Una traición entre narcos y casi 4.000 muertos: la guerra interna del Cártel de Sinaloa desangra México
Fernando Alan Chaidez tenía 24 años, había terminado sus estudios de Derecho y era un hijo ejemplar. “No salía, no había probado una gota de alcohol”, dice su padre, Bryan Humberto Chaidez Osuna. El 13 de enero de 2026, el joven fue acribillado a balazos cuando regresaba del gimnasio en Culiacán, la capital de Sinaloa, en el noroeste de México. Junto a él, su novia Rosa Guadalupe, también veinteañera, recibió diversos impactos de bala, pero se salvó de milagro. La versión oficial es que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Viajaban en un Honda blanco que fue tiroteado desde un blindado militar.
Supuestamente, los uniformados se confundieron. Perseguían a unos presuntos delincuentes que escapaban, también, en un Honda blanco y que les habían lanzado unos ponchallantas (unos hierros puntiagudos que sirven para reventar ruedas e impedir el paso de los vehículos). Fue una casualidad fatal. En medio de la carrera y la adrenalina, los militares empezaron a disparar y, para cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, ya era tarde. Fernando Alan Chaidez, el chico musculoso y atento, el orgullo de sus padres, había sido asesinado.
Se cumplen dos años de la guerra en el interior de facciones del crimen organizado en Sinaloa y el Estado sigue marcado por la violencia. El cartel de Sinaloa, considerado uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo, se rompió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los Chapitos, liderados por Iván y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante que actualmente paga una cadena perpetua en EEUU. Por otro, la Mayiza, los herederos de Ismael Zambada El Mayo, con Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, al frente. En medio, una constelación de grupos armados dedicados al tráfico de drogas y cuyas lealtades varían según el contexto.
La situación en Culiacán es superprecaria, porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno, y atravesada por una fuerte crisis económica
En estos dos años, Culiacán ha pasado de ser una capital en auge económico a languidecer como escenario de una guerra fratricida. Esta es la ciudad en la que un joven abogado puede salir a ejercitarse y regresar en una bolsa de plástico. O donde el Ejército mata a tiros a dos niñas que viajan en la parte de atrás de una camioneta. O el lugar en el que un youtuber es asesinado, también a tiros, durante una emisión en directo porque una facción del crimen organizado lo vincula con sus rivales. O la capital en la que varios cuerpos desmembrados aparecen en una camioneta decorada con un mensaje siniestro: “Bienvenidos a Culiacán”.
El conflicto interno del cartel de Sinaloa ha regado el estado de cadáveres (más de 3.800, según datos del diario Noroeste, lo que supone una media de cinco muertes violentas al día durante los últimos dos años), desaparecidos (una cifra similar, según colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras) negocios cerrados (unos 3.000 bajaron la persiana, según la patronal local) y que ha terminado por salpicar la política nacional, ante las acusaciones de vínculos de políticos locales con el crimen organizado. “La situación en Culiacán es superprecaria porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno y atravesada por una fuerte crisis económica”, dice a elDiario.es el académico y experto en crimen organizado Carlos Pérez Ricart.
Historia de una traición
La guerra comenzó después de una traición. Ocurrió el 25 de julio de 2024. Aquel día, Ismael Zambada, El Mayo, el narcotraficante más longevo y que contaba con la leyenda de no haber sido nunca detenido, fue citado en un rancho en las afueras de Culiacán. Supuestamente, tenía una reunión en la que debían participar el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya; uno de sus rivales políticos, Héctor Cuen; e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y otro de los grandes capos del cartel de Sinaloa.
Aquella reunión era una trampa. Apenas el Mayo puso un pie en una de las salas del rancho Huertos del Pedregal, unos sicarios bajo las órdenes de los Chapitos lo secuestraron. Héctor Cuen fue asesinado (la Fiscalía local trató de hacer pasar su muerte como un robo, pero fue descubierta) y los policías que ejercían de escoltas desaparecieron. Horas después, el Mayo Zambada aterrizaba en EEUU, atado, y acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y ahijado del propio narcotraficante. Parece difícil creer que el operativo se llevó a cabo sin el conocimiento del gobierno de EEUU. En junio de 2026, Zambada fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.
Desde el 9 de septiembre de 2024 no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado
Dos meses después de la traición, comenzó la guerra. El 9 de septiembre de 2024, la facción liderada por el hijo del Mayo Zambada atacó a sus antiguos socios. Conocían todos sus secretos: rutas, puntos de venta, negocios dedicados al blanqueo de dinero. Desde entonces no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado.
“Estos meses han dejado una huella; todavía no vemos la luz al final del túnel”, dice Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Antiguo activista, el funcionario lanza una especie de “mea culpa” colectivo. “Nos acostumbramos al tráfico, a la siembra. La sociedad también tiene que asumir: ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos omitido?”, argumenta. Asegura que es difícil lograr que las familias denuncien las vulneraciones a los Derechos Humanos que se perpetran en la guerra. México está demasiado acostumbrado a la violencia. En diciembre se cumplirán dos décadas desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la denominada “guerra contra el narco” que sembró el país de cadáveres. En estos últimos 20 años las cifras son demoledoras: más de medio millón de asesinatos y más de 130.000 desaparecidos.
La política y la delincuencia organizada
El conflicto interno tiene otra vertiente que ha convertido a Sinaloa en el epicentro de una disputa con EEUU: el papel del poder político en el dominio del crimen organizado. Aquí aparece una figura que ha generado controversia en las últimas semanas: el exgobernador Rubén Rocha Moya, adscrito a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. En primer lugar, se desconoce cuál fue su papel en la operación desarrollada por los Chapitos para capturar al Mayo Zambada y que dio origen a este ciclo de violencia. Aunque el vínculo del funcionario con el crimen organizado es anterior: investigaciones periodísticas revelaron decenas de secuestros a opositores perpetrados por el cartel de Sinaloa durante las elecciones de 2021, las que le dieron la victoria a Rocha Moya.
Lo anterior fue aprovechado por las autoridades de EEUU, que en abril de este año anunciaron una orden de captura contra el gobernador y otros nueve funcionarios, acusados de colaborar con el cartel de Sinaloa. Esto obligó a Rocha Moya a dejar el cargo y, aunque todavía no se ha enfrentado a la Justicia, su situación es de una gran fragilidad. “Rocha Moya está en una posición muy vulnerable. Veo su futuro en la cárcel”, dice Pérez Ricart, quien cree que Donald Trump está utilizando estos casos para influir en la política mexicana.
Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones
El futuro de Sinaloa es incierto. “Se aprecia que quien va ganando la guerra es la facción del Mayo Zambada”, asegura el analista David Saucedo, especialista en seguridad pública. En su opinión, sin embargo, esto no implica que la violencia vaya a desaparecer. Además, recuerda que las crisis internas de los grupos criminales pueden derivar en una diversificación de la delincuencia. “Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas (grupo de exmilitares que operó a principios del siglo XXI) o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones”, afirma. Pérez Ricart, por su parte, entiende que el gobierno federal ha conseguido algunos logros, como disminuir ciertas tasas de homicidios o meter en prisión a algunos generadores de violencia. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Las heridas en Sinaloa y las presiones de EEUU no facilitarán la pacificación.
Más allá de las grandes cifras, están las víctimas. Para Bryan Humerto Chaidez la guerra más importante es la que libra contra el estado que debió protegerle. “No vamos a dejar de buscar justicia”, insiste.