Trump ha convertido Venezuela en un protectorado 'de facto' y la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado
La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición.
EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.
Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.
Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:
“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.
“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.
“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.
“A gestionar el país”.
“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”
“A gestionar el país”.
“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.
Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.
“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.
La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.
“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.
“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”, ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.
Hace unos días, el Departamento de Estado lanzó una campaña para acabar con la Corte Penal Internacional. En los últimos días, Venezuela anunció su salida, celebrada por el propio Departamento de Estado: “EEUU celebra la decisión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por EEUU para desmantelar la corrupta e inútil CPI”.
Y continúa: “La denominada corte lleva 'investigando' a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. [...] Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.
Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.
“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.
Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.
Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.
Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.
En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.
Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.
Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA.
En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.
“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.
En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta, que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.
“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.
Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.