirata' de desplegar una red ilegal de fondeos sobre la posidonia

Nicolás Ribas

30 de julio de 2026 17:17 h

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Los fondeos ilegales sobre la Posidonia oceanica representan uno de los problemas más graves para el ecosistema marino de las Pitiüses. En el caso de Eivissa, uno de cada cinco barcos y yates fondean ilegalmente sobre la planta, dañándola gravemente. Entre las zonas más afectadas se encuentra Talamanca, una de las tres playas urbanas de la capital ibicenca. Es precisamente esta última cala la que se ha convertido, presuntamente, en el nuevo centro de operaciones del empresario 'pirata' Evaristo Soler Cardona, quien antaño actuaba en la bahía de Porroig, al suroeste de la isla.

La presión social, policial y judicial le obligó a abandonar Porroig. Sin embargo, ha encontrado un nuevo escenario donde presuntamente continúa ejerciendo esta actividad ilícita. Ha sido la Asociación Amarristas de Talamanca la que le ha denunciado -este miércoles por la tarde- ante la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Josep de sa Talaia a Evaristo Soler por la supuesta comisión de varios delitos, de acuerdo a la documentación consultada por elDiario.es. Fuentes del Instituto Armado confirman a este diario que la denuncia ha sido presentada correctamente y que van a investigar los hechos objeto de denuncia sobre el terreno.

Entre los hechos denunciados figuran la instalación de fondeos ilegales sobre posidonia, la apropiación indebida y el robo de estructuras de fondeo, la explotación económica ilícita, la invasión de la zona de baño balizada, la ocultación de matrículas, la contaminación acústica y la utilización de una embarcación auxiliar supuestamente robada. Asimismo, se le atribuyen daños y coacciones, como ha avanzado Diario de Ibiza. El abogado del denunciado no ha respondido a las preguntas de este diario.

Los afectados explican a este periódico que Evaristo Soler llevaría ejerciendo esta actividad ilegal en Talamanca desde al menos el verano de 2025. Disponen, además, de una grabación de 16 minutos donde se ve al denunciado fondear ilegalmente un barco, tal como figura en el atestado policial. La denuncia presentada ante el Instituto Armado documenta cómo el ‘pirata’, que ha sido condenado en el pasado por hechos similares, gestiona una red de fondeos ilegales en la bahía de Talamanca.

En la denuncia, los afectados sostienen que el denunciado instala de forma clandestina e ilegal 'muertos' —estructuras de hormigón utilizadas para el fondeo— que, presuntamente, sustraería a sus legítimos propietarios y colocaría sobre la posidonia, causando un grave daño ecológico a esta planta marina. La posidonia desempeña funciones esenciales para el ecosistema balear: oxigena el mar, captura grandes cantidades de dióxido de carbono, protege las playas frente a la erosión y sirve de hábitat a cientos de especies. Su conservación resulta, por tanto, esencial tanto para preservar la biodiversidad como para combatir el cambio climático.

La legislación protege la planta marina

Cabe recordar que, durante la primera legislatura (2015-2019) de la socialista Francina Armengol al frente del Govern –en coalición con Més per Mallorca y mediante un acuerdo de gobernabilidad con Podemos–, se aprobó el Decreto 25/2018 para la conservación de la Posidonia oceanica en el archipiélago balear. El artículo 13 de esta norma establece que las infracciones relacionadas con los daños a la planta marina pueden sancionarse tanto con arreglo a la normativa autonómica como a la estatal.

La Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), describe en su artículo 51 como infracción grave acciones relacionadas con la obstrucción de la actuación de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del espacio natural; la alteración de los procesos ecológicos que sean fundamentales para la integridad de los ecosistemas y las acciones que atenten de forma grave contra la flora, la fauna o la configuración geológica de los espacios naturales, siempre que el daño sea reversible. En su artículo 52, como muy grave las alteraciones deliberadas e irreversibles de los hábitats de los espacios naturales en contra de su normativa o planificación. El artículo 54 fija sanciones de entre 6001 y 100.000 euros para las infracciones graves y de 100.001 a 450.000 euros para las muy graves.

Por otro lado, el artículo 80.1.j) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad califica como infracción grave el deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario, como la posidonia, mientras que el artículo 80.2 califica como muy grave si el daño causado al medio ambiente supera los 100.000 euros.

Estos daños incluyen prácticas como el uso de sustancias –vertidos y químicos– que alteren los ecosistemas; la destrucción o muerte de los hábitats de especies en peligro de extinción; introducción o comercio de especies exóticas o invasoras y fondeo permanente de buques-tanque en espacios protegidos. Las infracciones graves se sancionan con multas de entre 3001 y 200.000 euros, mientras que las muy graves oscilan en torno a los 200.001 y 2 millones de euros, sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo, como se desprende del artículo 81.

Además de la posible degradación del medio ambiente debido a los daños a la posidonia, la denuncia de la Asociación Amarristas de Talamanca también atribuye al denunciado la explotación lucrativa ilícita mediante el alquiler de estos amarres y el robo de materiales a otros navegantes. La denuncia subraya un entorno de coacción y amenazas hacia los usuarios locales para asegurar el control de la zona y evitar represalias legales. Los testimonios consultados por este diario han incluido, finalmente, pruebas audiovisuales que vinculan a varios colaboradores en las actividades delictivas desarrolladas por Evaristo Soler en Talamanca.

Ya fue condenado por hechos similares

Los supuestos delitos denunciados por la Asociación Amarristas de Talamanca fueron corroborados en sede judicial en un proceso distinto al denunciado, cuando el empresario ‘pirata’ todavía operaba en la bahía de Porroig. Ubicada en el suroeste de la isla, esta cala funciona como un puerto natural, y configuró su principal centro de operaciones clandestinas. El Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa condenó a seis meses de prisión por un delito de coacciones a Evaristo Soler a finales de enero de 2026, tal como avanzó elDiario.es.

El fallo consideró probado que Evaristo Soler Cardona pretendía cobrar a cada embarcación que llegaba a la bahía para fondear, pese a no contar con ningún tipo de autorización para ello. Además, la magistrada Martina Rodríguez también le condenó por haber quebrantado una medida cautelar (orden de alejamiento); por un delito de daños, así como al pago de diferentes multas, según la resolución judicial. El abogado del condenado no respondió a las preguntas de este diario, con la finalidad de incluir la versión del empresario ‘pirata’, más allá de lo que argumentó en la vista oral.