El caso 'Malaya' cumple dos años

Este sábado, día 29 de marzo, se cumplen dos años desde que se inició la operación policial denominada 'Malaya', que conllevó por primera vez en la democracia en España la disolución de un ayuntamiento, en este caso el de Marbella (Málaga), una vez que en las distintas fases fue detenida la mayoría de sus principales representantes municipales. Por el momento, son 86 los procesados y el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, es el único que aún permanece encarcelado, aunque ahora podrá salir de prisión si paga un millón de euros de fianza impuesta por el juez encargado actualmente la causa, Óscar Pérez.

En estos dos años, el instructor ha cambiado. El magistrado Miguel Ángel Torres dejó en julio la comisión de servicio prorrogada que tenía en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, para cubrir su plaza en el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada. Antes de irse, y tras salir indemne de varias querellas presentadas por las detenciones de los imputados, dictó el auto de transformación de las diligencias previas en sumario y el de procesamiento.

En esa última resolución, de 450 folios, se detallaban todos los presuntos cobros de Roca de parte de empresarios y los pagos que habría realizado éste a los entonces responsables municipales. A su parecer, con este procedimiento trata de esclarecer si Juan Antonio Roca era “propietario de un inmenso patrimonio a nombre de terceros, con sociedades interpuestas y que se valora en decenas de miles de millones de pesetas o cientos de millones de euros” y con un “presumible origen ilícito”.

Apuntaba que para volver a controlar el Ayuntamiento “y seguir beneficiándose del mismo” llegó “a organizar la moción de censura contra Julián Muñoz”, que, según dice, “no se entiende sin un beneficio económico o promesa del mismo”. “En el Ayuntamiento existía de forma generaliza y prolongada en el tiempo una situación de evidente corrupción política y económica vinculada al Consistorio, instalada en práctica habitual de la gestión urbanística administrada desde uno de los Ayuntamientos con mayor capacidad de recaudación por aprovechamiento urbanístico de España”, indicaba el juez Torres.

Hablaba también de “la inventiva notable de Roca, valiéndose de un plan urbanístico que nunca fue aprobado pero que se ha aplicado durante años y de los llamados convenios urbanísticos, negociados por él y que los sucesivos alcaldes se limitaban a firmar” y concluía diciendo que “el objetivo de la organización criminal de Roca era tener el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos, habiendo sido durante años el alcalde de hecho de Marbella, con expoliación del municipio y del Ayuntamiento y la llegada a esta localidad de dinero negro y criminalidad organizada, debido al ambiente generalizado de corrupción”.

El juez que ahora lleva la causa dice que Roca es “el principal artífice de una trama delictiva organizada por él para cometer, entre otros, delitos de cohecho de forma continuada, fraude y malversación y diversos delitos de blanqueo”. A pesar de que entiende que el riesgo de fuga existente es “sin duda, elevado”, ha decidido sustituir la prisión incondicional dictada por Torres hace casi dos años por alternativas “menos gravosas”, recordando el carácter “excepcional” de esa medida.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento judicial, ya convertido en sumario, se encuentra actualmente en la fase de declaración indagatoria de las 86 personas que pasaron a ser procesadas, entre las que están los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, representantes municipales de varias legislaturas como Tomás Reñones, Isabel García Marcos o Pedro Román, empresarios y abogados. Una treintena de procesados ya ha comparecido ante el nuevo juez y la mayoría de ellos ha negado haber recibido o pagado, según el caso, dinero de o a Roca. Algunos aseguraron haber sido “coaccionados” en su primera declaración.

Según el magistrado, no es previsible la “inminente terminación” de la instrucción, sino que estima que “se alargará aún meses”, al estar pendiente, además de terminar las indagatorias, de la decisión de procesar o no a nuevos imputados que han declarado, de resolver recursos contra el auto de procesamiento, de comisiones rogatorias a lugares como Andorra, Gibraltar o Suiza y del informe económico de la Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.

El núcleo del caso se mantiene unido, pero de ese centro han salido distintas diligencias, como en la que están imputadas Isabel Pantoja, Maite Zaldívar y Julián Muñoz, entre otros; y la que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el juez de otro juzgado marbellí Francisco Javier de Urquía; y varias piezas separadas que aún permanecen dentro del procedimiento principal, como la referente a la compra del Xerez C.F., la de dos policías nacionales implicados en el caso 'Farruquito' y la de las relaciones de varios empresarios con Roca.