Instamos al Gobierno de Castilla La Mancha a acoger a las menores de Ceuta

Antes las declaraciones de Page afirmando que “Castilla La-Mancha no va a acoger a los menores procedentes de Ceuta” y de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha manifestado que “Castilla La-Mancha no cuenta con capacidad de acoger menores de Ceuta: Nuestro sistema no lo soporta”.

Tal vez todo valga en política, pero no en un estado de derecho. Nuestra comunidad autónoma está obligada a proteger a los menores a través de su acogida y tutela. Es una obligación fundamental: proteger el interés superior de los menores.

Por eso, desde la Plataforma 8M Toledo instamos al Gobierno regional a que abandone los discursos políticos y que ponga todos los recursos disponibles para dar una respuesta digna, solidaria y coordinada a las niñas migrantes que se encuentran en una situación de extremada vulnerabilidad.

Consideramos especialmente preocupante que, ante una situación que afecta a menores en situación de especial indefensión, la primera respuesta de la Junta sea advertir de que “no lo pueda asumir” el sistema. Las administraciones públicas tienen la obligación de anticiparse, planificar y reforzar los recursos cuando las circunstancias lo requieren, y no trasladar a los propios menores las consecuencias de una eventual falta de previsión.

Además, ante el inicio del curso escolar, esta comunidad no puede quedarse impasible y debe anticipar la escolarización de estos menores, que se encuentran en una situación de especial fragilidad, especialmente las niñas, que son las más amenazas ante las agresiones y violencias sexuales. El derecho a la educación es un derecho fundamental en nuestra Constitución para todos los menores.

Hay que tener en cuenta, que no estamos hablando de cifras ni de expedientes administrativos: estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que necesitan protección. Castilla-La Mancha tiene que estar a la altura y garantizar que ningún menor, sea tratado como una carga.

Según la fiscalía, durante el mes de agosto se han denunciado 23 mujeres y niñas como víctimas de violencia sexual, cuatro de ellas con penetración. En todos los casos el agresor era hombre. Teniendo en cuenta la desprotección a la que se enfrentan, las barreras del idioma, la dificultad de acceso a ayuda, falta de información, indefensión y otras limitaciones que tienen ante el agresor. Pensamos que hay muchas más víctimas y que aún no han denunciado.

Ante esta vulneración de derechos humanos, la Plataforma 8M Toledo exige a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que cumpla la ley y proteja a la infancia para ello deberá:

En consecuencia, una comunidad autónoma que se ha mostrado solidaria y comprometida con los migrantes, no puede mirar para otro lado ante este atentado a los derechos humanos que se está produciendo con las mujeres y las niñas, porque de otro modo pone de manifiesto con esas declaraciones políticas su propia incapacidad institucional.