México, el día después de “El Mencho”: por qué la caída del capo puede tener el efecto contrario

A las pocas horas de que fuerzas especiales mexicanas abatieran el 22 de febrero a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el país vivió una represalia coordinada: vehículos incendiados, autopistas cortadas con bloqueos y ataques contra fuerzas del orden. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades registraron más de 250 bloqueos en 20 estados y que más de 70 personas murieron durante el operativo para capturar a Oseguera y en el violento saldo posterior.

La violencia no fue una sorpresa. Fue el previsible “después”, la fase que sigue a la caída de un capo cuando el Estado no dispone de un plan creíble para lo que viene a continuación.

México ha aprendido esta lección una y otra vez. Los golpes a la cúpula pueden ser necesarios y, sin embargo, rara vez bastan. Un corpus importante de análisis advierte de que la eliminación de los máximos dirigentes criminales puede disparar la violencia: las organizaciones se fragmentan, los rivales irrumpen y los lugartenientes se disputan la sucesión y el territorio. Cuando el Estado no logra estabilizar ese vacío, un operativo contra un capo puede acabar provocando el efecto contrario al buscado: abrir un periodo de disputa interna y desorden todavía mayor.

Cómo mutó “el problema de México”

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la economía criminal de México fue profundamente corrupta y, a menudo, tolerada. Pero, a grandes rasgos, seguía siendo un problema centrado en el narcotráfico: mover drogas hacia el norte, pagar por protección y calibrar la violencia para evitar desestabilizar el orden político. Con el tiempo, los cambios en las rutas y en la presión policial ayudaron a que los grupos mexicanos ampliaran su influencia dentro de la cadena de suministro dirigida a Estados Unidos.

Después llegó la ruptura. En 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa militarizó la confrontación y la lucha contra los cárteles se convirtió en un proyecto nacional definitorio. Lo que México no construyó entonces, ni en los años posteriores, fue una estrategia duradera, de largo aliento, que se ajustara a la naturaleza transnacional del problema. Estados Unidos (demanda, dinero, armas e inteligencia), Guatemala y Centroamérica (la realidad de la frontera sur y los corredores de tránsito), y Colombia y la cadena andina (los flujos de cocaína) no son actores periféricos. Son variables estructurales.

Un planteamiento serio de “día después” habría exigido coordinación internacional sostenida entre los actores clave, además de un compromiso de recursos concebido para sobrevivir a un solo mandato. En su lugar, gobiernos sucesivos ensayaron retóricas y tácticas distintas, incluidas etapas de menor presión sobre los capos, con la esperanza de que regresara una “normalidad” anterior. Pero el reloj no marcha hacia atrás. Cuando las organizaciones criminales se diversifican, se incrustan y escalan, rara vez vuelven a un modelo de negocio más simple.

Esa fue la segunda mutación: la diversificación hacia la depredación interna. Bajo presión y en un contexto de fragmentación, muchos grupos ampliaron su actividad más allá del narcotráfico: extorsión (“derecho de piso”), secuestro, fijación de precios y control de industrias legales, sindicatos y rutas de transporte. En la práctica, esto se traduce en un impuesto informal sobre el comercio, pagado no al Estado, sino a grupos armados.

La tercera mutación es todavía más peligrosa: alcance global y penetración en las instituciones. En un informe de 2025, la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) subraya que el CJNG se ha expandido más allá de México y ha establecido presencia en más de 40 países, respaldado por vastos recursos financieros, una estructura de franquicia, violencia y corrupción.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o incrustarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer "seguridad pública" y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado

Pero el peligro real no es solo la escala. Es la infiltración ascendente: de las calles y las cadenas de suministro hacia los ayuntamientos y las instituciones estatales. A principios de febrero, las autoridades mexicanas detuvieron a Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila (Jalisco), entre otras acusaciones por presunta extorsión a productores de tequila en un esquema que las autoridades vincularon al CJNG.

