El PR+ propone una reforma en la financiación local

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha propuesto este martes que “nos sumemos a la iniciativa de otros ayuntamientos que persigue reformar la legislación vigente, con la finalidad de recuperar nuestra autonomía local y, sobre todo, mejorar la financiación de nuestro Ayuntamiento y que podamos priorizar el gasto en servicios municipales”.

En concreto, Antoñanzas ha presentado una moción en la que solicita que “el Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado a derogar la ley 27/2013 de 27 de diciembre LRSAL y a elaborar una Ley que garantice una financiación estable y proporcione unas competencias bien definidas que refuercen la autonomía local”.

En ese mismo sentido, Antoñanzas ha reclamado que “el Ayuntamiento inste al Gobierno del Estado a que permita a los ayuntamientos la inversión del superávit para emprender políticas de remunicipalización de los servicios y garantizar los derechos sociales y la calidad de vida de sus vecinos, con la única limitación de que no se ponga en peligro la estabilidad presupuestaria”.

El concejal regionalista pide en su moción “la adhesión y participación activa del Ayuntamiento de Logroño en las diferentes plataformas, foros, etc. que a nivel nacional se están movilizando en aras a conseguir dicha reforma legal, especialmente a todas aquellas acciones que en el sentido de esta moción se lleven a cabo desde la FEMP, tal y como ya ha manifestado su presidente”.

Según el concejal del PR+, “creo que, como Ayuntamiento, debemos sumarnos a una iniciativa nacional que persigue reformar la legislación vigente”. El objetivo que persigue es, a su juicio, “que podamos destinar la financiación de nuestro superavit a servicios sociales, infraestructuras y mejorar la vida de los logroñeses”.

El edil regionalista ha explicado que “la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, acometido precipitadamente sin consultas, fue el principio del fin de la autonomía local y de la posibilidad de priorizar en la ejecución del gasto las necesidades sociales de los vecinos de los municipios españoles”.

Tras esta reforma, se aprobaron varias normas complementarias: la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL). “Ambas han propiciado la más importante merma en la autonomía de gestión de los ayuntamientos y la reducción de su capacidad de respuesta a las necesidades y derechos sociales de sus habitantes”, ha valorado Antoñanzas.

Según ha explicado el riojanista, “la regla fiscal que somete a la administración local impide, pese a que exista superávit, dedicar este saldo positivo a gasto social o a inversiones, ya que obliga a amortizar deuda de manera anticipada, aunque se hayan cumplido los plazos de amortización de la misma”.

Antoñanzas ha considerado que “este y otros aspectos que se contemplan en estas leyes desplazan a los entes locales a una situación de total sumisión y sometimiento a la Administración General del Estado”.

A juicio de Antoñanzas, “la administración local se ha caracterizado por ser la más cercana al ciudadano, la que puede articular de manera más ágil respuestas a sus necesidades”. Sin embargo, “la LRSAL introduce recortes inauditos en las competencias municipales”.

“Esta ley coloca a los ayuntamientos en una situación de sometimiento respecto al gobierno central y a expensas de decisiones ajenas a la realidad del municipio, con total acatamiento a ellas respecto a áreas tan sensibles como: servicios sociales, reinserción social, promoción de la mujer, igualdad de género, programas de empleo para colectivos desfavorecidos, promoción de la salud, prevención de conductas adictivas”, ha apuntado el concejal.

Las entidades locales fueron la única administración pública que cumplió en 2016 con los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un superávit del 0,64% del PIB (7.083 millones) y, sin embargo, “son las más castigadas por estas reformas legales, mientras el resto de administraciones públicas, paradójicamente, son las que despilfarran a costa del ahorro y del constreñimiento de los servicios que prestaban los entes locales”, ha subrayado Antoñanzas.