Assange, libre y con ganas de seguir trabajando
Tras pasar varios días en prisión, Julian Assange, el fundador de Wikileaks , ha sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 200.000 libras, impuesta por un tribunal británico.
En su primera declaración ante la prensa, el responsable de la Web que ha puesto en jaque a la diplomacia estadounidense con la filtración de 251.000 documentos secretos, anticipó que seguirá con su trabajo.
Assange, que se alegró “de oler de nuevo el aire de Londres”, dio las gracias en el exterior de la corte a sus abogados, los medios de comunicación, a todos los que le mostraron su apoyo “frente a la dificultad” y a la Justicia de Reino Unido.
“Si la justicia no siempre es el resultado, al menos aún no ha muerto”, subrayó el periodista australiano, quien también pidió el respaldo social para los presos que se encuentran en situaciones de aislamiento como la que él ha sufrido.
De cara al futuro, Assange, que no admitió preguntas de la prensa, anunció que seguirá con su trabajando y luchando para probar su “inocencia”. La Fiscalía sueca reclama su extradición por presuntos delitos sexuales
Por otro lado, Assange reconoció que le han llegado “rumores” de una posible imputación en Estados Unidos por las filtraciones de documentos oficiales.
El periódico The New York Times informó de que la Fiscalía estadounidense busca pruebas para imputar a Assange por conspirar con el ex agente de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Bradley Manning, sospechoso de filtrar los documentos.
“Tengo un rumor [llegado] de mis abogados en Estados Unidos, no está confirmado todavía, de que ha habido una imputación en mi contra”, explicó.
Respecto a una posible extradición a Suecia, donde se enfrentaría a imputaciones por presuntos delitos sexuales, Assange dijo no tener “miedo”. “Estoy mucho más preocupado por ser extraditado a Estados Unidos”, agregó.
Nuevas revelaciones
Mientras la documentación filtrada sigue revelando información comprometida para Estados Unidos. Según uno de los uno de los cables emitidos por la embajada estadounidense en Nueva Delhi, Estados Unidos tenía constancia de las frecuentes torturas cometidas por las fuerzas de seguridad indias contra personas detenidas en Cachemira, tal y como había denunciado el personal de Cruz Roja en esta conflictiva región.
En 2005, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) informó a la legación sobre casos de electrocuciones, agresiones y humillaciones sexuales contra cientos de detenidos. “India condena la tortura”, alertaba el organismo en uno de sus informes, donde además se hablaba de asesinato sistemático de milicianos. Dos años después diplomáticos estadounidenses mostraron su preocupación por los abusos de derechos humanos en India, a manos de las agencias del orden público.
Entre los años 2002 y 2004, miembros del CICR se entrevistaron en privado con 1.296 presos para extraer conclusiones sobre el trato que recibían. De todos ellos, hasta 852 aseguraron haber sido maltratados, y de estos un total de 681 declararon sufrir uno o más métodos de tortura de una lista de seis. La organización nunca ha podido entrar en el centro de detención más conocido, el Cargo Building, en Srinagar.
En el cable, la legación describe que la situación en Cachemira era “mucho mejor” porque las fuerzas de seguridad habían abandonado las redadas en mitad de la noche para detener a ciudadanos indiscriminadamente y porque había “más acceso a médicos y a la policía”. Los abusos continuaban debido a que las fuerzas indias “necesitan publicidad” y “la insurgencia se ha convertido en un negocio” para los milicianos.
De estos documentos también se extrae que Estados Unidos mantenía una cautelosa política de presión sobre la cuestión de Cachemira, si bien oficialmente era estrictamente neutral al conflicto y no intervenía en él.
Poco después, la legación de EEUU criticó que Washington concediera un visado a Nueva Delhi en nombre de Usman Abdul Majid, un miembro de la asamblea estatal cachemir que había sido invitado a Estados Unidos por un grupo de reflexión, informa el diario británico The Guardian. Este parlamentario habría pertenecido a un grupo paramilitar y se sospecha que participó en episodios de tortura, asesinatos extrajudiciales, violaciones y extorsión de civiles cachemires.
Los funcionarios admiten que son “incapaces de verificar las pruebas en contra de Majad”. Antes, Washington se había negado a conceder un visado al líder separatista Sied Ali Shah Geelani.
0