La violencia contra cargos locales tampoco es una hipótesis. El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos. Posteriormente, las autoridades detuvieron a siete de sus escoltas en relación con el homicidio, y el caso se enmarcó públicamente en un contexto de presión e infiltración por parte del CJNG. De forma más amplia, México lleva años soportando un goteo constante de asesinatos y atentados contra candidatos y políticos locales. Tan constante que la campaña electoral de 2024 se convirtió en la más sangrienta de la historia moderna del país, con decenas de candidatos asesinados antes de la votación.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o infiltrarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer “seguridad pública” y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado.

La máquina de reclutamiento y las “madres buscadoras”

A menudo, en Estados Unidos se subestima otra dimensión, más humana: los cárteles mexicanos no son únicamente redes de tráfico. Son una maquinaria de reclutamiento y exterminio. Reuters ha informado de sistemas que atraen a gente con ofertas de empleo y se sostienen en la coacción y la brutalidad, además del reclutamiento de menores por parte de los cárteles para asignarles roles violentos. En algunas regiones, jóvenes son secuestrados, encerrados en campos de entrenamiento (o concentración, según se vea) y obligados a integrarse. Si se niegan, la consecuencia puede ser una bala en la cabeza y una fosa clandestina.

Esa brutalidad desemboca en el trauma nacional de México: las desapariciones. Hoy, el país suma aproximadamente 130.000 personas desaparecidas. Y, en demasiados casos, las familias acaban haciendo lo que el Estado no puede: buscar. Las “madres buscadoras”, madres y familiares organizados en colectivos de búsqueda, han recurrido tanto a herramientas tan elementales como palas como a drones con cámaras térmicas, rastreando enormes extensiones de terreno en busca de anomalías que puedan señalar fosas sin marcar. En un país atravesado por la ausencia, la búsqueda se convierte en una institución paralela.

La estructura que sostiene la violencia

Basta observar cómo el poder de los cárteles se integra en la vida económica legal. En Michoacán, el asesinato de un dirigente destacado del sector limonero, que había denunciado reiteradamente las extorsiones, revela la presión que sufre el mismo ecosistema agrario que incluye la producción de aguacate y sus cadenas asociadas. La misma lógica se extiende a los corredores de transporte y a la logística. Opera no solo mediante bloqueos espectaculares, sino a través de un poder recaudador paralelo, impuesto por las armas, que se impone sobre rutas, trabajo y mercados locales de manera cotidiana.

El sector minero aporta otro ejemplo reciente y tangible. El 28 de enero de 2026, la empresa canadiense Vizsla Silver informó de que diez personas, incluidos geólogos e ingenieros, fueron secuestradas en su proyecto de Concordia (Sinaloa) por una facción de Los Chapitos (Cártel de Sinaloa). Las autoridades identificaron a cinco de los desaparecidos entre diez cadáveres hallados en fosas clandestinas en una comunidad cercana. Todo apunta a que el grupo entero fue asesinado. Sea cual sea el relato final de la Fiscalía, el mensaje comercial ya está escrito: en determinadas regiones, la actividad económica autorizada no puede separarse de forma fiable de la gobernanza criminal.

El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo

Y, después, está el punto de presión institucional: el instante en que el miedo se convierte en gobierno. En la mañana del pasado 25 de febrero, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, exresponsable de delitos de alto impacto en Baja California Sur, recientemente destituido por “pérdida de confianza”, añadió otro golpe. Iba acompañado de su hija menor, que, de forma sorprendente, sobrevivió. Las autoridades no han establecido públicamente el móvil. Pero la secuencia importa. La prensa local describió sus denuncias de corrupción y críticas públicas poco antes de su muerte. En un sistema que intenta resistir la penetración del crimen organizado, el efecto político es inconfundible: un silenciamiento de alto perfil, o uno percibido como tal, se convierte en una advertencia para quienes se planteen denunciar irregularidades.

La tentación Bukele

La ofensiva de El Salvador contra la delincuencia bajo el presidente Nayib Bukele ha producido resultados llamativos en los homicidios registrados y en la percepción de seguridad. Diversos medios de comunicación han confirmado el mínimo histórico de asesinatos contabilizado en 2024, mientras Gallup ha señalado que el 88 % de los salvadoreños afirmó sentirse seguro al caminar solo de noche en 2023. Esos números ayudan a entender dos cosas: por un lado, que, pese a sus defectos, las altísimas tasas de aprobación del mandatario revelan hasta qué punto la ciudadanía anhela resultados; por otro, por qué el “modelo Bukele” se ha convertido en un atajo político en la región para prometer una solución rápida, dura y visible.

