La formación sindical CSIF La Rioja reclama más vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de La Rioja. Y es que, según dicen, “en el caso de Logroño, y para todos los centros de salud y el CARPA hay un único vigilante de seguridad que rotando”. Un número “absolutamente insuficiente para cubrir la seguridad de los centros sanitarios de la capital cuando se están produciendo agresiones verbales y amenazas todos los días”. Es más aseguran incluso que, en alguna ocasión, “ha sido necesaria la presencia del vigilante de Logroño y éste se encontraba en Haro”.
Asimismo, desde el sindicato aseguran que durante el último mes se han registrado “incidentes violentos en varios centros sanitarios de La Rioja, en el CARPA y en el centro de salud Joaquín Elizalde, algunos de ellos de especial gravedad que han puesto en riesgo la integridad física de los trabajadores”.
Por todo ello piden más vigilancia y seguridad en los centros sanitarios riojanos con motivo de la celebración, el próximo lunes, del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Así, y bajo el lema “No es un juego es nuestra vida. Si incumples eres responsable', CSIF La Rioja ”alza la voz“ por la defensa de un derecho fundamental que ”aún hoy no está plenamente garantizado en todos los centros de trabajo“. Es más denuncian un aumento de la siniestralidad laboral en La Rioja y exigen al Gobierno de La Rioja ”ante la incapacidad de reducir estas cifras por parte de las organizaciones que forma parte del Diálogo Social, dé cabida al resto de organizaciones sindicales porque reducir la siniestralidad laboral es trabajo de todos y debe contar con todos“.
Asimismo consideran que el próximo 28 de abril no solo es una jornada para recordar a quienes han perdido su vida o su salud en el ejercicio de su trabajo, sino también “una llamada urgente a la acción, la responsabilidad institucional y la prevención real” y por todo ello exigen medidas concretas para “revertir alarmantes cifras de siniestralidad laboral basada en la prevención y responsabilidad compartida”.
Los poderes públicos apostillan desde CSIF La Rioja, “tienen la obligación de proteger a las personas empleadas públicas garantizando entornos de trabajo seguros y respetuosos, fomentar una cultura preventiva basada en la formación y la concienciación; actualizar y aplicar normativas y protocolos y reconocer el valor del trabajo público, visibilizando el esfuerzo”.
Y es que, concluyen que la siniestralidad laboral no solo se mide en accidentes visibles sin también en “todos aquellos accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican”. Y en este sentido se refieren a los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos “siguen siendo invisibilizados y normalizados. Y en muchos casos, son consecuencia directa de una infra financiación estructural, de recortes de personal, de la falta de protocolos de prevención efectivos y de una cultura de ”resistencia“ impuesta a quienes están al servicio público”.