Trump apuntala su “protectorado” en Venezuela con un trato petrolero lleno de incógnitas: “Se hipoteca el futuro del país”
La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump ha conseguido que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.
La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.
“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte a elDiario.es Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que ha seguido de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.
Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EEUU, o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EEUU es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.
Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente
El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.
Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.
“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.
La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.
Posibles contratiempos
Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.
“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.