Es preciso aclararlo: una parte del relato salvadoreño se sostiene sobre mecanismos que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, serían difícilmente asumibles y, en muchos casos, indeseables. La lógica de la mano dura se apoya en detenciones masivas, un estado de excepción prolongado y una elasticidad preocupante de las garantías procesales. Human Rights Watch ha documentado preocupaciones graves sobre dichas detenciones masivas, esas garantías procesales y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. A eso se añaden riesgos obvios para la libertad de prensa, la supervisión judicial y el control democrático del poder. Que una sociedad agotada por años de terror acepte esos costes no convierte el método en exportable ni en recomendable.

Además, hay un elemento práctico que suele olvidarse cuando se invoca el “modelo Bukele” como receta: la escala y la naturaleza del enemigo. México no está lidiando con bandas callejeras, sino con organizaciones criminales transnacionales, con economías diversificadas, capacidad de fuego que compite con ejércitos, redes de corrupción y control territorial. México es, en población, más de 20 veces mayor que El Salvador, y su territorio es inmensamente más grande. Así, una respuesta burda, basada en mano dura, la emergencia permanente, sin salvaguardas y convertida en norma no solo tensionaría el Estado de Derecho; también correría el riesgo de fabricar agravios, erosionar legitimidad y alimentar la siguiente oleada de reclutamiento. Pretender un “copiar y pegar” no solo sería una temeridad jurídica; sería una simplificación estratégica.

Aun así, El Salvador deja una lección exportable: velocidad y secuenciación. Actuar deprisa para estabilizar el vacío tras un golpe. Y, después, sostener el control con investigación, persecución penal y protección institucional, no con estado de emergencia permanente.

El único camino que puede funcionar

Esto no es “un problema de México”. Es un problema de seguridad norteamericano y hemisférico, con insumos y consecuencias compartidas. La Iniciativa Mérida fue el gran intento de convertir la “responsabilidad compartida” en un marco estable de cooperación entre México y Estados Unidos, combinando apoyo operativo con fortalecimiento institucional. Años después, el Marco Bicentenario amplió el enfoque, pero la lección permanece: sin una estrategia sostenida y medible, los golpes tácticos se los traga el sistema.

La Casa Blanca confirmó el apoyo de inteligencia estadounidense en la operación para capturar a 'El Mencho'. Ese dato debe orientar la política. Washington no puede exigir resultados mientras finge que la solución consiste, sin más, en “más acción militar” al sur de la frontera. Una estrategia eficaz requiere cooperación internacional a la altura de redes transnacionales, incluida la cooperación frente al tráfico de armas, el blanqueo de capitales y los precursores químicos, además de la acción policial. Es imposible pedir a México que resuelva esto en solitario a golpe de fuerza.

El plan de “día después” que México necesita

El error de México nunca ha sido perseguir a los líderes de los cárteles. El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo. Puede ser tácticamente necesario, sí, pero solo como parte inicial de una estrategia más sólida, integral y sostenida en el tiempo. Un plan serio de “día después” debe ser un paquete prediseñado que se active automáticamente tras cualquier golpe mayor:

El plazo es real

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha insistido en que “no hay riesgo” para los visitantes del Mundial de 2026 y que existen garantías de seguridad, mientras la FIFA sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. En la práctica, el torneo será algo más que un evento deportivo. Será una prueba de estrés bajo la mirada del mundo y un recordatorio de que la soberanía se mide menos por discursos que por la capacidad de mantener las autopistas abiertas, los tribunales operativos, la ciudadanía segura y los gobiernos locales fuera de subasta.

El futuro de México pasa por dejar de tratar la captura de capos como el fin y empezar a verla como lo que realmente es: una pieza táctica dentro de una campaña sostenida contra las redes que hacen duraderos a los cárteles, es decir, el dinero, el territorio, el reclutamiento, la coerción económica y la infiltración institucional. Ahí es donde verdaderamente empieza el combate contra el crimen organizado.